El Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Ávila, bajo la dirección de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, ha desarticulado una presunta estructura delictiva dedicada a la cría y comercialización ilícita de animales en la comarca de La Moraña. La denominada operación "Bibiache" se ha saldado con la investigación de nueve personas como presuntas integrantes de un grupo organizado que compraba y vendía cachorros de perro para distribuirlos por todo el territorio nacional sin cumplir con la normativa legal vigente.
La investigación de la Guardia Civil comenzó el pasado 10 de diciembre de 2025 al detectarse sospechas fundadas de irregularidades en la actividad de cría. Tras inspeccionar las instalaciones a mediados de ese mismo mes, los agentes hallaron indicios de infracciones penales y administrativas, lo que dio inicio a un exhaustivo rastreo de plataformas digitales y redes sociales que el grupo empleaba como vía principal para la captación de compradores.
Maltrato animal por omisión y falsedad documental en el comercio de mascotas online
Las pesquisas policiales determinaron que los animales distribuidos carecían de cualquier tipo de trazabilidad y documentación legítima. Los implicados intercambiaban los microchips en algunas ocasiones y evitaban el registro oficial de los perros. Asimismo, la Guardia Civil constató que los cachorros eran sometidos a largos desplazamientos por carretera con apenas pocos meses de edad, lo que provocó que varios de los ejemplares presentaran graves problemas de salud tras su adquisición o que, en algunos casos documentados, se produjera el fallecimiento de los animales.
Para sostener la actividad, la red contaba con la presunta colaboración necesaria de tres veterinarios investigados, quienes facilitaban el acceso a determinados medicamentos veterinarios y la implantación irregular de los sistemas de identificación animal. Durante los registros en la comarca de La Moraña, las fuerzas de seguridad se incautaron de numerosas cartillas sanitarias, fármacos y microchips sin implantar. Adicionalmente, se detectaron ejemplares de especies protegidas (jilgueros y lúganos) sin la documentación exigida por la normativa CITES, así como una conexión fraudulenta a la red eléctrica.
Delitos económicos y fraude digital con más de 600 compradores afectados en toda España
El análisis económico de la operación ha destapado el alcance global de la estafa a nivel nacional. La Guardia Civil ha localizado a 636 personas perjudicadas, quienes realizaban los pagos y las reservas de los animales mediante transferencias a través del teléfono móvil. Los investigadores han acreditado ingresos bancarios por valor de 125.265 euros, a los que se suman 21.060 euros detectados en pagos en efectivo, alcanzando una cifra mínima de 146.325 euros de beneficio directo para los cuatro principales integrantes de la trama en el periodo de un año. No obstante, las estimaciones iniciales apuntan a que los beneficios totales podrían superar los 500.000 euros a expensas de los análisis financieros pendientes.
A los nueve investigados se les imputan, según su grado de implicación, presuntos delitos de maltrato animal por omisión, estafa, falsedad documental, publicidad engañosa, intrusismo profesional, usurpación de estado civil, defraudación de fluido eléctrico, delitos contra la flora y fauna y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias instruidas ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.
