El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes a las 9:00 horas en un contexto de máxima expectación política. La comparecencia se produce tras el rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda y, según todas las previsiones, para anunciar la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Ni el presidente ni Moncloa han confirmado oficialmente el contenido de su intervención.
El pleno del Congreso de los Diputados rechazó los dos decretos de vivienda aprobados días antes por el Consejo de Ministros. El primero, centrado en el escudo antidesahucios, la regulación de los alquileres de temporada, los incentivos fiscales a propietarios e inquilinos y los topes a la actualización de las rentas, fue derrotado por 178 votos en contra frente a 172 a favor.
El segundo, que preveía la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler de vivienda habitual, contó con todavía menos respaldo: 184 votos en contra y 166 a favor. En este caso, además de PP, Vox, UPN y Junts, votaron en contra PNV y Coalición Canaria.
La clave de la derrota estuvo en Junts. La formación catalana, con la que el Gobierno había negociado buena parte del contenido de las normas, confirmó en la última jornada que votaría en contra de ambos textos. Sus siete diputados resultaron decisivos en una votación ajustadísima y dejaron al Ejecutivo sin la mayoría necesaria para convalidar sus medidas.
Las consecuencias inmediatas
Con el rechazo parlamentario, los dos decretos decaen y se recupera el marco legal anterior a su publicación. Quedan así sin efecto la protección reforzada frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, las limitaciones a las subidas de renta, los incentivos a los propietarios que reduzcan el alquiler y la prórroga de los contratos de arrendamiento.
La derrota tiene además una lectura política de primer orden, ya que el Gobierno ha quedado sin mayoría estable ni siquiera para aprobar legislación urgente en una materia socialmente sensible. Sánchez acudió al final del debate al Congreso, algo poco habitual, para pedir a PP y Junts que reconsideraran su posición, e incluso advirtió de que "la historia les juzgará antes de lo que creen", una frase interpretada de inmediato como un aviso de posible adelanto electoral.
Un fin de semana de reflexión
Desde el viernes, el presidente ha mantenido un periodo de reflexión con su núcleo más cercano, ministros, dirigentes del PSOE y representantes de Sumar. En el PSOE y en buena parte del Gobierno predomina la tesis de que la legislatura está agotada y de que Sánchez debería aprovechar el malestar social generado por la crisis de la vivienda para acudir a las urnas. Varios ministros y cuadros socialistas habrían trasladado al presidente su preferencia por convocar elecciones de inmediato.
Fuentes del Ejecutivo habían insistido hasta el domingo en que no había una decisión tomada ni una fecha fijada. Mientras tanto, el presidente ha mantenido contactos durante todo el fin de semana, en un contexto de protestas por la vivienda en varias ciudades, con acampadas y movilizaciones que reclaman soluciones frente a los desahucios y la precariedad en el alquiler. Hay incluso llamamientos a nuevas concentraciones y a una huelga general si no se recuperan las medidas de protección.
La fecha: el 29 de noviembre, la primera posible
La fecha que más fuerza ha cobrado es el domingo 29 de noviembre (día de San Saturnino, patrono de Pamplona), la primera posible según el calendario electoral si el decreto de disolución se publica a tiempo. El escenario más comentado es que, tras la comparecencia, Sánchez convoque un Consejo de Ministros extraordinario y apruebe el real decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones. Si el decreto se firma este lunes y se publica en el Boletín Oficial del Estado el martes, los comicios podrían celebrarse ese día. En ese caso, Congreso y Senado quedarían disueltos y España entraría de lleno en una nueva contienda nacional. La estrategia socialista sería presentar al PSOE como el partido que defiende a los inquilinos y a las familias vulnerables, frente a una derecha a la que el Gobierno responsabiliza de bloquear las medidas contra los desahucios.
Otras vías probables
Si finalmente Sánchez no disolviera las Cortes, el Gobierno podría intentar recuperar las medidas mediante un nuevo decreto-ley, una reforma legal o acuerdos puntuales con otros grupos. Esa opción exigiría recomponer la relación con Junts, que ha reclamado retirar los textos y elaborar uno nuevo con condiciones distintas, y que ha entregado al Gobierno un borrador alternativo con incentivos fiscales, más límites a los grandes tenedores y la eliminación de la prórroga obligatoria y del tope del 2% a las rentas.
Existe además una tercera vía, que ha tomado fuerza en las últimas horas y tiene una doble vertiente, la de convocar elecciones y aprobar al mismo tiempo un nuevo real decreto-ley de vivienda. Al quedar disueltas las Cámaras, su convalidación correspondería a la Diputación Permanente, lo que permitiría intentar salvar parte del paquete sin necesidad de mayoría en el pleno. Esta posibilidad sigue siendo objeto de debate jurídico y político.
