El magistrado instructor del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado, mediante auto fechado el 8 de julio de 2026, la práctica de tres de las cinco diligencias de prueba solicitadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), personado como acusación particular, en la Causa Especial 22316/2024 que se sigue contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise', y contra el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo Castillo, por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de partidos.
Las diligencias admitidas son las siguientes: requerir informe a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, designada como policía judicial en este proceso mediante auto de 19 de mayo de 2025, para que investigue el tráfico de wallets creadas por los investigados; requerir al representante legal y/o administrador electoral de la agrupación de electores SALF la contabilidad, los libros de tesorería, balances e inventarios, la cuenta de ingresos y gastos, los movimientos de cuentas, las operaciones de capital, el informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización y los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral del partido en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024; y requerir al propio Tribunal de Cuentas el informe y la documentación presentada por SALF sobre la fiscalización de dicha agrupación de electores en los citados comicios.
El instructor, en cambio, ha dejado en suspenso otras dos diligencias solicitadas por el PSOE: la toma de declaración a los investigados y la averiguación patrimonial de estos y de la agrupación SALF a través del Punto Neutro Judicial (PNJ), destinada a rastrear saldos y cuentas y, posteriormente, facilitar esa información a la Policía Nacional para el análisis de movimientos bancarios desde 2023. Según recoge el auto, la práctica de ambas diligencias queda "supeditada al resultado de las primeras" y "se acordarán en su momento".
Antecedentes: la suspensión de la inmunidad y la petición de la Fiscalía
El auto recuerda que el Parlamento Europeo comunicó el acuerdo de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Luis Pérez Fernández, lo que dio traslado a las partes mediante providencia del instructor de 18 de junio de 2026. El 25 de junio, la representación del PSOE presentó su escrito solicitando la práctica de las cinco diligencias de prueba, mientras que el 23 de junio la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, también personada en la causa, pidió la declaración de Alvise como investigado y la práctica del resto de diligencias pendientes de resolución.
El Ministerio Fiscal, por su parte, presentó escrito el 26 de junio en el que sostuvo que las diligencias practicadas hasta el momento "han confirmado sobradamente las iniciales sospechas que motivaron la apertura de las presentes diligencias penales, aumentando su potencia incriminatoria hasta elevarlas a la categoría de indicios racionales de criminalidad". A la vista de la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Alvise, adoptada por la Eurocámara, la Fiscalía interesó que se alzara la suspensión del procedimiento acordada al amparo del artículo 753 de la LECrim y que continuara la tramitación de la causa conforme a los artículos 779.1.4º y 780 y siguientes de la LECrim, frente a los investigados Luis Pérez Fernández y Álvaro Romillo Castillo.
El auto recoge asimismo que, por diligencia de ordenación de 2 de julio de 2026, se tuvo por decaído el trámite a los procuradores de ambos investigados —Andrea de Dorremochea Guiot, en representación de Pérez Fernández, y José Andrés Peralta de la Torre, en representación de Romillo Castillo— al haber precluido el plazo sin cumplimentar el traslado.
El instructor ha ordenado dar traslado de la resolución a la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala para que proceda a tramitar la práctica de las diligencias acordadas, y ponerla en conocimiento del Ministerio Fiscal y del resto de partes personadas.
