El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para investigar las filtraciones en el caso Plus Ultra. El objetivo es identificar a los responsables de estas filtraciones, que podrían tener un carácter delictivo debido a la gravedad de los hechos y su posible encaje en tipos penales relacionados con la revelación de actuaciones declaradas reservadas.
En un auto, el magistrado ha ordenado la creación de una pieza de 'información sensible'. Esta incluirá las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados, siendo accesible solo para el juzgado y el Ministerio Fiscal. Una vez practicadas las declaraciones, se facilitará a la acusación popular agrupada y a las defensas la transcripción del contenido, generada automáticamente por el programa de grabación. Sin embargo, si los abogados necesitan consultar detalles específicos, podrán hacerlo en la Secretaría del juzgado, sin recibir copia de las grabaciones hasta la posible apertura de juicio oral.
Como medida adicional, el juez ha decidido que solo la acusación popular agrupada bajo la dirección del PP tendrá acceso al Cloud. Calama recuerda que, durante la fase de instrucción, las actuaciones procesales son reservadas, salvo para las partes personadas, según el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta medida busca preservar la eficacia de la investigación, evitar interferencias y asegurar la integridad de las diligencias.
Filtraciones constantes y su impacto en el proceso judicial
El magistrado advierte que, desde que las actuaciones estuvieron disponibles para las partes a través del Cloud, se han producido filtraciones constantes e inmediatas a los medios. Ayer, el informe de la UDEF 2910/26 fue difundido íntegramente por diversos medios poco después de su publicación en el Cloud, a pesar de contener datos incompatibles con su difusión indiscriminada. Estos hechos podrían constituir una violación del deber de reserva inherente al secreto externo y podrían integrar ilícitos penales, como los previstos en los artículos 466 y 417, relacionados con la revelación de actuaciones procesales secretas o informaciones reservadas.
Calama subraya que la persistencia de estas filtraciones demuestra que las medidas actuales han sido insuficientes para garantizar la reserva de las actuaciones. Esto ha llevado al juzgado a adoptar nuevas medidas para garantizar el secreto externo y evitar que la publicidad ilícita de las actuaciones afecte tanto a la investigación como a los derechos de los investigados.
El caso Plus Ultra ha estado en el centro de la atención mediática debido a las filtraciones, lo que ha generado un clima de incertidumbre y preocupación en torno a la integridad del proceso judicial. El juez Calama busca con estas medidas asegurar que la investigación se lleve a cabo de manera efectiva y sin interferencias externas que puedan comprometer su desarrollo.
La decisión de limitar el acceso al Cloud solo a la acusación popular bajo la dirección del PP es una medida que busca reforzar la confidencialidad de las actuaciones y evitar nuevas filtraciones que puedan poner en riesgo la investigación. El magistrado espera que estas acciones contribuyan a mantener la reserva necesaria para el correcto desarrollo del proceso judicial.
