La XXIX Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios «Paz y libertad para el Pueblo del Sáhara Occidental», celebrada entre el viernes y el sábado en la sede del Parlamento de Navarra, ha concluido con la aprobación de la denominada «Declaración de Navarra», un manifiesto que renueva el respaldo político e institucional al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia conforme al Derecho Internacional.
El documento respalda expresamente el proceso político auspiciado por Naciones Unidas para alcanzar una solución «justa, duradera y mutuamente aceptable» al conflicto del Sáhara Occidental, e insta al fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos en el territorio.
La Conferencia —que reúne a representantes de distintos parlamentos autonómicos del Estado— ha reiterado su desacuerdo con el cambio de postura del Gobierno de España sobre el conflicto y ha reafirmado el reconocimiento del Frente Polisario como «único y legítimo representante del pueblo saharaui», en línea con su reconocimiento internacional.
Rechazo a la ocupación y exigencias en materia de derechos humanos
En la declaración final, los intergrupos denuncian la «ilegalidad» de la presencia marroquí en el territorio y reclaman el fin de la ocupación, subrayando que el Sáhara Occidental mantiene su condición de territorio no autónomo pendiente de descolonización. Asimismo, recuerdan la consideración de España como potencia administradora «de iure», conforme a resoluciones judiciales internacionales.
El texto solicita además que la misión de la ONU en el territorio, MINURSO, amplíe su mandato para incluir la vigilancia, promoción y protección de los derechos humanos, y pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el nombramiento de un relator especial específico para el Sáhara Occidental.
En este ámbito, se exige la liberación inmediata de los presos políticos saharauis —entre ellos los del grupo de Gdeim Izik— y el fin de las vulneraciones denunciadas en los territorios ocupados. Los participantes también se comprometen a mantener durante 2026 las misiones parlamentarias de observación sobre el terreno.
Recursos naturales y acuerdos comerciales
La Declaración de Navarra rechaza igualmente cualquier acuerdo económico o comercial que afecte al territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui y denuncia el «expolio» de sus recursos naturales. En este sentido, insiste en que cualquier negociación debe realizarse directamente con el Frente Polisario, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El documento subraya también la necesidad de reforzar la cooperación internacional con la población refugiada en los campamentos de Tinduf, en Argelia, así como con la ciudadanía saharaui en los territorios ocupados, e insta a las instituciones españolas a incrementar la ayuda humanitaria y avanzar en el reconocimiento diplomático del Frente Polisario.
Asimismo, se reconoce el papel de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y de las organizaciones sociales solidarias, destacando el impacto de iniciativas de acogida infantil y cooperación educativa desarrolladas desde distintos territorios del Estado.
Sesiones de trabajo y actividades paralelas
Antes de la aprobación del manifiesto, la Conferencia celebró dos sesiones de trabajo con expertos y representantes de entidades solidarias con la causa saharaui, centradas en la situación jurídica del conflicto y en la cooperación internacional.
Entre las actividades paralelas figuró la inauguración de una exposición sobre la visita institucional realizada en mayo de 2024 por representantes del Parlamento de Navarra, el Gobierno foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos a los campamentos de refugiados.
La Conferencia contó con la participación de representantes de diez cámaras autonómicas —entre ellas las de Cantabria, Illes Balears, La Rioja, Cataluña, Asturias, Galicia, País Vasco, Madrid y Canarias— y acordó que la próxima edición, la XXX Conferencia de Intergrupos Parlamentarios, se celebrará en 2027 en Canarias.
El intergrupo anfitrión, coordinado por el parlamentario Carlos Guzmán, integra a representantes de todas las formaciones con presencia en la Cámara foral.
La Declaración de Navarra será remitida a Naciones Unidas, a instituciones europeas y españolas y a las autoridades implicadas, con el objetivo de reforzar la presión política e internacional para alcanzar una solución basada en la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos.
