El Tribunal Administrativo de Navarra ha estimado el recurso de alzada de un conductor y ha anulado una sanción de 200 euros impuesta por el Ayuntamiento de Pamplona por estacionar en un espacio reservado temporalmente. El motivo: se le negó la posibilidad de aportar la prueba que proponía, las imágenes de una cámara de seguridad, que el Consistorio no guardó.
Un coche retirado por la grúa
Según recoge la resolución, fechada el 23 de octubre, el recurrente aparcó su vehículo el 29 de marzo, domingo de Ramos, en la zona de Santa María la Real, junto al Arzobispado. Sostiene que no había ninguna valla ni señal que prohibiera estacionar, sin aviso previo. Ese día, a las 17:17 horas, un agente de la Policía Municipal formuló la denuncia por estacionar en espacios ocupados temporalmente por usos o actividades, señalizados con 24 horas de antelación.
El 13 de abril, el afectado abonó 100 euros (la multa con el 50 % de descuento por pronto pago) y 104 euros de tasa de grúa. Ese mismo día recurrió la tasa ante el Ayuntamiento y la sanción ante el Tribunal, y pidió en ambos casos que se revisaran las cámaras del edificio del frontón Labrit para comprobar que no había señalización. Solicitaba la anulación de la multa y la devolución de lo pagado.
Una prueba denegada y unas imágenes borradas
El Ayuntamiento rechazó el recurso de reposición el 23 de junio. Su informe jurídico se apoyaba en la presunción de veracidad del agente, que ratificó la denuncia, y descartaba ver las cámaras "por no estimarse necesaria". El agente añadió que el vehículo se retiró tras comprobar una lista de coches en poder de las grúas, en la que su matrícula no figuraba antes de la reserva.
Cuando el Tribunal consideró procedente la prueba y la reclamó, el Consistorio respondió que las imágenes solo se conservan un mes y que ya no existían. El órgano califica de "incomprensible" que no se guardaran, dado que el interesado las pidió 12 días después de la denuncia y con el asunto pendiente de resolver, tanto en la vía municipal como en alzada.
Presunción de veracidad, pero con límites
El Tribunal recuerda que la palabra de los agentes de la autoridad goza de presunción de veracidad, pero que esta es iuris tantum: admite prueba en contrario, y quien niega los hechos tiene derecho a intentar desvirtuarlos. A diferencia de una presunción absoluta, no fija el hecho de forma definitiva.
En este caso, concluye, al recurrente "se le ha negado su derecho a desvirtuar la presunción de veracidad", primero al denegarle la prueba en vía municipal con una motivación insuficiente y después al no poder practicarse en la alzada. Con ello se vulneran las garantías vinculadas a la presunción de inocencia, algo sobre lo que, recuerda, ya se ha pronunciado en otras ocasiones, como en su resolución 2151/21. Por ello, el Tribunal anula la sanción "por no ser ajustada a derecho".
El Tribunal Administrativo de Navarra ha estimado el recurso de alzada de un conductor y ha anulado una sanción de 200 euros impuesta por el Ayuntamiento de Pamplona por estacionar en un espacio reservado temporalmente. El motivo: se le negó la posibilidad de aportar la prueba que proponía, las imágenes de una cámara de seguridad, que el Consistorio no guardó.
Un coche retirado por la grúa
Según recoge la resolución, fechada el 23 de octubre, el recurrente aparcó su vehículo el 29 de marzo, domingo de Ramos, en la zona de Santa María la Real, junto al Arzobispado. Sostiene que no había ninguna valla ni señal que prohibiera estacionar, sin aviso previo. Ese día, a las 17:17 horas, un agente de la Policía Municipal formuló la denuncia por estacionar en espacios ocupados temporalmente por usos o actividades, señalizados con 24 horas de antelación.
El 13 de abril, el afectado abonó 100 euros (la multa con el 50 % de descuento por pronto pago) y 104 euros de tasa de grúa. Ese mismo día recurrió la tasa ante el Ayuntamiento y la sanción ante el Tribunal, y pidió en ambos casos que se revisaran las cámaras del edificio del frontón Labrit para comprobar que no había señalización. Solicitaba la anulación de la multa y la devolución de lo pagado.
Una prueba denegada y unas imágenes borradas
El Ayuntamiento rechazó el recurso de reposición el 23 de junio. Su informe jurídico se apoyaba en la presunción de veracidad del agente, que ratificó la denuncia, y descartaba ver las cámaras "por no estimarse necesaria". El agente añadió que el vehículo se retiró tras comprobar una lista de coches en poder de las grúas, en la que su matrícula no figuraba antes de la reserva.
Cuando el Tribunal consideró procedente la prueba y la reclamó, el Consistorio respondió que las imágenes solo se conservan un mes y que ya no existían. El órgano califica de "incomprensible" que no se guardaran, dado que el interesado las pidió 12 días después de la denuncia y con el asunto pendiente de resolver, tanto en la vía municipal como en alzada.
Presunción de veracidad, pero con límites
El Tribunal recuerda que la palabra de los agentes de la autoridad goza de presunción de veracidad, pero que esta es iuris tantum: admite prueba en contrario, y quien niega los hechos tiene derecho a intentar desvirtuarlos. A diferencia de una presunción absoluta, no fija el hecho de forma definitiva.
En este caso, concluye, al recurrente "se le ha negado su derecho a desvirtuar la presunción de veracidad", primero al denegarle la prueba en vía municipal con una motivación insuficiente y después al no poder practicarse en la alzada. Con ello se vulneran las garantías vinculadas a la presunción de inocencia, algo sobre lo que, recuerda, ya se ha pronunciado en otras ocasiones, como en su resolución 2151/21. Por ello, el Tribunal anula la sanción "por no ser ajustada a derecho".
