La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en La Rioja que explotaba laboralmente a trabajadores portugueses en labores agrícolas desarrolladas tanto en La Rioja Baja como en la Ribera de Navarra. La operación, denominada 'Portus-Cale', ha permitido liberar a ocho víctimas de entre 40 y 74 años y detener a cinco personas, todas ellas pertenecientes a un mismo núcleo familiar, por delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.
La organización estaba liderada por una mujer conocida como la "jefa", que operaba junto a su marido, dos hijos y la pareja de uno de ellos desde dos viviendas en la localidad riojana de Rincón de Olivedo. Desde allí coordinaban un sistema de explotación basado en el miedo, la dependencia y la anulación de la voluntad de las víctimas.
Jornadas de 16 horas, carne en mal estado y alcohol como mecanismo de control
Las víctimas eran sometidas a jornadas de entre 12 y 16 horas diarias sin descanso en domingos ni festivos, realizando cualquier tarea que el clan ordenara: poda de viñas, reformas integrales de inmuebles o servicios de portes. Algunas acumulaban años de trabajo sin percibir salario alguno; otras cobraban cuatro euros por hora, cantidad de la que además se descontaban gastos como tabaco y alcohol. Los explotadores facilitaban el acceso al alcohol deliberadamente como mecanismo de control y aislamiento social, y alimentaban a las víctimas con carne en mal estado. Quienes enfermaban y no podían trabajar llegaron a ser agredidos físicamente.
El alojamiento era igualmente precario: viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad, con falta de higiene y sin comodidades básicas.
Una víctima murió atropellada tras negarse a seguir trabajando
Uno de los episodios más graves documentados durante la investigación es la muerte de una de las víctimas. Tras negarse a continuar trabajando en esas condiciones y abandonar el lugar, fue atropellada en la carretera N-232 por tres vehículos, falleciendo como consecuencia de los impactos.
Una bodega navarra, investigada por contratar al clan
La investigación ha revelado que diversos viticultores, agricultores y particulares de La Rioja Baja y la Ribera de Navarra recurrían a los servicios del clan, en muchos casos siendo plenamente conscientes de la situación de precariedad en que se encontraban los trabajadores. Una bodega y uno de sus directivos están siendo investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores tras haber abonado al grupo delictivo un total de 569.000 euros por sus servicios de forma continuada.
El estudio patrimonial de la investigación reveló que las dos principales responsables de la organización ingresaron en sus cuentas bancarias 2.517.593 euros en concepto de trabajos agrícolas desde 2022. En los registros practicados en siete inmuebles se intervinieron cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, ocho vehículos —cinco de alta gama— y se bloquearon siete cuentas bancarias.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra con la colaboración de diferentes especialidades de la Guardia Civil.
