El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha señalado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, y a preguntas de la propia magistrada, que no recibió indicación o recomendación alguna en el sentido de permitir o prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid.
Durante su declaración como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, el dirigente socialista -es secretario general del PSOE en Madrid-, ha contestado a las preguntas que le han realizado todas las partes presentes en la diligencia judicial, reiterando en varias ocasiones que él no es competente en materia de sanidad, por lo que nunca tuvo a su disposición información sobre la evolución del covid-19.
Al término de su declaración ante la magistada, y a preguntas de los numerosos periodistas que le esperaban a la puerta del edificio de los juzgados de Madrid, el delegado del Gobierno ha señalado que «no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental» como era el de manifestación feminista, y su actuación como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue con arreglo a la ley y a las recomendaciones de los expertos en la evolución del covid-19.
A Franco le acusan varias acciones populares en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio.
La comparecencia tiene lugar o un día después de que titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 inadmitiera los recursos presentados por la Abogacía del Estado -que ejerce la defensa de Franco- y la Fiscalía y rechazara anular la causa, tal y como éstas habían solicitado al no ver indicios de delito en su actuación.
