Cincuenta y ocho familias, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, han esperado años para entrar en unas viviendas protegidas que llevaban terminadas desde 2024 en Barañáin. La razón, según la resolución del Defensor del Pueblo de Navarra, adelantada esta semana por Pamplona Actual no fue solo la empresa constructora: también fue el propio Ayuntamiento.
El PSN-PSOE municipal ha hecho públicas las conclusiones de esa resolución y apunta directamente al equipo de gobierno de UPN, al que acusa de "mala gestión, falta de transparencia y engaño continuado" a los grupos de la oposición.
Una promoción con historia de tropiezos
La promoción arranca en 2019, cuando el Ayuntamiento de Barañáin concertó con la sociedad pública Nasuvinsa la construcción de los 58 pisos. Las obras comenzaron en 2020 y sufrieron una primera paralización por problemas con la empresa constructora. Hasta ahí, un contratiempo fuera del control municipal.
El problema, según los socialistas, llegó después. Una vez reactivado el proyecto, se acumularon retrasos administrativos que el PSN atribuye directamente al consistorio. La resolución del Defensor del Pueblo recoge que algunas solicitudes de documentación remitidas por Nasuvinsa al Ayuntamiento no obtuvieron respuesta. En un caso, la carpeta enviada desde el consistorio llegó vacía.
Dos años esperando un enganche eléctrico
Uno de los episodios que más indigna a los socialistas es el del suministro eléctrico. La compañía encargada del enganche esperó dos años una respuesta del Ayuntamiento, trámite imprescindible para obtener la licencia de ocupación. La situación no se desbloqueó hasta julio de 2025.
La portavoz socialista, Mari Jose Anaut, no esconde su valoración: "Resulta inaceptable que una empresa estuviera esperando durante dos años una respuesta del Ayuntamiento mientras las viviendas permanecían cerradas y decenas de familias seguían esperando una solución habitacional".
"En las comisiones nos decían que todo iba en tiempo y forma"
Lo que más molesta al grupo socialista es que, mientras todo esto ocurría, los grupos municipales no estaban siendo informados de la situación real. Según Anaut, "durante años se nos trasladó en las comisiones que todo se estaba haciendo en tiempo y forma, pero la resolución del Defensor del Pueblo demuestra que se produjeron demoras provocadas por el propio Ayuntamiento".
Las incidencias, añade el PSN, no fueron llevadas ni a la Comisión de Urbanismo ni a la de Hacienda. Solo a partir de 2024, cuando el bloqueo se prolongó sin explicación, el grupo socialista comenzó a preguntar de forma reiterada qué estaba ocurriendo, llegando incluso a proponer medidas para agilizar los trámites.
Exigen responsabilidades políticas
Para el PSN, la resolución del Defensor del Pueblo zanja el debate: hubo "fallos de coordinación y gestión con consecuencias directas para las personas adjudicatarias". Anaut concluye que el equipo de gobierno de UPN "ha engañado de manera continuada a los grupos municipales y ha impedido que 58 familias puedan estar viviendo ya en sus hogares".
Los socialistas exigen responsabilidades políticas y reclaman al equipo de gobierno que actúe "con rigor, transparencia y eficacia para garantizar que el derecho a una vivienda digna no vuelva a verse perjudicado por una gestión municipal deficiente".