Un grupo de colectivos latinoamericanos ha denunciado públicamente su exclusión del espacio reservado a las asociaciones durante San Fermín, una decisión que atribuyen al Ayuntamiento de Pamplona, presidido por Joseba Asiron. Las entidades califican la medida de arbitraria y desproporcionada, y afirman que responde a motivos ideológicos más que administrativos.
El origen: una deuda ligada al Festival de la Hispanidad
Según relatan los colectivos, el Consistorio fijó el 30 de junio como fecha límite para regularizar una deuda económica. Aseguran que el pago se realizó dentro de plazo —concretamente, según su versión, 11 minutos y 45 segundos antes de que expirara—, pero que el Ayuntamiento no lo dio por válido a efectos de mantener la exclusión.
Las asociaciones subrayan que las sanciones vinculadas al Festival de la Hispanidad están recurridas ante el Tribunal Administrativo y que, a su juicio, ese procedimiento nada tiene que ver con la autorización para participar en el espacio de colectivos de San Fermín. Afirman que, pese a ello, desde el Área de Cultura —dirigida por la concejala Maider Beloki— se les trasladó que ambos asuntos sí estaban relacionados, interpretación que consideran sin respaldo jurídico.
El nombre del festival, en el centro de la polémica
Los colectivos sostienen que el problema de fondo no ha sido nunca la organización del evento, sino su denominación. Según explican, en varias ocasiones se les habría sugerido cambiar el nombre “Festival de la Hispanidad” por “Festival de las Culturas”, propuesta que rechazaron por considerarla una renuncia a la identidad del evento, que —afirman— representa los vínculos históricos y culturales entre España e Iberoamérica.
Las entidades recuerdan además que, durante la edición de 2025, se identificó y sancionó a numerosos participantes y patrocinadores por orden del responsable de Seguridad Ciudadana, una actuación que califican de inédita pese a que el festival se celebra desde hace años sin incidentes de seguridad reseñables.
Sin respuesta del Ayuntamiento
Los colectivos afirman haber solicitado un espacio alternativo y una explicación formal sobre el procedimiento de exclusión, sin obtener respuesta hasta el momento. Denuncian también un trato desigual respecto a otras asociaciones que sí participarán con normalidad en las fiestas, y señalan que la comunicación de la exclusión llegó cuando ya se habían asumido gastos en infraestructura, programación y logística.
Las entidades califican lo ocurrido como un caso de "racismo institucional" y anuncian que estudian emprender acciones administrativas y judiciales para reclamar responsabilidades y compensación por los perjuicios económicos.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Pamplona no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.
