La cooperativa social A tu lado Zurekin planteó este viernes en el Parlamento de Navarra que no puede seguir sosteniendo sus dos viviendas de alta intensidad de apoyos con las condiciones económicas actuales y que se está planteando cerrar el servicio si no cambian las perspectivas. Lo han expuso ante la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, en una sesión de trabajo que presidió el vicepresidente, Domingo González (EH Bildu). Intervinieron en representación de la entidad Miriam Alli, María Jesús Álvarez, Elena Sarasa, Jon Laredo y Adriana Rodrigo.
Un modelo de viviendas pequeñas en el centro de Pamplona
La cooperativa, nacida en 2016 y con 23 personas trabajadoras, gestiona dos viviendas de alta intensidad de apoyos parta personas con discapacidad, en Príncipe de Viana y en la calle Estella, con ocho residentes cada una. Gestiona además una de baja intensidad en la calle Mayor, con tres. Según explicó, eligió pisos pequeños para favorecer la inclusión en la comunidad, pero esa dimensión le deja menos margen, porque la exigencia de contar con un educador es la misma con ocho plazas que con doce. De su presupuesto el 80% es gasto de personal.
Los comparecientes proyectaron un vídeo con testimonios de residentes, familiares y una educadora, y recordaron que se trata de una prestación garantizada por la Cartera de Servicios Sociales. Señalaron que la lista de espera ronda los diez años y las cien personas, aunque son cantidades que pueden oscilar.
El desajuste entre costes y prestación
El núcleo del problema, explicaron, es la prestación vinculada al servicio, calculada sobre un precio máximo de plaza de 2.750 euros. En diez años, el IPC de Navarra ha subido un 28% y los salarios un 18,5%, mientras que el precio de sus plazas ha crecido un 11,54%. La cooperativa ha subido por su cuenta el precio hasta 2.900 euros, una diferencia que, según dijo, sale del dinero de libre disposición de los residentes, que la normativa fija en 321 euros. Para igualar la evolución del IPC, calcularon, habría que añadir 437 euros por plaza.
A ello se suma el convenio estatal del sector aprobado en 2025, con el que, según dijeron, no les salen las cuentas. El coste real de cada vivienda con esos salarios sería de 320.000 euros, frente a los 264.000 autorizados, lo que supone un déficit anual de 56.000 euros por vivienda. Los educadores, que son socios, cobran por debajo del convenio.
La cooperativa propuso dos salidas. La que prefiere es concertar las plazas, como se hizo con la vivienda de la calle Mayor, y convertirlas en un recurso público. La otra es subir la prestación para que la plaza pase a 3.400 euros. Afirmó que Derechos Sociales le trasladó que esa prestación es excepcional, que se actualizó en 2023 y que no hay dinero. También dijo que acude al Parlamento por iniciativa propia.
Los grupos: compromiso y críticas
La socialista Olga Chueca pidió aclarar cómo encajaría la adjudicación directa en un concierto social y preguntó por otras cooperativas y por los ratios de personal. Javier Arza (EH Bildu) elogió el modelo, calificó la situación de "mala noticia" para la vivienda y preguntó qué respuesta ha dado el departamento y si se recogerá en los presupuestos de 2027. Isabel Aramburu (Geroa Bai) consideró el modelo "impecable", subrayó que el carácter garantizado de la prestación obliga a la Administración y preguntó si se pide concertar plazas o la vivienda entera. Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) calificó de inasumible la lista de espera y defendió que los grupos que sustentan al Gobierno hagan una reflexión urgente.
Raquel Garbayo (UPN) lamentó que la sesión no concluyese con un compromiso del Gobierno y temió que el asunto se deje fuera del presupuesto a la espera de una enmienda. María Isabel García Malo (PP) sostuvo que la decisión corresponde al Ejecutivo, que debe presupuestarla, y ofreció apoyar cualquier iniciativa. Emilio Jiménez (Mixto) pidió no cerrar el servicio y criticó al Gobierno foral por la atención a menores migrantes.
Respuestas de la cooperativa
La cooperativa explicó que su convenio es el estatal de atención a personas con discapacidad, con 1.720 horas anuales frente a las 1.644 o 1.568 del de centros concertados de Navarra. Indicó que la mayoría de plazas de viviendas tuteladas están concertadas con empresas con ánimo de lucro mediante conciertos abiertos, y que Intervención entiende que deben abrirse al máximo. Citó el decreto foral 38/2023, que habla de gestión pública directa o conciertos sociales cuando sea posible. Según dijo, la vivienda de la calle Mayor se adjudicó directamente por el vínculo con los residentes.
Sobre el mundo rural, indicó que lleva años intentando abrir un servicio en la zona norte de Navarra, en torno a Betelu. Se ha presentado a convocatorias de Derechos Sociales, sin éxito, y busca financiación privada para un proyecto piloto.
