Junts votará en contra de los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez, según han confirmado fuentes de la formación a pocas horas del pleno extraordinario que celebrará este viernes el Congreso de los Diputados.
La decisión deja en una situación crítica la convalidación de ambas medidas, ya que los siete diputados de Junts resultan decisivos para el resultado de las votaciones.
La dirección ejecutiva del partido, liderado por Carles Puigdemont, tenía previsto reunirse telemáticamente este jueves por la noche para confirmar la posición. Sin embargo, fuentes de Junts ya han avanzado su rechazo a los dos textos, que califican de “chapuza” y consideran contradictorios entre sí.
Críticas a la tramitación
La formación independentista sostiene que el Ejecutivo ha aprobado las medidas con demasiadas prisas y sin incorporar sus principales propuestas. Junts reprocha además que los decretos se hayan presentado mediante un procedimiento de urgencia que impide introducir enmiendas durante su convalidación, ya que la Cámara debe aprobarlos o rechazarlos en bloque.
En un informe interno difundido este jueves, el partido considera que los textos excluyen medidas que había reclamado, como una deducción por la compra de vivienda, una cuenta de ahorro específica para facilitar el acceso a un piso, una rebaja del IVA y el derecho del deudor hipotecario a cancelar su deuda en determinadas condiciones.
Junts también denuncia una invasión de las competencias de la Generalitat. Según su análisis, las comunidades autónomas tendrían que asumir el coste de los impagos de alquiler de los inquilinos vulnerables, mientras que el Estado no compensaría los intereses generados. “El Gobierno toma la decisión pero la pagamos nosotros”, resumen fuentes del partido.
Dos decretos separados
El primer decreto incluye medidas de protección frente a los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, límites a determinadas compras especulativas de vivienda, regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, beneficios fiscales para propietarios e inquilinos y una prórroga de contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028.
También contempla un IVA reducido para la vivienda protegida y préstamos del Instituto de Crédito Oficial sin intereses para facilitar el pago de la entrada de una hipoteca.
El segundo texto se limita a establecer la renovación automática de los contratos de alquiler. Los propietarios tendrían que acreditar una causa justificada para no renovar y podrían verse obligados a indemnizar al arrendatario si no lo hacen.
Esta última medida es la que ha encontrado un rechazo más amplio entre los grupos de la oposición y algunos socios parlamentarios del Ejecutivo.
El Gobierno pierde margen
La negativa de Junts amenaza con hacer decaer los dos decretos, especialmente el paquete principal de medidas sociales y fiscales. La votación de cada texto será independiente y se resolverá por mayoría simple.
ERC, EH Bildu y el BNG han confirmado su respaldo a las medidas, mientras que el PP y Vox han anunciado su voto en contra. El PNV apoyará previsiblemente el primer decreto, aunque con un voto crítico, y rechazará el relativo a la renovación automática de los alquileres. Coalición Canaria también ha anunciado su apoyo al texto sobre protección frente a los desahucios y su rechazo al segundo.
El Ejecutivo ha presionado a Junts para que facilite la convalidación y ha advertido de que un voto negativo situaría al partido junto a las derechas parlamentarias en contra de las medidas destinadas a los hogares vulnerables.
Junts, por su parte, sostiene que no se opone a negociar un nuevo paquete de vivienda, pero exige cambios sustanciales, entre ellos una moratoria para impedir que las empresas sigan comprando viviendas y una mayor liberalización de suelo.
El pleno extraordinario del Congreso debatirá y votará este viernes, 2 de octubre, el futuro de los dos reales decretos. Si no son convalidados, perderán su vigencia y quedarán sin efecto las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.
Junts votará en contra de los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez, según han confirmado fuentes de la formación a pocas horas del pleno extraordinario que celebrará este viernes el Congreso de los Diputados.
La decisión deja en una situación crítica la convalidación de ambas medidas, ya que los siete diputados de Junts resultan decisivos para el resultado de las votaciones.
La dirección ejecutiva del partido, liderado por Carles Puigdemont, tenía previsto reunirse telemáticamente este jueves por la noche para confirmar la posición. Sin embargo, fuentes de Junts ya han avanzado su rechazo a los dos textos, que califican de “chapuza” y consideran contradictorios entre sí.
Críticas a la tramitación
La formación independentista sostiene que el Ejecutivo ha aprobado las medidas con demasiadas prisas y sin incorporar sus principales propuestas. Junts reprocha además que los decretos se hayan presentado mediante un procedimiento de urgencia que impide introducir enmiendas durante su convalidación, ya que la Cámara debe aprobarlos o rechazarlos en bloque.
En un informe interno difundido este jueves, el partido considera que los textos excluyen medidas que había reclamado, como una deducción por la compra de vivienda, una cuenta de ahorro específica para facilitar el acceso a un piso, una rebaja del IVA y el derecho del deudor hipotecario a cancelar su deuda en determinadas condiciones.
Junts también denuncia una invasión de las competencias de la Generalitat. Según su análisis, las comunidades autónomas tendrían que asumir el coste de los impagos de alquiler de los inquilinos vulnerables, mientras que el Estado no compensaría los intereses generados. “El Gobierno toma la decisión pero la pagamos nosotros”, resumen fuentes del partido.
Dos decretos separados
El primer decreto incluye medidas de protección frente a los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, límites a determinadas compras especulativas de vivienda, regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, beneficios fiscales para propietarios e inquilinos y una prórroga de contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028.
También contempla un IVA reducido para la vivienda protegida y préstamos del Instituto de Crédito Oficial sin intereses para facilitar el pago de la entrada de una hipoteca.
El segundo texto se limita a establecer la renovación automática de los contratos de alquiler. Los propietarios tendrían que acreditar una causa justificada para no renovar y podrían verse obligados a indemnizar al arrendatario si no lo hacen.
Esta última medida es la que ha encontrado un rechazo más amplio entre los grupos de la oposición y algunos socios parlamentarios del Ejecutivo.
El Gobierno pierde margen
La negativa de Junts amenaza con hacer decaer los dos decretos, especialmente el paquete principal de medidas sociales y fiscales. La votación de cada texto será independiente y se resolverá por mayoría simple.
ERC, EH Bildu y el BNG han confirmado su respaldo a las medidas, mientras que el PP y Vox han anunciado su voto en contra. El PNV apoyará previsiblemente el primer decreto, aunque con un voto crítico, y rechazará el relativo a la renovación automática de los alquileres. Coalición Canaria también ha anunciado su apoyo al texto sobre protección frente a los desahucios y su rechazo al segundo.
El Ejecutivo ha presionado a Junts para que facilite la convalidación y ha advertido de que un voto negativo situaría al partido junto a las derechas parlamentarias en contra de las medidas destinadas a los hogares vulnerables.
Junts, por su parte, sostiene que no se opone a negociar un nuevo paquete de vivienda, pero exige cambios sustanciales, entre ellos una moratoria para impedir que las empresas sigan comprando viviendas y una mayor liberalización de suelo.
El pleno extraordinario del Congreso debatirá y votará este viernes, 2 de octubre, el futuro de los dos reales decretos. Si no son convalidados, perderán su vigencia y quedarán sin efecto las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.
