El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado en el Palau de la Generalitat los resultados del Plan de Choque contra la Multirreincidencia en Barcelona. En un acto junto al president Salvador Illa, el ministro ha detallado el impacto de las medidas implementadas durante el último año por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento para combatir este fenómeno delictivo mediante el refuerzo de la jurisdicción penal.
Reducción de tiempos procesales y aumento de sentencias penales
Uno de los puntos clave del balance ha sido la mejora en la agilidad judicial. Durante el año 2025, el tiempo de señalamiento de los juicios rápidos en la capital catalana se redujo en cuatro meses. Este avance operativo ha permitido que el número de sentencias dictadas en casos de delincuentes reincidentes aumente significativamente, registrándose 1.380 fallos más que en el ejercicio anterior.
Este incremento en la eficacia procesal responde a la puesta en marcha de 10 unidades judiciales en comisión de servicios y la creación de una plaza de guardia específica para el enjuiciamiento de delitos leves. Según ha explicado Bolaños, el objetivo es consolidar la seguridad como un valor de convivencia ciudadana.
Ampliación de la planta judicial y acceso al sistema SIRAJ
De cara al futuro, el Ministerio ha proyectado el mayor incremento de la planta judicial en la historia reciente, con la creación de 500 nuevas unidades judiciales para el año 2026. De este total, 91 se destinarán a Catalunya y 30 estarán dedicadas exclusivamente a la jurisdicción penal en primera instancia.
Asimismo, la estrategia de seguridad se ha reforzado con la coordinación administrativa. Actualmente, las policías locales de las grandes ciudades ya tienen acceso al sistema SIRAJ. Esta base de datos permite a los agentes consultar los antecedentes penales de un detenido en tiempo real, facilitando la elaboración de atestados precisos que identifiquen la condición de multirreincidente ante el juez.
Reformas en el Código Penal y lucha contra el hurto de móviles
El plan de choque se apoya en una estructura legislativa que ha endurecido las penas para los delitos de hurto y estafas leves. Desde la reforma de 2022, la acumulación de tres delitos de la misma naturaleza permite elevar el castigo a penas de prisión.
Recientemente, ha entrado en vigor una nueva modificación que incluye agravantes específicos para el robo de teléfonos móviles y dispositivos con datos personales. Además, el nuevo marco legal habilita a los ayuntamientos para ejercer la acción penal directamente en casos de hurto, ampliando las herramientas de las administraciones locales para intervenir en la seguridad pública.