La cooperativa social A tu lado Zurekin planteó este viernes en el Parlamento de Navarra que no puede seguir sosteniendo sus dos viviendas de alta intensidad de apoyos con las condiciones económicas actuales y que se está planteando cerrar el servicio si no cambian las perspectivas. Lo han expuso ante la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, en una sesión de trabajo que presidió el vicepresidente, Domingo González (EH Bildu). Intervinieron en representación de la entidad Miriam Alli, María Jesús Álvarez, Elena Sarasa, Jon Laredo y Adriana Rodrigo.
Un modelo de viviendas pequeñas en el centro de Pamplona
La cooperativa, nacida en 2016 y con 23 personas trabajadoras, gestiona dos viviendas de alta intensidad de apoyos parta personas con discapacidad, en Príncipe de Viana y en la calle Estella, con ocho residentes cada una. Gestiona además una de baja intensidad en la calle Mayor, con tres. Según explicó, eligió pisos pequeños para favorecer la inclusión en la comunidad, pero esa dimensión le deja menos margen, porque la exigencia de contar con un educador es la misma con ocho plazas que con doce. De su presupuesto el 80% es gasto de personal.
Los comparecientes proyectaron un vídeo con testimonios de residentes, familiares y una educadora, y recordaron que se trata de una prestación garantizada por la Cartera de Servicios Sociales. Señalaron que la lista de espera ronda los diez años y las cien personas, aunque son cantidades que pueden oscilar.
El desajuste entre costes y prestación
El núcleo del problema, explicaron, es la prestación vinculada al servicio, calculada sobre un precio máximo de plaza de 2.750 euros. En diez años, el IPC de Navarra ha subido un 28% y los salarios un 18,5%, mientras que el precio de sus plazas ha crecido un 11,54%. La cooperativa ha subido por su cuenta el precio hasta 2.900 euros, una diferencia que, según dijo, sale del dinero de libre disposición de los residentes, que la normativa fija en 321 euros. Para igualar la evolución del IPC, calcularon, habría que añadir 437 euros por plaza.
A ello se suma el convenio estatal del sector aprobado en 2025, con el que, según dijeron, no les salen las cuentas. El coste real de cada vivienda con esos salarios sería de 320.000 euros, frente a los 264.000 autorizados, lo que supone un déficit anual de 56.000 euros por vivienda. Los educadores, que son socios, cobran por debajo del convenio.
La cooperativa propuso dos salidas. La que prefiere es concertar las plazas, como se hizo con la vivienda de la calle Mayor, y convertirlas en un recurso público. La otra es subir la prestación para que la plaza pase a 3.400 euros. Afirmó que Derechos Sociales le trasladó que esa prestación es excepcional, que se actualizó en 2023 y que no hay dinero. También dijo que acude al Parlamento por iniciativa propia.
Los grupos: compromiso y críticas
La socialista Olga Chueca pidió aclarar cómo encajaría la adjudicación directa en un concierto social y preguntó por otras cooperativas y por los ratios de personal. Javier Arza (EH Bildu) elogió el modelo, calificó la situación de "mala noticia" para la vivienda y preguntó qué respuesta ha dado el departamento y si se recogerá en los presupuestos de 2027. Isabel Aramburu (Geroa Bai) consideró el modelo "impecable", subrayó que el carácter garantizado de la prestación obliga a la Administración y preguntó si se pide concertar plazas o la vivienda entera. Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) calificó de inasumible la lista de espera y defendió que los grupos que sustentan al Gobierno hagan una reflexión urgente.
Raquel Garbayo (UPN) lamentó que la sesión no concluyese con un compromiso del Gobierno y temió que el asunto se deje fuera del presupuesto a la espera de una enmienda. María Isabel García Malo (PP) sostuvo que la decisión corresponde al Ejecutivo, que debe presupuestarla, y ofreció apoyar cualquier iniciativa. Emilio Jiménez (Mixto) pidió no cerrar el servicio y criticó al Gobierno foral por la atención a menores migrantes.
Respuestas de la cooperativa
La cooperativa explicó que su convenio es el estatal de atención a personas con discapacidad, con 1.720 horas anuales frente a las 1.644 o 1.568 del de centros concertados de Navarra. Indicó que la mayoría de plazas de viviendas tuteladas están concertadas con empresas con ánimo de lucro mediante conciertos abiertos, y que Intervención entiende que deben abrirse al máximo. Citó el decreto foral 38/2023, que habla de gestión pública directa o conciertos sociales cuando sea posible. Según dijo, la vivienda de la calle Mayor se adjudicó directamente por el vínculo con los residentes.
Sobre el mundo rural, indicó que lleva años intentando abrir un servicio en la zona norte de Navarra, en torno a Betelu. Se ha presentado a convocatorias de Derechos Sociales, sin éxito, y busca financiación privada para un proyecto piloto.
