La vicepresidenta y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha presentado este viernes en el Parlamento de Navarra, a petición propia, los resultados de la encuesta de percepción sobre vivienda encargada por el Gobierno foral a la empresa CIES. La comparecencia, celebrada en comisión, ha derivado en un duro cruce entre los grupos de la oposición y los que sustentan al Ejecutivo por la oportunidad de presentar el estudio con las elecciones ya convocadas. UPN ha anunciado que pedirá ante la Junta Electoral un expediente sancionador contra la consejera, y el PP ha asegurado que denunciará el caso «donde corresponda».
Los resultados que ha presentado la consejera
Alfaro ha explicado que el estudio se encargó antes del verano, que el trabajo de campo se hizo en septiembre con 803 personas encuestadas, por teléfono y por internet, y con un margen de error del 3,4%, y que los resultados se entregaron al departamento el viernes 2 de octubre, 72 horas antes del anuncio oficial de la convocatoria electoral. Ha defendido que consideraba imprescindible darlos a conocer al Parlamento como expresión de la voluntad popular, y ha precisado que las encuestas de percepción no sustituyen a los datos de oferta, demanda y precios.
Según los datos expuestos, el 78% de los encuestados considera acertado poner tope a los precios del alquiler, frente al 21% que se opone, un apoyo que sube al 88% entre quienes viven de alquiler. El 80% apoya regular el alquiler de habitaciones, el 78% los contratos de temporada y el 83% la nueva modalidad de alquiler asequible. El 82% cree que la calificación de la vivienda protegida de alquiler debe mantenerse de forma permanente, y el 81% opina lo mismo para la de compra. Un 88% rechaza que los fondos de inversión sean propietarios de vivienda protegida, el 74% se muestra favorable a una constructora pública, el 72% a una inmobiliaria pública y el 70% a prohibir comprar una vivienda sin intención de residir en ella. El 67% respalda además topes a los precios de compraventa y el 56% más impuestos a las viviendas vacías.
La consejera ha subrayado que el 77% de los encuestados vive en una vivienda en propiedad, lo que a su juicio demuestra que hay una mayoría que piensa en el bien común incluso en contra de sus intereses económicos. Entre los datos que ha calificado de mejorables, ha citado que solo el 34% conoce la bolsa de alquiler del Gobierno de Navarra. También ha señalado que el 57% considera la vivienda un lugar para residir, el 42% un lugar para residir y un producto de inversión y apenas el 1% exclusivamente un producto de inversión.
UPN: «una encuesta sesgada» y posible vulneración de la ley electoral
El portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha negado que la encuesta exprese la voluntad de los navarros, que, ha dicho, «se expresa en una urna», y la ha calificado de sesgada y encargada para justificar posiciones partidistas. Ha considerado un hecho inédito que el Gobierno encargue y financie un estudio sobre sus propias medidas y lo presente en el Parlamento ya iniciado el periodo electoral. Ha recordado que la consejera solicitó el 6 de octubre que la comparecencia fuera urgente, y que su grupo pidió sin éxito aplazarla.
Según ha sostenido, la comparecencia vulnera el artículo 50.2 de la ley electoral, que prohíbe actos financiados por los poderes públicos con alusiones a logros desde la convocatoria de elecciones, por lo que ha anunciado que instará ante la Junta Electoral un expediente sancionador contra la consejera.
PSN, EH Bildu y Geroa Bai valoran los datos
El portavoz socialista, Kevin Lucero, ha agradecido a la consejera el encargo y ha afirmado que la encuesta, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,46%, es un trabajo serio que muestra la distancia entre el discurso de la derecha y lo que piensa la ciudadanía. Ha realizado un ejercicio de extrapolación, que él mismo ha admitido hipotético porque la encuesta no preguntó por el recuerdo de voto, según el cual más de 100.000 votantes de UPN y PP estarían en contra de que los fondos de inversión sean propietarios de vivienda protegida. Ha reprochado a ambos partidos haber votado en contra de las principales medidas de vivienda de la legislatura y ha defendido la necesidad de construir más sin renunciar a regular.