PP y Vox, por su parte, reclaman elecciones cuanto antes y utilizan la derrota del Gobierno para acusar a Sánchez de gobernar en minoría y de depender de socios inestables.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes a las 9:00 horas en un contexto de máxima expectación política. La comparecencia se produce tras el rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda y, según todas las previsiones, para anunciar la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Ni el presidente ni Moncloa han confirmado oficialmente el contenido de su intervención.
El pleno del Congreso de los Diputados rechazó los dos decretos de vivienda aprobados días antes por el Consejo de Ministros. El primero, centrado en el escudo antidesahucios, la regulación de los alquileres de temporada, los incentivos fiscales a propietarios e inquilinos y los topes a la actualización de las rentas, fue derrotado por 178 votos en contra frente a 172 a favor.
El segundo, que preveía la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler de vivienda habitual, contó con todavía menos respaldo: 184 votos en contra y 166 a favor. En este caso, además de PP, Vox, UPN y Junts, votaron en contra PNV y Coalición Canaria.
La clave de la derrota estuvo en Junts. La formación catalana, con la que el Gobierno había negociado buena parte del contenido de las normas, confirmó en la última jornada que votaría en contra de ambos textos. Sus siete diputados resultaron decisivos en una votación ajustadísima y dejaron al Ejecutivo sin la mayoría necesaria para convalidar sus medidas.
Las consecuencias inmediatas
Con el rechazo parlamentario, los dos decretos decaen y se recupera el marco legal anterior a su publicación. Quedan así sin efecto la protección reforzada frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, las limitaciones a las subidas de renta, los incentivos a los propietarios que reduzcan el alquiler y la prórroga de los contratos de arrendamiento.
La derrota tiene además una lectura política de primer orden, ya que el Gobierno ha quedado sin mayoría estable ni siquiera para aprobar legislación urgente en una materia socialmente sensible. Sánchez acudió al final del debate al Congreso, algo poco habitual, para pedir a PP y Junts que reconsideraran su posición, e incluso advirtió de que "la historia les juzgará antes de lo que creen", una frase interpretada de inmediato como un aviso de posible adelanto electoral.
Un fin de semana de reflexión
Desde el viernes, el presidente ha mantenido un periodo de reflexión con su núcleo más cercano, ministros, dirigentes del PSOE y representantes de Sumar. En el PSOE y en buena parte del Gobierno predomina la tesis de que la legislatura está agotada y de que Sánchez debería aprovechar el malestar social generado por la crisis de la vivienda para acudir a las urnas. Varios ministros y cuadros socialistas habrían trasladado al presidente su preferencia por convocar elecciones de inmediato.
Fuentes del Ejecutivo habían insistido hasta el domingo en que no había una decisión tomada ni una fecha fijada. Mientras tanto, el presidente ha mantenido contactos durante todo el fin de semana, en un contexto de protestas por la vivienda en varias ciudades, con acampadas y movilizaciones que reclaman soluciones frente a los desahucios y la precariedad en el alquiler. Hay incluso llamamientos a nuevas concentraciones y a una huelga general si no se recuperan las medidas de protección.
La fecha: el 29 de noviembre, la primera posible
La fecha que más fuerza ha cobrado es el domingo 29 de noviembre (día de San Saturnino, patrono de Pamplona), la primera posible según el calendario electoral si el decreto de disolución se publica a tiempo. El escenario más comentado es que, tras la comparecencia, Sánchez convoque un Consejo de Ministros extraordinario y apruebe el real decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones. Si el decreto se firma este lunes y se publica en el Boletín Oficial del Estado el martes, los comicios podrían celebrarse ese día. En ese caso, Congreso y Senado quedarían disueltos y España entraría de lleno en una nueva contienda nacional. La estrategia socialista sería presentar al PSOE como el partido que defiende a los inquilinos y a las familias vulnerables, frente a una derecha a la que el Gobierno responsabiliza de bloquear las medidas contra los desahucios.
Otras vías probables
Si finalmente Sánchez no disolviera las Cortes, el Gobierno podría intentar recuperar las medidas mediante un nuevo decreto-ley, una reforma legal o acuerdos puntuales con otros grupos. Esa opción exigiría recomponer la relación con Junts, que ha reclamado retirar los textos y elaborar uno nuevo con condiciones distintas, y que ha entregado al Gobierno un borrador alternativo con incentivos fiscales, más límites a los grandes tenedores y la eliminación de la prórroga obligatoria y del tope del 2% a las rentas.
Existe además una tercera vía, que ha tomado fuerza en las últimas horas y tiene una doble vertiente, la de convocar elecciones y aprobar al mismo tiempo un nuevo real decreto-ley de vivienda. Al quedar disueltas las Cámaras, su convalidación correspondería a la Diputación Permanente, lo que permitiría intentar salvar parte del paquete sin necesidad de mayoría en el pleno. Esta posibilidad sigue siendo objeto de debate jurídico y político.
PP y Vox, por su parte, reclaman elecciones cuanto antes y utilizan la derrota del Gobierno para acusar a Sánchez de gobernar en minoría y de depender de socios inestables.
