El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una resolución por la que emplaza a las instituciones competentes —Gobierno de España, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Delegación del Gobierno en Navarra y Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, entre otras— a dar pasos concretos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia estatal, con el fin de abrir el camino a la justicia y reparación que aún no han llegado.
La resolución salió adelante con los votos favorables de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención del PSN y los votos en contra del PP, el Grupo Mixto y la diputada no adscrita.
Lo que se aprobó y lo que no
Sin embargo, el texto original impulsado por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin iba más lejos. Incluía dos apartados adicionales que no lograron el respaldo necesario: uno para instar al Gobierno de España a reconocer su responsabilidad directa en los crímenes cometidos durante los Sanfermines de 1978 en Pamplona y los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, y otro para reclamar al presidente del Gobierno una declaración oficial al más alto nivel en ese sentido. Ambos fueron rechazados con los votos en contra de UPN, PP, Grupo Mixto y la no adscrita, y la abstención del PSN.
El PSN presentó por su parte una enmienda de sustitución —no aceptada por los grupos proponentes— que reconocía los avances realizados en materia de responsabilidades y animaba al Estado a continuar en esa dirección en el marco de la Ley de Memoria Democrática. La enmienda socialista valoraba también los reconocimientos e indemnizaciones a víctimas de San Fermín-78 impulsados por la Comisión de Reconocimiento de Víctimas establecida en la Ley Foral 16/2019.
Casi 50 años sin investigación oficial
En la exposición de motivos, los grupos proponentes recuerdan que todas las querellas presentadas ante la justicia relacionadas con los sucesos de Vitoria y los Sanfermines del 78 han sido desestimadas y archivadas. Invocan asimismo el trabajo de la Comisión Investigadora de la Ciudad de Pamplona —que reunió a 17 partidos políticos, todos los sindicatos y numerosas asociaciones vecinales de la época— y que concluyó reclamando verdad, reparación y castigo a los culpables.
El texto recuerda además que el Parlamento de Navarra ya exigió en 2018 la desclasificación de los documentos relacionados con aquellos hechos, y que en 2024 respaldó la querella criminal presentada por los familiares de Germán Rodríguez, la plataforma Sanfermines 78: gogoan! y varias personas gravemente heridas en los sucesos.
Los proponentes concluyen subrayando que, pese a la gravedad de unos hechos que rondan ya el medio siglo, no ha habido ni siquiera una investigación oficial mínima orientada a determinar responsabilidades, lo que a su juicio refleja una impunidad total que continúa sin resolverse.
