El portavoz de EH Bildu y concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha explicado este lunes que el nuevo informe elaborado por las letradas municipales concluye que la puesta a disposición gratuita de plazas de aparcamiento a vecinos y empresas de los chalets de Media Luna, durante las obras de Salesianos, es nula, irregular y carece de amparo legal. Abaurrea ha dado cuenta de estas conclusiones en respuesta a las preguntas de los periodistas, tras abordar el asunto en la reunión del gobierno municipal.
Según ha señalado, el informe sostiene que no ha quedado demostrado que existiera un interés general que justificara la actuación y que tampoco opera en este caso el llamado enriquecimiento injusto, la figura que obliga a una administración a pagar un servicio recibido aunque se haya contratado de forma ilegal. En consecuencia, el Ayuntamiento no tendría obligación de abonar a la empresa la factura pendiente, que Abaurrea ha cifrado en algo más de 9.000 euros tras una pequeña corrección del propio informe. El concejal ha precisado que esa es la conclusión del documento y que queda por ratificar, y ha recordado que la empresa se ha mantenido firme en su petición de pago y conserva abiertas las vías de recurso.
Un expediente sin cobertura administrativa
El concejal ha explicado que, tras el informe inicial, se tomaron declaraciones a las partes, se aprobó un decreto de Alcaldía con una serie de consideraciones y se dio un nuevo trámite de alegaciones antes de llegar al informe actual. Ha subrayado que el coste de este procedimiento interno ha sido cero hasta el momento, ya que solo ha intervenido personal funcionario del Ayuntamiento.
Abaurrea ha asegurado que quienes comprometieron el pago, dos direcciones de área y dos concejalías, una de cuyas titulares sigue en activo en el Ayuntamiento, no actuaron atendiendo al interés general ni tramitaron un expediente. Tampoco consta, ha señalado, el visto bueno de la Intervención, y ni siquiera se sabe si existía consignación presupuestaria, algo que, a su juicio, hay que presumir que no. En términos políticos, ha calificado aquella decisión de "capricho personal" y ha considerado que se trata de una situación grave que requiere explicación.
Dos vías paralelas: la comisión y el reglamento
El siguiente paso, ha avanzado Abaurrea, será llevar el informe a una comisión para que toda la corporación conozca su contenido y escuche la valoración de las dos juristas que lo han elaborado, incluidas las personas implicadas en el expediente. El gobierno municipal trabajará, según ha dicho, en dos vías a la vez: cerrar este capítulo con las conclusiones del informe, para que se habiliten las derivadas jurídicas que correspondan, y modificar el Reglamento Orgánico del Pleno.
Esta reforma, ha explicado, busca aclarar el ámbito real de las comisiones de investigación. Abaurrea ha defendido que la mayoría municipal quiere que las posibilidades de investigación "no se acaben" al día siguiente de que se vaya un gobierno, algo que ha comparado con "una especie de amnistía". Ha sostenido que, cuando los hechos se conocen durante un mandato, es razonable investigarlos en ese mismo mandato, aunque correspondan al gobierno anterior. Ha reconocido que existe un informe del secretario municipal que no comparte esa interpretación, por lo que ha dicho que se trabajará con él para armonizar criterios jurídicos. Con la reforma, o con la comisión si llega a activarse, el concejal ha indicado que querrían lograr comparecencias que aclaren el nivel de participación de cada responsable.
Posibles escenarios si la empresa reclama
Abaurrea ha advertido de que no quiere anticiparse a los escenarios futuros. Ha señalado que, si la empresa se encuentra con la puerta cerrada en el Ayuntamiento, podría acudir a la vía civil contra quienes comprometieron el pago a título personal o contra la promotora de las obras, a la que, según el informe, había que haber reclamado desde el principio por los perjuicios que su obra ocasionara a terceros. Ha añadido que, si finalmente la empresa lograra una resolución favorable en vía administrativa o contencioso-administrativa y el Ayuntamiento tuviera que pagar, se abriría la puerta a reclamaciones patrimoniales personales.
Preguntado por si el Ayuntamiento estudia reclamar a la promotora, ha respondido que lo analizará con las letradas, aunque ha apuntado que, a su entender, si no hay obligación de pagar, es la empresa la que debe decidir si acude a la promotora.