Por EH Bildu, Mikel Zabaleta ha considerado que el verdadero interés electoral es evitar que se hable de los resultados. Ha citado datos del Observatorio de la Vivienda según los cuales en el segundo trimestre de 2026 el alquiler bajó un 5,3% en la zona tensionada y subió un 4,7% fuera de ella, y ha defendido que se avance con más ambición, incluida su moción para declarar tensionada toda Navarra. Ha preguntado a la consejera qué medidas prevé para dar a conocer la bolsa de alquiler, qué se ha hecho con la moción aprobada en junio de 2024 sobre un plan de comunicación, y qué opina de la VPO rural y de extender la declaración de zona tensionada.
La parlamentaria de Geroa Bai, Miren Itxaso Soto, ha valorado el esfuerzo de consultar a la ciudadanía, aunque ha considerado la muestra «un poco justa» y ha echado en falta una pregunta abierta sobre qué políticas conoce la gente. Ha destacado que las mujeres, los mayores de 65 años y la zona de montaña apoyan más las medidas, y que entre los jóvenes el 53% considera la vivienda también un producto de inversión. Ha preguntado si el departamento ha explorado alguna vía para avanzar en una constructora pública.
PP: «no es una encuesta neutral»
La parlamentaria del PP María Isabel García Malo ha afirmado que el problema es el uso electoral de un estudio financiado con recursos públicos que, a su juicio, solo mide la aceptación de las medidas del Gobierno. Ha anunciado que su grupo lo denunciará donde corresponda. Ha sostenido que la principal preocupación de los navarros es la vivienda y ha citado más de 26.000 solicitantes en el registro de vivienda protegida, que la vivienda pública cubre el 3% de la oferta y que los contratos de alquiler han caído un 44% desde que se aprobaron los topes. Ha defendido más vivienda pública, colaboración público-privada y seguridad jurídica, y ha justificado el recurso de su partido contra la ley foral de prórroga de calificaciones, que ha vinculado a la retroactividad, como «tan legítimo y tan democrático» como aprobarla.
Contigo-Zurekin: «las matemáticas no mienten»
El parlamentario de Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa Daniel López Córdoba ha criticado que la derecha no haya hablado del contenido de la encuesta. Ha defendido que el estudio se encargó meses antes de conocerse la convocatoria electoral, y que muchas preguntas se refieren a medidas que el Gobierno no ha adoptado, por lo que no son una valoración de su acción. Con su propia extrapolación a partir de los resultados de 2023, ha concluido que una mayoría de votantes de UPN, PP y Vox respaldaría varias de las medidas. Ha añadido que, del 24% que no se mostró de acuerdo con el servicio de mediación, un 15% corresponde a personas que no lo conocen.
La respuesta de Alfaro y un segundo turno tenso
La consejera ha respondido que se han realizado charlas en municipios para difundir la bolsa de alquiler durante 2026 y que está previsto hacerlas de forma permanente en 2027. Se ha mostrado a favor de una VPO rural y ha asegurado que nunca se ha opuesto a ampliar la declaración de zona tensionada, algo que, ha dicho, ahora es más viable porque se ha consolidado el Observatorio de la Vivienda. Ha acusado a UPN y PP de querer «embarrar» los resultados y de no querer hablar de lo que opinan los navarros, y ha recalcado que 30 de los 50 parlamentarios respaldan las políticas del Gobierno.
Tras un receso, el segundo turno ha vuelto a generar fricciones. Sánchez de Muniáin y la presidenta de la comisión, Olga Chueca, han discutido sobre el alcance del turno de palabra. Lucero ha calificado las posiciones de la derecha de «antisociales» y ha preguntado a la consejera si seguirá trabajando para tener vivienda asequible, y López Córdoba ha pedido disculpas a Soto por haber interpretado mal una de sus frases. Alfaro ha cerrado asegurando que existe «la más firme convicción y voluntad» de seguir regulando el mercado de la vivienda y ha expresado su deseo de seguir contando con el apoyo del arco progresista.
