El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento que la ley orgánica que regula la eutanasia "ya se cumple" en la Comunidad foral. Ha restado importancia a la situación creada en el Hospital San Juan de Dios, que se habría declarado objetor de conciencia como centro, y ha subrayado que el conflicto se ha producido en cinco casos el año pasado y en uno solo este año.
Domínguez respondía a una pregunta de la parlamentaria Maite Esporrín, que ha interpelado al Gobierno sobre cómo piensa garantizar esta prestación a los pacientes del centro concertado.
«La objeción es un derecho individual»
Esporrín ha recordado que los profesionales objetores pueden inscribirse en el registro correspondiente si lo consideran, pero que se debe asegurar que "siempre haya personal disponible" para la prestación. Ha señalado que la objeción de conciencia es "un derecho individual de carácter personal" y que "no son titulares de derecho en ningún caso una institución, centro, servicio o unidad", algo que, según ha dicho, avalan diversas sentencias.
La parlamentaria ha recordado además que la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia ya advirtió de esta situación en un informe remitido en febrero al Defensor del Pueblo y al departamento de Salud. Según ha explicado, el documento concluía que la negativa del centro concertado a permitir la prestación, incluida la entrada de equipos externos, "es contraria a la ley orgánica". "El lugar donde se realiza la prestación no puede convertirse en una barrera ni en una fuente de daño para el paciente", ha afirmado.
También ha indicado que el Defensor del Pueblo recomendó al departamento requerir al centro que cese en esa negativa y adopte un protocolo que permita realizar la prestación con profesionales no objetores. Por ello, ha pedido "ayudar a estos pacientes y a sus familias a no incrementar su sufrimiento" y ha preguntado al consejero cómo piensa practicar estas prestaciones en el futuro.
«Me cuesta creer que me haga esta pregunta»
Domínguez ha respondido que la normativa se cumple desde que la ley orgánica entró en vigor en junio de 2021 y ha afirmado que le "cuesta creer" que se le plantee esta pregunta cuando, a su juicio, el partido de la parlamentaria ha sido "parte activa" para que Navarra esté entre las comunidades que ofrecen mayores garantías a los pacientes que quieren ejercer este derecho.
El consejero ha reprochado a quienes se han manifestado en los últimos días sobre este asunto que no tengan en cuenta dos aspectos. Por un lado, que no todos los pacientes que solicitan la eutanasia reciben cuidados paliativos en San Juan de Dios, porque la ley contempla más casos que los paliativos. Por otro, que desde que la ley está en vigor en Navarra se han realizado casi 80 prestaciones de eutanasia.
Según ha detallado, el inconveniente que ha vuelto a la actualidad se dio en cinco situaciones el año pasado y solo en una este año, después de articular con el hospital un procedimiento que cumple las recomendaciones de la comisión y que establece un criterio clínico-organizativo para evitar los traslados. En ese contexto, ha considerado "un poco arriesgado poner en tela de juicio el cumplimiento de una ley orgánica por parte de este Gobierno por unos casos concretos que ya se están reconduciendo".
«Lamento la respuesta del consejero»
En un turno posterior, Esporrín ha aclarado que ella no había dicho que el Servicio Navarro de Salud estuviera incumpliendo la ley orgánica ni que solo los pacientes de paliativos accedan a la eutanasia. Ha señalado que había traído su intervención escrita y ha expresado su deseo de que los resultados de la gestión sanitaria mejoren. Al cierre del debate, y tras advertirle el presidente de que había agotado su tiempo, la parlamentaria ha dicho que, "por lo menos", lamentaba la respuesta del consejero.
El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento que la ley orgánica que regula la eutanasia "ya se cumple" en la Comunidad foral. Ha restado importancia a la situación creada en el Hospital San Juan de Dios, que se habría declarado objetor de conciencia como centro, y ha subrayado que el conflicto se ha producido en cinco casos el año pasado y en uno solo este año.
Domínguez respondía a una pregunta de la parlamentaria Maite Esporrín, que ha interpelado al Gobierno sobre cómo piensa garantizar esta prestación a los pacientes del centro concertado.
«La objeción es un derecho individual»
Esporrín ha recordado que los profesionales objetores pueden inscribirse en el registro correspondiente si lo consideran, pero que se debe asegurar que "siempre haya personal disponible" para la prestación. Ha señalado que la objeción de conciencia es "un derecho individual de carácter personal" y que "no son titulares de derecho en ningún caso una institución, centro, servicio o unidad", algo que, según ha dicho, avalan diversas sentencias.
La parlamentaria ha recordado además que la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia ya advirtió de esta situación en un informe remitido en febrero al Defensor del Pueblo y al departamento de Salud. Según ha explicado, el documento concluía que la negativa del centro concertado a permitir la prestación, incluida la entrada de equipos externos, "es contraria a la ley orgánica". "El lugar donde se realiza la prestación no puede convertirse en una barrera ni en una fuente de daño para el paciente", ha afirmado.
También ha indicado que el Defensor del Pueblo recomendó al departamento requerir al centro que cese en esa negativa y adopte un protocolo que permita realizar la prestación con profesionales no objetores. Por ello, ha pedido "ayudar a estos pacientes y a sus familias a no incrementar su sufrimiento" y ha preguntado al consejero cómo piensa practicar estas prestaciones en el futuro.
«Me cuesta creer que me haga esta pregunta»
Domínguez ha respondido que la normativa se cumple desde que la ley orgánica entró en vigor en junio de 2021 y ha afirmado que le "cuesta creer" que se le plantee esta pregunta cuando, a su juicio, el partido de la parlamentaria ha sido "parte activa" para que Navarra esté entre las comunidades que ofrecen mayores garantías a los pacientes que quieren ejercer este derecho.
El consejero ha reprochado a quienes se han manifestado en los últimos días sobre este asunto que no tengan en cuenta dos aspectos. Por un lado, que no todos los pacientes que solicitan la eutanasia reciben cuidados paliativos en San Juan de Dios, porque la ley contempla más casos que los paliativos. Por otro, que desde que la ley está en vigor en Navarra se han realizado casi 80 prestaciones de eutanasia.
Según ha detallado, el inconveniente que ha vuelto a la actualidad se dio en cinco situaciones el año pasado y solo en una este año, después de articular con el hospital un procedimiento que cumple las recomendaciones de la comisión y que establece un criterio clínico-organizativo para evitar los traslados. En ese contexto, ha considerado "un poco arriesgado poner en tela de juicio el cumplimiento de una ley orgánica por parte de este Gobierno por unos casos concretos que ya se están reconduciendo".
«Lamento la respuesta del consejero»
En un turno posterior, Esporrín ha aclarado que ella no había dicho que el Servicio Navarro de Salud estuviera incumpliendo la ley orgánica ni que solo los pacientes de paliativos accedan a la eutanasia. Ha señalado que había traído su intervención escrita y ha expresado su deseo de que los resultados de la gestión sanitaria mejoren. Al cierre del debate, y tras advertirle el presidente de que había agotado su tiempo, la parlamentaria ha dicho que, "por lo menos", lamentaba la respuesta del consejero.
