El desahucio previsto para este miércoles, 15 de abril, contra una mujer residente en una vivienda de la calle Descalzos, en Pamplona-Iruña, ha sido aplazado de manera provisional por decisión de los juzgados, comunicada a última hora de este martes.
La ejecución estaba fijada para este miércoles, y afectaba a un piso propiedad de la empresa municipal PCH. El procedimiento fue iniciado a instancias del Ayuntamiento de Pamplona.
Según ha informado el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, la decisión judicial de suspender provisionalmente el lanzamiento se conoció poco antes de las 14.00 horas, minutos antes del cierre de los juzgados. La organización ha criticado la forma en que se ha producido la comunicación, al considerar que hasta ese momento la orden seguía vigente y la afectada no tenía confirmación alguna sobre su situación.
El sindicato denuncia que la mujer no recibió notificación directa y que fue su abogada quien tuvo conocimiento del aplazamiento al personarse en el juzgado para solicitar información. «Cuando faltaban menos de 24 horas para el desahucio, la orden seguía activa, con todo el sufrimiento que ello conlleva», señalan desde el colectivo, que califica el procedimiento de «cruel» y «totalmente denunciable».
Sin resolución escrita
Por el momento, la suspensión es provisional y, según indican desde el sindicato, no se ha facilitado resolución escrita ni detalles adicionales sobre el estado actual del procedimiento judicial.
El colectivo recuerda que la mujer presentó oposición a la demanda cuando esta le fue notificada, lo que, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, implicaría la necesidad de celebrar juicio antes de ejecutar el desahucio. Asimismo, aseguran que se han presentado alegaciones relativas a la situación de vulnerabilidad de la afectada, al amparo de los mecanismos legales que permiten suspender temporalmente este tipo de procedimientos.
No obstante, denuncian falta de respuesta expresa por parte del juzgado a estas cuestiones y critican la «opacidad» en torno a la tramitación del caso.
El procedimiento continúa
Pese al aplazamiento, el proceso judicial sigue abierto. En las próximas semanas podría señalarse la celebración del juicio o fijarse una nueva fecha para el lanzamiento.
Desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria hacen un llamamiento a «permanecer alerta» y sostienen que la movilización social ha sido determinante para frenar, al menos temporalmente, la ejecución prevista para este miércoles. A su juicio, sin la presión ejercida por la afectada y el colectivo, el desahucio «se habría ejecutado de manera rápida y silenciosa».
El caso vuelve a situar en el centro del debate la gestión de la vivienda pública, la actuación de las instituciones y los mecanismos de protección a personas en situación de vulnerabilidad en procedimientos de desahucio.
