La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado este jueves un operativo en el marco del caso Koldo, tras la apertura de una nueva pieza secreta por parte del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Las actuaciones incluyen registros, interrogatorios, requerimientos de información, entre ellos en la sede de Adif Alta Velocidad en Madrid, y, según varios medios, una detención en Córdoba.
La pieza separada fue abierta el pasado martes, 3 de noviembre, a partir del informe número 168/26 elaborado por el área de Delincuencia Económica de la UCO. La investigación se integra en las diligencias previas 65/2023 de la Audiencia Nacional, en concreto en la pieza dedicada a las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública. El magistrado ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que no han trascendido ni el contenido del informe ni la identidad de todas las personas afectadas.
Según han informado varios medios, los agentes han registrado en Valencia el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos, donde también han interrogado a su pareja, Andrea de la Torre. La operación incluye además actuaciones en Córdoba, Madrid y Sevilla. En Córdoba, según la información publicada por varios medios, ha sido detenido el empresario Cristian Abel Corvillo, antiguo chófer de Pedro Sánchez, a quien los investigadores vinculan con el presunto comisionista Víctor de Aldama. Fuentes de la investigación citadas por la prensa indicaban, por otra parte, que no estaba previsto que se produjeran nuevas detenciones.
Uno de los focos principales ha sido la sede de Adif Alta Velocidad en Madrid, donde la UCO ha solicitado documentación sobre contratos bajo sospecha. Estos requerimientos devuelven al administrador ferroviario al centro de la investigación sobre las presuntas comisiones y favorecimientos en contratos públicos durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Qué se investiga
La nueva línea se centra en el supuesto favorecimiento de varias constructoras mediante la adjudicación de contratos de obra pública a cambio de contraprestaciones económicas ilegales. Entre los principales investigados figuran José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
El juez Moreno ya había ordenado recabar la documentación y las evidencias digitales intervenidas en el domicilio de Cerdán en Milagro (Navarra), así como la información entregada por el PSOE. También incorporó documentación remitida por Acciona Construcción, que incluye facturas, partes de trabajo, controles de presencia y correos electrónicos relacionados con los servicios de Servinabar en una unión temporal de empresas adjudicataria de una variante de Logroño.
La Fiscalía Anticorrupción participa en las diligencias, que permanecen bajo secreto de sumario. Los medios han confirmado registros y peticiones de información, pero la Audiencia Nacional no ha hecho público el alcance completo del operativo ni los extremos concretos del nuevo informe de la UCO. La operación supone una ampliación de la investigación del caso Koldo, que abarca tanto la compra de mascarillas durante la pandemia como las presuntas irregularidades en la concesión de obra pública desde el Ministerio de Transportes.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado este jueves un operativo en el marco del caso Koldo, tras la apertura de una nueva pieza secreta por parte del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Las actuaciones incluyen registros, interrogatorios, requerimientos de información, entre ellos en la sede de Adif Alta Velocidad en Madrid, y, según varios medios, una detención en Córdoba.
La pieza separada fue abierta el pasado martes, 3 de noviembre, a partir del informe número 168/26 elaborado por el área de Delincuencia Económica de la UCO. La investigación se integra en las diligencias previas 65/2023 de la Audiencia Nacional, en concreto en la pieza dedicada a las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública. El magistrado ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que no han trascendido ni el contenido del informe ni la identidad de todas las personas afectadas.
Según han informado varios medios, los agentes han registrado en Valencia el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos, donde también han interrogado a su pareja, Andrea de la Torre. La operación incluye además actuaciones en Córdoba, Madrid y Sevilla. En Córdoba, según la información publicada por varios medios, ha sido detenido el empresario Cristian Abel Corvillo, antiguo chófer de Pedro Sánchez, a quien los investigadores vinculan con el presunto comisionista Víctor de Aldama. Fuentes de la investigación citadas por la prensa indicaban, por otra parte, que no estaba previsto que se produjeran nuevas detenciones.
Uno de los focos principales ha sido la sede de Adif Alta Velocidad en Madrid, donde la UCO ha solicitado documentación sobre contratos bajo sospecha. Estos requerimientos devuelven al administrador ferroviario al centro de la investigación sobre las presuntas comisiones y favorecimientos en contratos públicos durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Qué se investiga
La nueva línea se centra en el supuesto favorecimiento de varias constructoras mediante la adjudicación de contratos de obra pública a cambio de contraprestaciones económicas ilegales. Entre los principales investigados figuran José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
El juez Moreno ya había ordenado recabar la documentación y las evidencias digitales intervenidas en el domicilio de Cerdán en Milagro (Navarra), así como la información entregada por el PSOE. También incorporó documentación remitida por Acciona Construcción, que incluye facturas, partes de trabajo, controles de presencia y correos electrónicos relacionados con los servicios de Servinabar en una unión temporal de empresas adjudicataria de una variante de Logroño.
La Fiscalía Anticorrupción participa en las diligencias, que permanecen bajo secreto de sumario. Los medios han confirmado registros y peticiones de información, pero la Audiencia Nacional no ha hecho público el alcance completo del operativo ni los extremos concretos del nuevo informe de la UCO. La operación supone una ampliación de la investigación del caso Koldo, que abarca tanto la compra de mascarillas durante la pandemia como las presuntas irregularidades en la concesión de obra pública desde el Ministerio de Transportes.
