La Dirección General de Vivienda de Navarra ha lanzado el lunes una convocatoria de ayudas para la demolición de edificios en situación de ruina o riesgo estructural. Las ayudas, dirigidas a entidades locales, suman un total de 539.000 euros y podrán solicitarse desde el sábado 28 de octubre hasta el lunes 6 de noviembre, con el fin de liberar suelo para viviendas protegidas.
Estas ayudas se integran en las estrategias del Gobierno de Navarra para aumentar el parque de vivienda social y asequible, especialmente en áreas rurales. Según la Estrategia de Vivienda Rural, el 90% de los municipios rurales considera la escasez de vivienda de alquiler un problema grave, lo que subraya la necesidad de estas iniciativas.
Objetivo: Incrementar el parque público
Las entidades locales de Navarra, junto con sus organismos autónomos y sociedades mercantiles de titularidad pública, podrán beneficiarse de estas ayudas. Los beneficiarios deben tener competencias en promoción de vivienda o gestión urbanística y ser propietarios de los inmuebles a demoler, siempre y cuando el suelo liberado se destine a viviendas protegidas.
El límite máximo por entidad beneficiaria es de 30.000 euros. La financiación cubrirá hasta el 50% del coste subvencionable, extendiéndose al 70% en municipios incluidos en la Estrategia de Vivienda Rural, y al 60% en áreas de rehabilitación preferente. Este esquema busca priorizar las zonas con mayor necesidad de intervención.
Las ayudas se asignarán mediante evaluación individualizada, siguiendo el orden de presentación de solicitudes hasta agotar el presupuesto. Las propuestas deben contemplar la demolición total o parcial de inmuebles públicos en suelo residencial, con el compromiso de construir viviendas protegidas en el terreno resultante.
Condiciones de financiación
En términos de temporalidad, las actuaciones deben ejecutarse total o parcialmente en 2026. También se aceptarán proyectos iniciados a partir del 1 de julio de 2025, siempre que parte de la ejecución ocurra en 2026 y finalicen ese año. Excepcionalmente, las obras iniciadas en 2026 podrán concluir hasta el 31 de marzo de 2027, si las circunstancias lo requieren.
La Dirección General de Vivienda de Navarra ha lanzado el lunes una convocatoria de ayudas para la demolición de edificios en situación de ruina o riesgo estructural. Las ayudas, dirigidas a entidades locales, suman un total de 539.000 euros y podrán solicitarse desde el sábado 28 de octubre hasta el lunes 6 de noviembre, con el fin de liberar suelo para viviendas protegidas.
Estas ayudas se integran en las estrategias del Gobierno de Navarra para aumentar el parque de vivienda social y asequible, especialmente en áreas rurales. Según la Estrategia de Vivienda Rural, el 90% de los municipios rurales considera la escasez de vivienda de alquiler un problema grave, lo que subraya la necesidad de estas iniciativas.
Objetivo: Incrementar el parque público
Las entidades locales de Navarra, junto con sus organismos autónomos y sociedades mercantiles de titularidad pública, podrán beneficiarse de estas ayudas. Los beneficiarios deben tener competencias en promoción de vivienda o gestión urbanística y ser propietarios de los inmuebles a demoler, siempre y cuando el suelo liberado se destine a viviendas protegidas.
El límite máximo por entidad beneficiaria es de 30.000 euros. La financiación cubrirá hasta el 50% del coste subvencionable, extendiéndose al 70% en municipios incluidos en la Estrategia de Vivienda Rural, y al 60% en áreas de rehabilitación preferente. Este esquema busca priorizar las zonas con mayor necesidad de intervención.
Las ayudas se asignarán mediante evaluación individualizada, siguiendo el orden de presentación de solicitudes hasta agotar el presupuesto. Las propuestas deben contemplar la demolición total o parcial de inmuebles públicos en suelo residencial, con el compromiso de construir viviendas protegidas en el terreno resultante.
Condiciones de financiación
En términos de temporalidad, las actuaciones deben ejecutarse total o parcialmente en 2026. También se aceptarán proyectos iniciados a partir del 1 de julio de 2025, siempre que parte de la ejecución ocurra en 2026 y finalicen ese año. Excepcionalmente, las obras iniciadas en 2026 podrán concluir hasta el 31 de marzo de 2027, si las circunstancias lo requieren.