La vicepresidenta y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha presentado este viernes en el Parlamento de Navarra, a petición propia, los resultados de la encuesta de percepción sobre vivienda encargada por el Gobierno foral a la empresa CIES. La comparecencia, celebrada en comisión, ha derivado en un duro cruce entre los grupos de la oposición y los que sustentan al Ejecutivo por la oportunidad de presentar el estudio con las elecciones ya convocadas. UPN ha anunciado que pedirá ante la Junta Electoral un expediente sancionador contra la consejera, y el PP ha asegurado que denunciará el caso «donde corresponda».
Los resultados que ha presentado la consejera
Alfaro ha explicado que el estudio se encargó antes del verano, que el trabajo de campo se hizo en septiembre con 803 personas encuestadas, por teléfono y por internet, y con un margen de error del 3,4%, y que los resultados se entregaron al departamento el viernes 2 de octubre, 72 horas antes del anuncio oficial de la convocatoria electoral. Ha defendido que consideraba imprescindible darlos a conocer al Parlamento como expresión de la voluntad popular, y ha precisado que las encuestas de percepción no sustituyen a los datos de oferta, demanda y precios.
Según los datos expuestos, el 78% de los encuestados considera acertado poner tope a los precios del alquiler, frente al 21% que se opone, un apoyo que sube al 88% entre quienes viven de alquiler. El 80% apoya regular el alquiler de habitaciones, el 78% los contratos de temporada y el 83% la nueva modalidad de alquiler asequible. El 82% cree que la calificación de la vivienda protegida de alquiler debe mantenerse de forma permanente, y el 81% opina lo mismo para la de compra. Un 88% rechaza que los fondos de inversión sean propietarios de vivienda protegida, el 74% se muestra favorable a una constructora pública, el 72% a una inmobiliaria pública y el 70% a prohibir comprar una vivienda sin intención de residir en ella. El 67% respalda además topes a los precios de compraventa y el 56% más impuestos a las viviendas vacías.
La consejera ha subrayado que el 77% de los encuestados vive en una vivienda en propiedad, lo que a su juicio demuestra que hay una mayoría que piensa en el bien común incluso en contra de sus intereses económicos. Entre los datos que ha calificado de mejorables, ha citado que solo el 34% conoce la bolsa de alquiler del Gobierno de Navarra. También ha señalado que el 57% considera la vivienda un lugar para residir, el 42% un lugar para residir y un producto de inversión y apenas el 1% exclusivamente un producto de inversión.
UPN: «una encuesta sesgada» y posible vulneración de la ley electoral
El portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha negado que la encuesta exprese la voluntad de los navarros, que, ha dicho, «se expresa en una urna», y la ha calificado de sesgada y encargada para justificar posiciones partidistas. Ha considerado un hecho inédito que el Gobierno encargue y financie un estudio sobre sus propias medidas y lo presente en el Parlamento ya iniciado el periodo electoral. Ha recordado que la consejera solicitó el 6 de octubre que la comparecencia fuera urgente, y que su grupo pidió sin éxito aplazarla.
Según ha sostenido, la comparecencia vulnera el artículo 50.2 de la ley electoral, que prohíbe actos financiados por los poderes públicos con alusiones a logros desde la convocatoria de elecciones, por lo que ha anunciado que instará ante la Junta Electoral un expediente sancionador contra la consejera.
PSN, EH Bildu y Geroa Bai valoran los datos
El portavoz socialista, Kevin Lucero, ha agradecido a la consejera el encargo y ha afirmado que la encuesta, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,46%, es un trabajo serio que muestra la distancia entre el discurso de la derecha y lo que piensa la ciudadanía. Ha realizado un ejercicio de extrapolación, que él mismo ha admitido hipotético porque la encuesta no preguntó por el recuerdo de voto, según el cual más de 100.000 votantes de UPN y PP estarían en contra de que los fondos de inversión sean propietarios de vivienda protegida. Ha reprochado a ambos partidos haber votado en contra de las principales medidas de vivienda de la legislatura y ha defendido la necesidad de construir más sin renunciar a regular.
