La plataforma Afectados por Urbanismo Pamplona ha exigido este martes que se deje sin efecto la suspensión de licencias vinculadas a la transformación de plantas bajas, una medida que, dos meses después de su aprobación, el propio Ayuntamiento ha anunciado que revisará a la baja y cuya resolución sitúa antes de que acabe 2026. El colectivo pide una solución inmediata para los proyectos iniciados antes del 2 de julio.
Según ha explicado la plataforma, la suspensión ha sido recurrida judicialmente, con solicitud de medidas cautelares para proteger los derechos e intereses de los afectados y evitar que la medida siga causando perjuicios mientras se resuelve el recurso.
Recursos en el Pleno
Los afectados sostienen que la suspensión ha perjudicado a personas que actuaron conforme a la normativa vigente, en muchos casos tras consultar con Urbanismo, encargar estudios técnicos, comprar locales y asumir importantes compromisos económicos.
El Pleno del 10 de septiembre abordó siete recursos de reposición. En dos de ellos, según ha recordado el colectivo, el propio Ayuntamiento concluyó que la suspensión no era aplicable y dejó sin efecto las comunicaciones practicadas. La plataforma considera que la cuestión de fondo es que la suspensión produjo efectos inmediatos mientras aún se revisaban los criterios que determinaban su alcance.
De 65 calles a 90
La plataforma recuerda que en febrero de 2025 se hizo pública una propuesta, todavía en estudio, que identificaba 65 calles como posibles ejes comerciales según criterios de ocupación, actividad y número de comercios. La suspensión aprobada en julio de 2026 acabó afectando a 90 calles y, apenas dos meses después, el Ayuntamiento anunció que el listado se reducirá.
El colectivo se pregunta qué justificó pasar de 65 a 90 calles, quién decidió incorporar las 25 adicionales y con qué datos, y qué criterios se aplicarán ahora para reducir de nuevo el listado. Señala además que, pocos días antes de aprobar la suspensión, el Ayuntamiento calificaba de "preliminar" la identificación de los ámbitos y anunciaba todavía participación, contraste y recopilación de datos.
Qué piden
Afectados por Urbanismo Pamplona reclama dejar sin efecto la suspensión y permitir que continúen los proyectos afectados o, como mínimo, dar una solución inmediata a quienes iniciaron actuaciones antes del 2 de julio. Solicita además que se hagan públicos los estudios, datos y criterios que justificaron la suspensión y la selección de calles; los informes, expedientes o fuentes que respaldan la afirmación de Armendáriz sobre comerciantes desplazados de locales alquilados para destinarlos a vivienda o alojamiento turístico, con el número de casos, las calles y el periodo; y los datos que justificaron pasar de 65 a 90 calles y los criterios para reducir ahora el listado.
"Primero estudiar, contrastar y analizar. Después, si es necesario, regular. No al revés", concluye el colectivo.
Los casos de los afectados
La plataforma ha criticado las palabras de varios ediles del grupo de Gobierno y del PSN y contraponen frases como "A nadie se le quita nada", que atribuyen a Mikel Armendáriz (Geroa Bai) el 2 de julio, con varios casos que aseguran haber documentado. Entre ellos figura una familia que había comprometido unos 90.000 euros de patrimonio personal entre la compra, la notaría, el proyecto, la constructora y los materiales; un joven de 29 años que compró un local para convertirlo en su vivienda habitual y que, según explica, era "la única opción" para independizarse; y una propietaria que había adquirido el local para su primera vivienda, pagado el proyecto técnico y presentado la solicitud antes del 2 de julio.
El colectivo añade que el impacto alcanza también a arquitectos, constructoras, gremios y proveedores, con menos obra y actividad y mayor riesgo para empleados y autónomos del sector.
Críticas a los grupos que la aprobaron
Los afectados recogen en su nota otras declaraciones de concejales de los grupos que respaldaron la suspensión. Así recuerdan que Joxe Abaurrea San Juan (EH Bildu) reconoció que la identificación se había hecho "de manera expansiva" y que era "muy probable que haya que reajustar conforme avancemos" o advierten que el portavoz socialista Xabier Sagardoy Ortega (PSN-PSOE) ya calificó la propuesta de "excesivamente restrictiva" y su delimitación de "claramente desproporcionada", aunque votó a favor.
También insisten en que portavoces como Mikel Armendáriz, de Geroa Bai ya admitieron posteriormente que el listado era extenso: "Esto se modificará, lógicamente, y se afinará más". Y critican que Txema Mauleón Echeverría (Contigo-Zurekin) afirmara, al referirse a una pareja que había comprado una bajera para convertirla en vivienda: "Precisamente, a esas son las personas a las que hay que proteger".
La plataforma recuerda que el pasado 1 de abril la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro García, presentó el proyecto del nuevo Decreto Foral de Habitabilidad, con el objetivo de "facilitar la incorporación de viviendas al parque residencial actual, eliminando obstáculos innecesarios". Considera que Pamplona introduce una suspensión sobre ese mismo tipo de actuaciones y pregunta en qué estado está la tramitación del decreto y cuándo prevé aprobarlo el Ejecutivo foral.
Los afectados citan asimismo la frase de Sagardoy "Mantener locales vacíos no aporta ningún beneficio para la ciudad" y sostienen que los cambios de uso aparecen precisamente en inmuebles cuya demanda comercial se ha reducido. Recuerdan que el propio Plan de plantas bajas del Ayuntamiento plantea facilitar la vivienda en planta baja, al igual que el PEAU del Segundo Ensanche, en tramitación. En su opinión, impedir la transformación no hará que vuelva a abrir un comercio, sino que el local siga vacío.
