El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves con los votos en contra de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin y los votos a favor de VOX y la parlamentaria no adscrita, una moción para instar a la Cámara a "reafirmar que Ceuta y Melilla son irrevocablemente España y que su soberanía no es negociable ni está sometida a discusión; y que cualquier ataque contra cualquiera de estas ciudades españolas constituye un ataque contra toda España".
La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba al Legislativo Foral a "condenar la invasión y el ataque mediante actos de guerra híbrida por parte del reino de Marruecos contra España e instar al Gobierno de España a exigir a dicho Estado una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto a la soberanía, integridad territorial y fronteras españolas, así como a exigir el cese inmediato de cualquier actuación, reivindicación o presión contra España".
En un tercer apartado, se exhortaba a "condenar la actuación del Gobierno de España, que a pesar de haber sido alertado por parte de los distintos servicios de información decidió no actuar para evitar y repeler la agresión marroquí, y que en lugar de defender nuestra soberanía ha sido cómplice de la agresión del reino de Marruecos contra la ciudad española de Ceuta".
En ese sentido, se conminaba a "manifestar que, a juicio del Parlamento de Navarra, concurren los presupuestos constitucionales y legales previstos en el artículo 102.2 de la Constitución para plantear la acusación por delito de traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones contra Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y los demás miembros del Ejecutivo".
Asimismo, se apremiaba al Gobierno de Navarra a trasladar al Gobierno de España la posición favorable del Pleno a "mantener, durante todo el tiempo que resulte necesario, la presencia, el despliegue y la actuación permanente de las Fuerzas Armadas en la defensa de las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta y Melilla; reforzar e incrementar sus efectivos, medios, capacidades e infraestructuras militares; y aprobar los planes de contingencia, protocolos de actuación y reglas de enfrentamiento jurídicamente procedentes para hacer frente a agresiones convencionales, híbridas o instrumentales".
Igualmente, se urgía al Ejecutivo Foral a comunicar al Gobierno de España la posición favorable del Pleno a "reforzar permanentemente en Ceuta y Melilla a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dotándolos de los efectivos y de todos los medios materiales, tecnológicos y jurídicos necesarios para impedir cualquier nuevo acto de agresión contra Ceuta".
De manera análoga, se invitaba al Gobierno de Navarra a manifestar al Ejecutivo central la posición favorable del Pleno a "proceder a la inmediata devolución de todas las personas que participaron en la agresión marroquí que empujó a más de 100.000 personas a asaltar nuestra frontera e invadir la ciudad de Ceuta así como exigir a Marruecos la readmisión efectiva de todas estas personas; y promover las reformas de la legislación española, de la normativa europea y de los convenios aplicables que resulten necesarias para hacer efectivas dichas devoluciones y proteger la soberanía y la seguridad nacional".
Además, se compelía al Gobierno de Navarra a comunicar al Ejecutivo central la posición favorable del Pleno a "mantener cerrados los pasos fronterizos con Marruecos mientras no existan garantías públicas, suficientes, verificables y efectivas de que una agresión semejante no volverá a producirse; y reforzar las fronteras de Ceuta. Y a promover las demás acciones políticas y judiciales que procedan contra cualesquiera de los cargos públicos, gobernantes, organizaciones no gubernamentales, entidades o personas que hubieran organizado, financiado, facilitado, encubierto o colaborado conscientemente con la invasión".
También se proponía al Gobierno de Navarra hacer saber al Ejecutivo central la posición favorable del Pleno a "adoptar las medidas necesarias para suspender de inmediato la aplicación del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos, de 4 de julio de 1991, de no producirse una inmediata, expresa y verificable rectificación de las actuaciones hostiles, de las reivindicaciones territoriales o de cualquier otro ataque contra la soberanía, la seguridad o los intereses nacionales de España".
