La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha criticado con dureza la inacción del Ejecutivo al no llevar al Consejo de Ministros el Real Decreto-ley de vivienda, anunciado públicamente el pasado 29 de junio para el mes de julio y postergado a septiembre por la búsqueda de apoyos parlamentarios. Pese a que en la reunión del 8 de septiembre se trataron otras cuestiones del sector, la regulación comprometida para frenar la subida de precios continúa paralizada.
Desde el colectivo consideran "inadmisible" priorizar los tiempos políticos frente a la que ya es la principal preocupación de la ciudadanía según el barómetro del CIS. La organización denuncia que el retraso agrava la precariedad habitacional y obliga a las familias trabajadoras a destinar un porcentaje excesivo de sus salarios al pago del arrendamiento, corriendo el riesgo de ser expulsadas de sus barrios.
Medidas sobre el mercado de alquiler de vivienda y regulación de precios
Los sindicatos de inquilinas sostienen que la respuesta gubernamental debe ir encaminada a reducir de manera efectiva el importe de las rentas y rechazan que la ley suponga una simple concesión de incentivos fiscales a los arrendadores. Asimismo, exigen al Gobierno central la aprobación inmediata de la norma y la retirada de las modificaciones propuestas para la Ley del Suelo.
Entre las peticiones fundamentales del colectivo destaca la necesidad de garantizar la prórroga de los contratos de alquiler para frenar los desahucios invisibles. Del mismo modo, reclaman regular el alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones, modalidades que en la actualidad se utilizan como vía de escape para esquivar la legislación sobre la vivienda habitual y limitar el rentismo especulativo.