La plataforma Afectados por Urbanismo Pamplona ha exigido este martes que se deje sin efecto la suspensión de licencias vinculadas a la transformación de plantas bajas, una medida que, dos meses después de su aprobación, el propio Ayuntamiento ha anunciado que revisará a la baja y cuya resolución sitúa antes de que acabe 2026. El colectivo pide una solución inmediata para los proyectos iniciados antes del 2 de julio.
Según ha explicado la plataforma, la suspensión ha sido recurrida judicialmente, con solicitud de medidas cautelares para proteger los derechos e intereses de los afectados y evitar que la medida siga causando perjuicios mientras se resuelve el recurso.
Recursos en el Pleno
Los afectados sostienen que la suspensión ha perjudicado a personas que actuaron conforme a la normativa vigente, en muchos casos tras consultar con Urbanismo, encargar estudios técnicos, comprar locales y asumir importantes compromisos económicos.
El Pleno del 10 de septiembre abordó siete recursos de reposición. En dos de ellos, según ha recordado el colectivo, el propio Ayuntamiento concluyó que la suspensión no era aplicable y dejó sin efecto las comunicaciones practicadas. La plataforma considera que la cuestión de fondo es que la suspensión produjo efectos inmediatos mientras aún se revisaban los criterios que determinaban su alcance.
De 65 calles a 90
La plataforma recuerda que en febrero de 2025 se hizo pública una propuesta, todavía en estudio, que identificaba 65 calles como posibles ejes comerciales según criterios de ocupación, actividad y número de comercios. La suspensión aprobada en julio de 2026 acabó afectando a 90 calles y, apenas dos meses después, el Ayuntamiento anunció que el listado se reducirá.
El colectivo se pregunta qué justificó pasar de 65 a 90 calles, quién decidió incorporar las 25 adicionales y con qué datos, y qué criterios se aplicarán ahora para reducir de nuevo el listado. Señala además que, pocos días antes de aprobar la suspensión, el Ayuntamiento calificaba de "preliminar" la identificación de los ámbitos y anunciaba todavía participación, contraste y recopilación de datos.
Qué piden
Afectados por Urbanismo Pamplona reclama dejar sin efecto la suspensión y permitir que continúen los proyectos afectados o, como mínimo, dar una solución inmediata a quienes iniciaron actuaciones antes del 2 de julio. Solicita además que se hagan públicos los estudios, datos y criterios que justificaron la suspensión y la selección de calles; los informes, expedientes o fuentes que respaldan la afirmación de Armendáriz sobre comerciantes desplazados de locales alquilados para destinarlos a vivienda o alojamiento turístico, con el número de casos, las calles y el periodo; y los datos que justificaron pasar de 65 a 90 calles y los criterios para reducir ahora el listado.
"Primero estudiar, contrastar y analizar. Después, si es necesario, regular. No al revés", concluye el colectivo.
Los casos de los afectados
La plataforma ha criticado las palabras de varios ediles del grupo de Gobierno y del PSN y contraponen frases como "A nadie se le quita nada", que atribuyen a Mikel Armendáriz (Geroa Bai) el 2 de julio, con varios casos que aseguran haber documentado. Entre ellos figura una familia que había comprometido unos 90.000 euros de patrimonio personal entre la compra, la notaría, el proyecto, la constructora y los materiales; un joven de 29 años que compró un local para convertirlo en su vivienda habitual y que, según explica, era "la única opción" para independizarse; y una propietaria que había adquirido el local para su primera vivienda, pagado el proyecto técnico y presentado la solicitud antes del 2 de julio.
El colectivo añade que el impacto alcanza también a arquitectos, constructoras, gremios y proveedores, con menos obra y actividad y mayor riesgo para empleados y autónomos del sector.
Críticas a los grupos que la aprobaron
Los afectados recogen en su nota otras declaraciones de concejales de los grupos que respaldaron la suspensión. Así recuerdan que Joxe Abaurrea San Juan (EH Bildu) reconoció que la identificación se había hecho "de manera expansiva" y que era "muy probable que haya que reajustar conforme avancemos" o advierten que el portavoz socialista Xabier Sagardoy Ortega (PSN-PSOE) ya calificó la propuesta de "excesivamente restrictiva" y su delimitación de "claramente desproporcionada", aunque votó a favor.
También insisten en que portavoces como Mikel Armendáriz, de Geroa Bai ya admitieron posteriormente que el listado era extenso: "Esto se modificará, lógicamente, y se afinará más". Y critican que Txema Mauleón Echeverría (Contigo-Zurekin) afirmara, al referirse a una pareja que había comprado una bajera para convertirla en vivienda: "Precisamente, a esas son las personas a las que hay que proteger".
La plataforma recuerda que el pasado 1 de abril la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro García, presentó el proyecto del nuevo Decreto Foral de Habitabilidad, con el objetivo de "facilitar la incorporación de viviendas al parque residencial actual, eliminando obstáculos innecesarios". Considera que Pamplona introduce una suspensión sobre ese mismo tipo de actuaciones y pregunta en qué estado está la tramitación del decreto y cuándo prevé aprobarlo el Ejecutivo foral.
Los afectados citan asimismo la frase de Sagardoy "Mantener locales vacíos no aporta ningún beneficio para la ciudad" y sostienen que los cambios de uso aparecen precisamente en inmuebles cuya demanda comercial se ha reducido. Recuerdan que el propio Plan de plantas bajas del Ayuntamiento plantea facilitar la vivienda en planta baja, al igual que el PEAU del Segundo Ensanche, en tramitación. En su opinión, impedir la transformación no hará que vuelva a abrir un comercio, sino que el local siga vacío.
