Hay verdades que no necesitan el filtro de la diplomacia política ni el cálculo de un equipo de comunicación. Cuando el futbolista Marcos Llorente estalló en sus redes sociales afirmando que «Twitter no es tu trabajo» y que la gestión del transporte público está resultando un desastre, no habló como un deportista; habló como el altavoz de una ciudadanía que ha dicho basta. Expresó una realidad matemática, cruda e insoportable: ya vale, porque es la segunda vez este año y es evidente que quienes nos dirigen no escarmientan.
Lo vivido hoy en las vías de Urda (Toledo), con un brutal choque por alcance donde un tren AVE embistió a un Iryo a más de 100 km/h dejando decenas de víctimas mortales, no puede despacharse como una simple "fatalidad técnica". El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha apresurado a calificar de «inexplicable» la orden humana dictada desde el centro de control de Adif que permitió al AVE reanudar la marcha en modo normal a pesar de que el sistema informático de seguridad LZB estaba caído y la vía, lógicamente, ocupada. Dicen que errar es humano, pero encadenar negligencias sistémicas cuando hay vidas en juego es una responsabilidad política directa.
Porque la memoria de los usuarios no es tan corta como las agendas de los ministerios. Hoy nos enfrentamos a la segunda gran tragedia ferroviaria de alta velocidad en menos de diez meses. El pasado 18 de enero, el choque de trenes en Adamuz (Córdoba) ya abrió una herida profunda con 46 fallecidos. Aquello se catalogó como el primer gran choque de la red de alta velocidad española en el siglo XXI. Nueve meses después, lejos de blindar los protocolos, de aprender de los errores y de extremar las precauciones cuando caen los sistemas automáticos, la historia se repite con un balance aún más desolador. No han escarmentado.
El verdadero problema radica en la desconexión total entre la realidad y la gestión. Mientras la red ferroviaria languidece entre retrasos diarios, averías recurrentes y una evidente falta de mantenimiento técnico, el debate público se desvía hacia el tuit irónico de turno, el chascarrillo digital o el mitin improvisado. Se gestiona de cara a la pantalla y de espaldas a los andenes. El presidente del Gobierno ha salido a declarar que «dos accidentes en un mismo año no son asumibles para España». Tiene toda la razón. Lo que falta por ver es si esa falta de asunción se traducirá en ceses, dimisiones y un cambio radical de prioridades, o si —como bien vaticinaban las palabras de Llorente en su publicación— se volverá a activar la maquinaria de la distracción para echarle la culpa a otro.
Viajar en tren en este país era sinónimo de seguridad y vanguardia. Hoy, verter condolencias oficiales en redes sociales ya no es suficiente. Ya vale de excusas, ya vale de parches y ya vale de frivolidad. La seguridad pública exige responsabilidades al más alto nivel, seriedad y, sobre todo, el respeto que se merecen las víctimas y un país que se niega a normalizar la tragedia en sus vías de tren.
Hay verdades que no necesitan el filtro de la diplomacia política ni el cálculo de un equipo de comunicación. Cuando el futbolista Marcos Llorente estalló en sus redes sociales afirmando que «Twitter no es tu trabajo» y que la gestión del transporte público está resultando un desastre, no habló como un deportista; habló como el altavoz de una ciudadanía que ha dicho basta. Expresó una realidad matemática, cruda e insoportable: ya vale, porque es la segunda vez este año y es evidente que quienes nos dirigen no escarmientan.
Lo vivido hoy en las vías de Urda (Toledo), con un brutal choque por alcance donde un tren AVE embistió a un Iryo a más de 100 km/h dejando decenas de víctimas mortales, no puede despacharse como una simple "fatalidad técnica". El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha apresurado a calificar de «inexplicable» la orden humana dictada desde el centro de control de Adif que permitió al AVE reanudar la marcha en modo normal a pesar de que el sistema informático de seguridad LZB estaba caído y la vía, lógicamente, ocupada. Dicen que errar es humano, pero encadenar negligencias sistémicas cuando hay vidas en juego es una responsabilidad política directa.
Porque la memoria de los usuarios no es tan corta como las agendas de los ministerios. Hoy nos enfrentamos a la segunda gran tragedia ferroviaria de alta velocidad en menos de diez meses. El pasado 18 de enero, el choque de trenes en Adamuz (Córdoba) ya abrió una herida profunda con 46 fallecidos. Aquello se catalogó como el primer gran choque de la red de alta velocidad española en el siglo XXI. Nueve meses después, lejos de blindar los protocolos, de aprender de los errores y de extremar las precauciones cuando caen los sistemas automáticos, la historia se repite con un balance aún más desolador. No han escarmentado.
El verdadero problema radica en la desconexión total entre la realidad y la gestión. Mientras la red ferroviaria languidece entre retrasos diarios, averías recurrentes y una evidente falta de mantenimiento técnico, el debate público se desvía hacia el tuit irónico de turno, el chascarrillo digital o el mitin improvisado. Se gestiona de cara a la pantalla y de espaldas a los andenes. El presidente del Gobierno ha salido a declarar que «dos accidentes en un mismo año no son asumibles para España». Tiene toda la razón. Lo que falta por ver es si esa falta de asunción se traducirá en ceses, dimisiones y un cambio radical de prioridades, o si —como bien vaticinaban las palabras de Llorente en su publicación— se volverá a activar la maquinaria de la distracción para echarle la culpa a otro.
Viajar en tren en este país era sinónimo de seguridad y vanguardia. Hoy, verter condolencias oficiales en redes sociales ya no es suficiente. Ya vale de excusas, ya vale de parches y ya vale de frivolidad. La seguridad pública exige responsabilidades al más alto nivel, seriedad y, sobre todo, el respeto que se merecen las víctimas y un país que se niega a normalizar la tragedia en sus vías de tren.
