La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intentado este lunes dar por cerrada la polémica del ático de Chamberí comprado por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid.
En una comparecencia ante la prensa para hablar de reconstrucción tras los incendios en la Comunidad de Madrid, Ayuso ha asegurado que “las explicaciones están dadas” y que “no se puede estirar más este chicle”, antes de lanzar un lacónico “está en venta, chao, pescao” para intentar poner punto final al asunto. La frase, lejos de apagar el fuego, ha reavivado el debate tras las declaraciones del domingo de Alberto Núñez Feijóo a Europa Press, en las que el presidente del PP aseguró que conocía la operación desde abril, lo que deja en una posición incómoda a Ayuso, que había asegurado desconocer los detalles y que era “cosa de una empresa pública”.
? "Está en venta, chao pescao": Ayuso, tras la petición de explicaciones de Feijóo por el ático comprado por la Comunidad de Madridhttps://t.co/ZAh3CBoO2u pic.twitter.com/IciqnMMo0b
— Cadena SER (@La_SER) August 24, 2026
En abril de 2026, Planifica Madrid, sociedad pública autonómica, adquirió un ático de unos 485 metros cuadrados con cerca de 200 metros de terraza en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. La justificación inicial del Gobierno regional fue que se trataba de un espacio de trabajo provisional para la presidenta mientras se ejecutan obras en la Real Casa de Correos, sede de Presidencia en la Puerta del Sol. La operación no aparecía inicialmente ni en el portal de transparencia ni en las cuentas anuales de la compañía, según han señalado varios medios. Tras el estallido de la polémica y varias denuncias, la Comunidad puso el ático a la venta por 6,7 millones de euros, junto a otros inmuebles, argumentando la necesidad de destinar recursos a los daños de los incendios forestales en la región.
Este domingo, Alberto Núñez Feijóo declaró a Europa Press que estaba al tanto de la compra del inmueble desde abril, explicando que se le había informado de que la Comunidad buscaba una sede alternativa durante las obras en Presidencia. Según ha recogido la prensa, Feijóo situó una reunión clave en torno al 8 de abril en la Puerta del Sol, seis días antes de que Planifica Madrid formalizara la adquisición el 14 de abril. Esas declaraciones contrastan con la versión mantenida por Ayuso en los primeros días del caso, cuando trasladó que ella desconocía los detalles de la operación y que la compra era una decisión de una empresa pública, no de su despacho directamente. Para la oposición y parte de la prensa, la secuencia deja a la presidenta en una posición difícil: si Feijóo lo sabía desde abril, resulta complicado sostener que la presidenta regional no estuviera al tanto de una operación de esa envergadura y calado político.
En su comparecencia de este lunes, Ayuso ha defendido que el inmueble está destinado a oficinas, que puede albergar despachos como cualquier edificio similar y que, en cualquier caso, “está en un proceso de venta”. Ha insistido en que las explicaciones ya han sido dadas y ha rechazado ofrecer más detalles sobre la operación. Sin embargo, el tono y la brevedad de la respuesta no han convencido a sus críticos, que ven en el episodio un ejemplo más de opacidad en el uso de fondos públicos y de intentos de eludir responsabilidades políticas. La izquierda y parte de la prensa han calificado la operación como un intento de comprar una “vivienda oficial” o un “capricho personal” para Ayuso, con un uso “bananero” del dinero público, según palabras del ministro Óscar Puente.
El caso ha derivado en varias denuncias judiciales que cuestionan distintos aspectos de la compra y exigen que la Justicia examine la operación. En el PP, las declaraciones de Feijóo han sido leídas por algunos analistas como un “apuñalamiento” a Ayuso, al confirmar que él tenía información privilegiada sobre la compra desde abril, lo que podría incluso convertirle en testigo en un eventual juicio por malversación, según han sugerido algunos magistrados y tertulianos. Con este episodio, la presidenta madrileña suma un nuevo foco de tensión política a pocos meses de las elecciones autonómicas, en un contexto ya marcado por la crisis de vivienda y la sensibilidad social ante el uso de fondos públicos para operaciones inmobiliarias de lujo.
