La presunta estafa impulsada por el propietario de una start up, Diego Valdés actualmente en prisión por estos hechos, alcanzaría a un total de 250 inversores, con un montante de unos 7,7 millones, según la investigación de la Policía Nacional en el marco de la operación "Ardid". Además de Valdés, los agentes detuvieron a una mujer, como autores ambos de un delito de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal y ha desmantelado un entramado basado en la compraventa de criptomonedas. La mujer fue puesta en libertad con cargos.
Según han explicado desde Policía Nacional, el Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial tuvo conocimiento de varios afectados por un posible fraude en inversiones en criptomonedas. Los denunciantes habían confiado su dinero a varias personas para invertirlo en monedas virtuales. Al querer retirar su dinero, o bien les daban todo tipo de excusas para no devolver el importe invertido o simplemente hacían caso omiso a tal requerimiento. Al elevarse el número de denuncias por este hecho, se abrió una investigación, y se pudo saber que, presuntamente, gran parte de los fondos recaudados no eran destinados a inversión en criptomonedas, sino que se utilizaban para atender gastos ordinarios y financiar la empresa de los investigados.
Novedosas herramientas de inteligencia financiera combinadas con técnicas tradicionales de investigación policial
En la investigación se han combinado técnicas de investigación policial tradicional, como el registro llevado a cabo en el domicilio de los dos detenidos donde se ha incautado diversa documentación digital relacionada con la investigación, como innovadoras herramientas de inteligencia financiera relacionadas con las actividades de inversión de criptoactivos. Estas últimas forman parte de la pionera formación continua que reciben los investigadores de Policía Nacional en el ámbito de los delitos cibernéticos y que les ha permitido reconstruir el camino que ha seguido el dinero de algunos de los denunciantes, a fin de comprobar si los fondos han sido invertidos o no en criptomonedas. La combinación de ambas ha dado como resultado la detención de los dos presuntos autores por delito de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal
En septiembre de 2024 el fondo tendría más de 250 inversores con un importe agregado de unos 7,7 millones de euros.
La investigación de la que conoce el Juzgado de Instrucción CUATRO de Pamplona continúa abierta y los investigadores siguen recabando y analizando gran cantidad de datos y recibiendo nuevos testimonios. Los investigadores no descartan que el presunto fraude pueda afectar a un número mucho mayor de personas que todavía no han denunciado.
