El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves con los votos en contra de UPN, PSN, EH Bildu Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos a favor de PPN y Vox, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “poner fin de manera inmediata a cualquier adoctrinamiento ideológico sobre los menores que tenga lugar en el ámbito educativo”.
La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, con la abstención del PPN y el respaldo de Vox, se emplazaba al Ejecutivo Foral a “promover las modificaciones legales necesarias para remover los obstáculos que impidan el acceso a la educación de todos los navarros en igualdad de condiciones, garantizando la neutralidad ideológica de la educación”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba al Gobierno de Navarra a “asumir un compromiso inequívoco de respetar el derecho de los padres a elegir libremente, de acuerdo con sus propias convicciones, la formación religiosa y moral de sus hijos, garantizando de este modo el artículo 27 de la Constitución española”. En este punto, como en el siguiente, UPN, PPN y Vox han se han posicionado a favor, el resto en contra.
En ese contexto, se conminaba al Ejecutivo Foral a “adoptar las medidas necesarias para promover la revisión de los currículums educativos y la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino, que pueda afectar a la inocencia de los menores, sin que ello implique un perjuicio económico para las familias”.
Por último, se apremiaba al Gobierno de Navarra a “garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula”. Como en el segundo epígrafe, el PPN se ha abstenido, Vox ha votado a favor y el resto en contra.
En la exposición de motivos, la moción impulsada por la A.P.F. Vox justificaba su iniciativa en la necesidad de “mantener el activismo ideológico antiacadémico fuera de las aulas y de los libros de texto”, con el fin de hacer efectivo el “derecho a la educación y a la libertad de enseñanza” en el marco de una “programación general” que, libre de “inexactitudes o mentiras sobre la realidad histórica, social y política de España, especialmente grave cuando se intenta romper la convivencia, sirva de ascensor social de los jóvenes”.