Por otra parte, se instaba al Gobierno de la Nación a "convocar al Embajador del Reino de Marruecos en España, al objeto de trasladar la queja correspondiente y reafirmar la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, así como la voluntad de nuestro país de defender nuestra integridad territorial con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado". También a "llamar a consultas al embajador de España ante el Reino de Marruecos. Y en el caso de persistir la situación de invasión y ataque a la soberanía nacional, así como las declaraciones de las autoridades marroquíes que atacan la integridad territorial de nuestro país, retirar al embajador de España en Rabat y expulsar al embajador del Reino de Marruecos en Madrid".
Al hilo de lo apuntado, se encomendaba al Gobierno de Navarra hacer saber al Gobierno de España la posición favorable del Pleno a "subordinar cualquier relación futura con Marruecos a los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de la integridad territorial. Y de no producirse la rectificación exigida, proceder a la suspensión y denuncia de los restantes acuerdos bilaterales de cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática con Marruecos, sin perjuicio de exigir el íntegro cumplimiento de las obligaciones de readmisión".
En ese marco, se proponía al Gobierno de Navarra comunicar al Ejecutivo central la posición favorable del Pleno a "adoptar las sanciones, contramedidas y demás medidas de respuesta procedentes frente a la invasión; suspender toda ayuda, subvención o financiación pública española a Marruecos; promover ante la Unión Europea la suspensión o revisión del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación con Marruecos, de 26 de febrero de 1996, y los restantes acuerdos, fondos, ayudas y preferencias de que disfrute Marruecos mientras no respete plenamente la soberanía y las fronteras españolas y no acepte las devoluciones acordadas por las autoridades españolas; reclamar de la UE y de la OTAN un respaldo efectivo a la defensa de la soberanía, la integridad territorial y las fronteras españolas; y activar los instrumentos europeos y aliados que resulten procedentes para condenar y responder a la instrumentalización de la inmigración y otras formas de presión, coerción o guerra híbrida contra España".
Por último, se emplazaba al Legislativo Foral a "manifestar el total apoyo y la plena solidaridad con las familias españolas de Ceuta y Melilla, así como el reconocimiento a los militares, guardias civiles, policías y demás servidores públicos destinados en Ceuta que han afrontado la invasión de la ciudad; e instar al Gobierno de Navarra para que, a su vez, inste al Gobierno de España a manifestar la posición favorable del Pleno del Parlamento de Navarra a adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para restablecer plenamente la normalidad y la convivencia alteradas desde hace demasiado tiempo, garantizando la seguridad y la libertad de los españoles residentes en Ceuta, restableciendo la actividad económica, educativa y social y el funcionamiento de la sanidad y de los demás servicios públicos colapsados en Ceuta, y asegurando que ninguna ciudad española vuelva a quedar sometida al caos, la violencia, el miedo o a una situación semejante".
El PPN presentó una enmienda in voce de sustitución, no aceptada por VOX, titular de la iniciativa, con diferencias de matiz dirigidas, entre otros aspectos, a plantear la vía penal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delito de traición; solicitar el inicio de acciones judiciales contra cargos públicos, gobernantes, ONG o entidades que hayan "facilitado, encubierto o colaborado con la invasión"; introducir una serie de medidas de presión internacional a nivel de suspensión de tratados y acuerdos, además de revisión de fondos y ayudas en el marco de la UE; reforzar con carácter permanente a la Policía Nacional y la Guardia Civil; y restablecer con urgencia los servicios públicos colapsados.
En su intervención, el portavoz de VOX ha calificado de "traidor" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la gestión de los hechos y ha criticado con dureza que el Ejecutivo foral se haya ofrecido a acoger menores no acompañados llegados a Ceuta, algo que ha asimilado a una "sustracción de menores" o un "secuestro".
En la exposición de motivos, VOX interpreta la entrada masiva a Ceuta de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos como "una invasión, un ataque de guerra híbrida contra la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de España, mediante la utilización deliberada de la inmigración como instrumento de presión, coerción y confrontación".