El portavoz de EH Bildu y concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha explicado este lunes que el nuevo informe elaborado por las letradas municipales concluye que la puesta a disposición gratuita de plazas de aparcamiento a vecinos y empresas de los chalets de Media Luna, durante las obras de Salesianos, es nula, irregular y carece de amparo legal. Abaurrea ha dado cuenta de estas conclusiones en respuesta a las preguntas de los periodistas, tras abordar el asunto en la reunión del gobierno municipal.
Según ha señalado, el informe sostiene que no ha quedado demostrado que existiera un interés general que justificara la actuación y que tampoco opera en este caso el llamado enriquecimiento injusto, la figura que obliga a una administración a pagar un servicio recibido aunque se haya contratado de forma ilegal. En consecuencia, el Ayuntamiento no tendría obligación de abonar a la empresa la factura pendiente, que Abaurrea ha cifrado en algo más de 9.000 euros tras una pequeña corrección del propio informe. El concejal ha precisado que esa es la conclusión del documento y que queda por ratificar, y ha recordado que la empresa se ha mantenido firme en su petición de pago y conserva abiertas las vías de recurso.
Un expediente sin cobertura administrativa
El concejal ha explicado que, tras el informe inicial, se tomaron declaraciones a las partes, se aprobó un decreto de Alcaldía con una serie de consideraciones y se dio un nuevo trámite de alegaciones antes de llegar al informe actual. Ha subrayado que el coste de este procedimiento interno ha sido cero hasta el momento, ya que solo ha intervenido personal funcionario del Ayuntamiento.
Abaurrea ha asegurado que quienes comprometieron el pago, dos direcciones de área y dos concejalías, una de cuyas titulares sigue en activo en el Ayuntamiento, no actuaron atendiendo al interés general ni tramitaron un expediente. Tampoco consta, ha señalado, el visto bueno de la Intervención, y ni siquiera se sabe si existía consignación presupuestaria, algo que, a su juicio, hay que presumir que no. En términos políticos, ha calificado aquella decisión de "capricho personal" y ha considerado que se trata de una situación grave que requiere explicación.
Dos vías paralelas: la comisión y el reglamento
El siguiente paso, ha avanzado Abaurrea, será llevar el informe a una comisión para que toda la corporación conozca su contenido y escuche la valoración de las dos juristas que lo han elaborado, incluidas las personas implicadas en el expediente. El gobierno municipal trabajará, según ha dicho, en dos vías a la vez: cerrar este capítulo con las conclusiones del informe, para que se habiliten las derivadas jurídicas que correspondan, y modificar el Reglamento Orgánico del Pleno.
Esta reforma, ha explicado, busca aclarar el ámbito real de las comisiones de investigación. Abaurrea ha defendido que la mayoría municipal quiere que las posibilidades de investigación "no se acaben" al día siguiente de que se vaya un gobierno, algo que ha comparado con "una especie de amnistía". Ha sostenido que, cuando los hechos se conocen durante un mandato, es razonable investigarlos en ese mismo mandato, aunque correspondan al gobierno anterior. Ha reconocido que existe un informe del secretario municipal que no comparte esa interpretación, por lo que ha dicho que se trabajará con él para armonizar criterios jurídicos. Con la reforma, o con la comisión si llega a activarse, el concejal ha indicado que querrían lograr comparecencias que aclaren el nivel de participación de cada responsable.
Posibles escenarios si la empresa reclama
Abaurrea ha advertido de que no quiere anticiparse a los escenarios futuros. Ha señalado que, si la empresa se encuentra con la puerta cerrada en el Ayuntamiento, podría acudir a la vía civil contra quienes comprometieron el pago a título personal o contra la promotora de las obras, a la que, según el informe, había que haber reclamado desde el principio por los perjuicios que su obra ocasionara a terceros. Ha añadido que, si finalmente la empresa lograra una resolución favorable en vía administrativa o contencioso-administrativa y el Ayuntamiento tuviera que pagar, se abriría la puerta a reclamaciones patrimoniales personales.
Preguntado por si el Ayuntamiento estudia reclamar a la promotora, ha respondido que lo analizará con las letradas, aunque ha apuntado que, a su entender, si no hay obligación de pagar, es la empresa la que debe decidir si acude a la promotora.