La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado un auto clave para la gestión migratoria en la capital. En este documento, el tribunal acuerda la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid, requiriendo a la Administración del Estado para que garantice, en un plazo improrrogable de 30 días, el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores no acompañados que lo soliciten.
Esta medida afecta a aquellos jóvenes que actualmente se encuentran bajo la tutela de los servicios de protección de menores de la región madrileña y que han manifestado su voluntad de solicitar asilo. El tribunal subraya que este proceso debe realizarse bajo el principio del superior interés del menor y con la colaboración necesaria entre ambas administraciones.
Un mandato de obligado cumplimiento para el Estado
La decisión judicial responde al recurso interpuesto por el Gobierno regional tras la desestimación de un requerimiento previo realizado el 9 de julio de 2025. El Tribunal Supremo establece que el Estado deberá rendir cuentas a la Sala una vez finalizado el plazo de un mes, detallando todas las actuaciones realizadas para cumplir con la ejecución de esta medida.
Diferencias con la crisis migratoria de Canarias
El auto menciona los precedentes de marzo y junio de 2025 relacionados con la Comunidad Autónoma de Canarias. Aunque el planteamiento jurídico es "sustancialmente equivalente", el tribunal reconoce que existen diferencias en la escala del problema. Mientras que en las islas se contabilizaban miles de menores, en el caso de Madrid la cifra oscila entre los 38 menores reconocidos por el Gobierno central y los 50 que señala la administración autonómica.
No obstante, el Tribunal Supremo es tajante al afirmar que el menor número de afectados no es excusa para denegar la protección. El auto señala que sería un "absurdo" esperar a que se produzca una situación de hacinamiento para reconocer unos derechos que la legislación nacional y europea otorga a estos menores y cuya responsabilidad recae directamente sobre el Estado.
