Barañáin, Burlada, Villava, Huarte, Zizur Mayor, Ansoáin, Noáin, Berriozar, Valle de Egüés y Valle de Aranguren se suman esta semana a los controles sobre Vehículos de Movilidad Personal que Pamplona estrenó en febrero. A partir del próximo lunes, sus policías municipales saldrán a las principales vías, parques y zonas de paso frecuente de patinetes para verificar que estos vehículos cumplen con la normativa vigente.
Qué se controlará
La campaña, que se prolongará durante quince días de forma coordinada entre los diez municipios, tiene tres ejes principales. El primero, y más relevante, es la acreditación del seguro de responsabilidad civil, obligatorio desde enero de este año tras la entrada en vigor de la Ley 5/2025, de 24 de julio, que modificó el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado en 2004. Los agentes también comprobarán que el vehículo figura inscrito en el registro de la DGT y que lleva visible la etiqueta identificativa —la matrícula— exigida por la normativa estatal.
La medida afecta a patinetes eléctricos, segways y monociclos eléctricos, entre otros dispositivos incluidos en la categoría de VMP y Vehículos Personales Ligeros.
Las multas, mucho más caras que el cumplimiento
Circular sin seguro de responsabilidad civil es la infracción más gravosa: puede acarrear una sanción de entre 200 y 800 euros. No tener el vehículo inscrito en la DGT conlleva 100 euros de multa, y la ausencia de matrícula, 80 euros. En todos los casos, la normativa prevé además la inmovilización del VMP y su traslado al depósito municipal, con la tasa correspondiente.
Frente a estas cifras, cumplir con los tres requisitos supone un desembolso total inferior a 75 euros: la inscripción en la DGT cuesta 8,67 euros; la matrícula, 14 euros; y la contratación de un seguro básico ronda los 50 euros.
El modelo Pamplona, extendido a la comarca
La iniciativa replica el esquema que aplicó la Policía Municipal de Pamplona en febrero, cuando los agentes priorizaron la labor informativa sobre la sancionadora para dar a conocer el cambio normativo. En esta ocasión, todos los cuerpos municipales implicados han participado previamente en unas jornadas conjuntas para unificar criterios de actuación.
Más allá de la documentación, la normativa estatal también prohíbe circular por aceras y zonas peatonales, fija una velocidad máxima de 25 km/h y exige las mismas tasas de alcoholemia que al resto de conductores, además de prohibir expresamente circular con presencia de drogas en el organismo.