Por EH Bildu, Mikel Zabaleta ha considerado que el verdadero interés electoral es evitar que se hable de los resultados. Ha citado datos del Observatorio de la Vivienda según los cuales en el segundo trimestre de 2026 el alquiler bajó un 5,3% en la zona tensionada y subió un 4,7% fuera de ella, y ha defendido que se avance con más ambición, incluida su moción para declarar tensionada toda Navarra. Ha preguntado a la consejera qué medidas prevé para dar a conocer la bolsa de alquiler, qué se ha hecho con la moción aprobada en junio de 2024 sobre un plan de comunicación, y qué opina de la VPO rural y de extender la declaración de zona tensionada.
La parlamentaria de Geroa Bai, Miren Itxaso Soto, ha valorado el esfuerzo de consultar a la ciudadanía, aunque ha considerado la muestra «un poco justa» y ha echado en falta una pregunta abierta sobre qué políticas conoce la gente. Ha destacado que las mujeres, los mayores de 65 años y la zona de montaña apoyan más las medidas, y que entre los jóvenes el 53% considera la vivienda también un producto de inversión. Ha preguntado si el departamento ha explorado alguna vía para avanzar en una constructora pública.
PP: «no es una encuesta neutral»
La parlamentaria del PP María Isabel García Malo ha afirmado que el problema es el uso electoral de un estudio financiado con recursos públicos que, a su juicio, solo mide la aceptación de las medidas del Gobierno. Ha anunciado que su grupo lo denunciará donde corresponda. Ha sostenido que la principal preocupación de los navarros es la vivienda y ha citado más de 26.000 solicitantes en el registro de vivienda protegida, que la vivienda pública cubre el 3% de la oferta y que los contratos de alquiler han caído un 44% desde que se aprobaron los topes. Ha defendido más vivienda pública, colaboración público-privada y seguridad jurídica, y ha justificado el recurso de su partido contra la ley foral de prórroga de calificaciones, que ha vinculado a la retroactividad, como «tan legítimo y tan democrático» como aprobarla.
Contigo-Zurekin: «las matemáticas no mienten»
El parlamentario de Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa Daniel López Córdoba ha criticado que la derecha no haya hablado del contenido de la encuesta. Ha defendido que el estudio se encargó meses antes de conocerse la convocatoria electoral, y que muchas preguntas se refieren a medidas que el Gobierno no ha adoptado, por lo que no son una valoración de su acción. Con su propia extrapolación a partir de los resultados de 2023, ha concluido que una mayoría de votantes de UPN, PP y Vox respaldaría varias de las medidas. Ha añadido que, del 24% que no se mostró de acuerdo con el servicio de mediación, un 15% corresponde a personas que no lo conocen.
La respuesta de Alfaro y un segundo turno tenso
La consejera ha respondido que se han realizado charlas en municipios para difundir la bolsa de alquiler durante 2026 y que está previsto hacerlas de forma permanente en 2027. Se ha mostrado a favor de una VPO rural y ha asegurado que nunca se ha opuesto a ampliar la declaración de zona tensionada, algo que, ha dicho, ahora es más viable porque se ha consolidado el Observatorio de la Vivienda. Ha acusado a UPN y PP de querer «embarrar» los resultados y de no querer hablar de lo que opinan los navarros, y ha recalcado que 30 de los 50 parlamentarios respaldan las políticas del Gobierno.
Tras un receso, el segundo turno ha vuelto a generar fricciones. Sánchez de Muniáin y la presidenta de la comisión, Olga Chueca, han discutido sobre el alcance del turno de palabra. Lucero ha calificado las posiciones de la derecha de «antisociales» y ha preguntado a la consejera si seguirá trabajando para tener vivienda asequible, y López Córdoba ha pedido disculpas a Soto por haber interpretado mal una de sus frases. Alfaro ha cerrado asegurando que existe «la más firme convicción y voluntad» de seguir regulando el mercado de la vivienda y ha expresado su deseo de seguir contando con el apoyo del arco progresista.
