El lehendakari Imanol Pradales ha advertido de que, si el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no reconduce la crisis migratoria de Ceuta, la legislatura española estará acabada "por completo". El mandatario autonómico analizó la coyuntura política tras el tenso pleno en el Congreso de los Diputados, donde observó una "soledad" evidente en el jefe del Ejecutivo estatal y una clara falta de liderazgo frente a un problema que afecta a la gestión de fronteras y la atención de menores no acompañados en Euskadi Irratia.
Pradales señaló que el Ejecutivo central muestra signos de estar "noqueado y desbordado" ante el impacto social y político provocado por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. A diferencia de intervenciones anteriores ante emergencias o catástrofes, el lehendakari subrayó que en esta ocasión se ha producido una falta de respuesta rápida y una palpable descoordinación dentro del propio Gobierno de España, visibilizada también en los gestos de rechazo dentro del propio banco azul.
Impacto directo en la negociación del Estatuto de Gernika
La situación en la frontera sur repercute de forma directa en la agenda de trabajo entre Euskadi y el Estado. La designación del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como mando único para gestionar la situación en la ciudad autónoma, condiciona los plazos de la comisión bilateral de transferencias. No obstante, las consejerías de la administración vasca mantienen los contactos en Madrid para avanzar en las competencias pendientes de la Seguridad Social y el Estatuto de Gernika.
El PNV exige competencias para la acogida y la gestión de flujos migratorios
En este escenario de tensión institucional, la gestión del sistema de atención a personas refugiadas y la política migratoria ganan centralidad en el debate público. Tanto el Ejecutivo de Vitoria como el PNV han vuelto a solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por la ministra Elma Saiz, un mayor poder de decisión y la cesión de herramientas legales para organizar con orden los flujos y los recursos autonómicos de acogida. Mientras los contactos técnicos continúan, los socios de coalición exigen que la gobernabilidad en el Estado responda a compromisos concretos e hitos normativos.
