El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, ha acordado cursar un suplicatorio al Parlamento Europeo para que alce la inmunidad del eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis Pérez Fernández, conocido públicamente como Alvise Pérez. La medida se enmarca en la causa abierta tras la querella interpuesta por el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de coacciones o amenazas condicionales.
Según recoge el auto judicial, los hechos analizados se centran en diversas declaraciones y publicaciones realizadas en el canal público de la plataforma Telegram asociado al querellado desde octubre de 2024 hasta diciembre de 2025. En estos mensajes, el eurodiputado instaba al regidor a dimitir de su cargo bajo la advertencia de hacer públicos contenidos sobre comportamientos presuntamente delictivos si no abandonaba la alcaldía. El instructor señala que estas actuaciones podrían ser constitutivas de delitos tipificados en los artículos 172.1 y 169.1 del Código Penal.
Cuarto suplicatorio elevado desde la Sala Penal en el marco de varias causas abiertas
Esta petición representa el cuarto suplicatorio tramitado por el Tribunal Supremo en relación con las causas judiciales que afectan al representante político. De las tres solicitudes enviadas con anterioridad, la Eurocámara ya ha concedido dos: la relativa a la investigación por financiación ilegal y delito electoral —vinculada a la recepción de 100.000 euros de un empresario de criptomonedas— y la referente a los mensajes dirigidos a la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia. El tercer suplicatorio aborda presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra dos eurodiputados de su propia formación.
Aparte de estas cuatro causas que requieren la autorización del Parlamento Europeo, Alvise Pérez mantiene abiertas otras dos investigaciones en el alto tribunal: una por la supuesta difusión de una prueba falsa de COVID vinculada a Salvador Illa y otra por presunta instigación a desórdenes públicos durante las protestas agrícolas celebradas en Madrid en febrero de 2024.
