Agentes de la Policía Nacional han detenido a 24 personas como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a defraudar ayudas públicas destinadas al tejido empresarial. El operativo, desarrollado principalmente en la provincia de Murcia, ha permitido desarticular un entramado que habría obtenido más de 1.500.000 euros mediante la concesión fraudulenta de créditos y préstamos dirigidos a PYMES y autónomos.
El fraude a través de sociedades instrumentales y facturación falsa
La investigación comenzó en abril de 2025 tras la denuncia de uno de los entes públicos perjudicados. Los agentes acreditaron que el grupo utilizaba 57 sociedades sin actividad real que aparentaban solvencia mediante facturación cruzada entre ellas. Una vez obtenidos los fondos públicos, los investigados simulaban un elevado volumen de negocio para justificar la financiación. Al llegar el vencimiento de la devolución, las empresas eran declaradas en concurso de acreedores, derivando en quiebras ficticias para eludir el pago de la deuda.
Blanqueo de capitales y cuentas bancarias en el extranjero
La organización mantenía una estructura piramidal liderada por cuatro personas —un matrimonio y dos varones— que controlaban un complejo sistema de blanqueo de capitales. Durante las pesquisas se analizaron hasta 234 cuentas bancarias utilizadas para mover el dinero y transferir capital al exterior. Parte de la red se encargaba de reclutar testaferros y falsificar la documentación necesaria para acceder a las subvenciones.
Los cabecillas de la red ostentaban un alto nivel de vida en redes sociales, financiando viajes y el alquiler de vehículos de lujo por valor de 400.000 euros. Además, la Policía Nacional detectó el desvío de 600.000 euros para la compra de un chalet en Murcia y otros 430.000 euros destinados a la adquisición de apartamentos en República Dominicana.
Intervención de activos y registros en la provincia de Murcia
En la fase final de la operación, se realizaron tres registros domiciliarios donde se intervinieron cinco vehículos, siete lingotes de oro, tres relojes de alta gama y más de 13.200 euros en efectivo. De forma paralela, la autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de 112 cuentas bancarias y un inmueble unifamiliar.
Los arrestados han pasado a disposición judicial acusados de delitos de organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, en lo que supone un golpe contundente contra el fraude en la administración pública.
