Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con discapacidad y movilidad reducida, fue desalojada este miércoles del piso del barrio de Retiro, en Madrid, donde vivía desde 1956, tras una larga batalla judicial con la inmobiliaria Urbagesa, que le exigía un alquiler de 2.650 euros mensuales, un 275% más de lo que venía pagando. El desahucio, ejecutado en su cuarto intento y con un fuerte despliegue policial, se saldó con la evacuación de la mujer en camilla y su traslado al Hospital Gregorio Marañón, mientras cientos de personas concentradas frente al portal coreaban "Maricarmen no estás sola" y denunciaban una "violencia desproporcionada" por parte de los agentes antidisturbios.
Maricarmen residía en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda desde hacía siete décadas, bajo un contrato de renta antigua firmado en 1956. Hace menos de una década, la vivienda fue adquirida por Urbagesa, sociedad vinculada en última instancia a un fondo de inversión, que le reclamó multiplicar por cinco el alquiler, de unos 500 euros mensuales a 2.650, una cantidad inasumible para una pensionista con una discapacidad del 50%.
El primer lanzamiento se fijó para el 29 de octubre de 2025, pero se suspendió al incorporarse al procedimiento su situación de vulnerabilidad. El segundo y el tercer intentos, previstos para el 3 y el 24 de junio de 2026, tampoco llegaron a ejecutarse. El cuarto y definitivo se produjo este miércoles, con comisión judicial y presencia policial, pese al cerco pacífico de activistas y vecinos. Según su abogada, Beatriz Duro, Urbagesa se negó a cualquier arreglo que impidiera o retrasara el desahucio, incluida una renegociación del contrato o el pago íntegro del nuevo precio del alquiler por parte de la inquilina.
Hoy un fondo buitre ha desahuciado a Maricarnen con 87 años.
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 23, 2026
No lo vamos a permitir. Vamos a acabar con el rentismo y a cambiar este modelo para siempre.
El cambio empieza hoy.
? HOY A LA 19:00H
⛺ CALLE GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 35 (ÁTICO DE AYUSO) pic.twitter.com/BqZqK1lEVr
Movilización desde la víspera
Desde la noche del martes, cerca de 200 personas acamparon frente al portal de Maricarmen para tratar de impedir el desalojo, en una movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas. Durante el lanzamiento se produjeron momentos de tensión y cargas policiales contra parte de los manifestantes, que denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza.
Horas después, la protesta se trasladó al centro de Madrid, donde miles de personas se concentraron frente al ático comprado por la Comunidad de Madrid en Chamberí, conocido como el "ático de Ayuso". Según datos de la Delegación del Gobierno, en torno a 10.000 personas participaron en la protesta, bajo consignas como "Maricarmen somos todos", "Para Maricarmen, el ático de Ayuso", "Gobierno progresista, hipócrita y rentista" y "Ayuso dimisión". Muchos manifestantes portaban llaves en la mano como símbolo, y reclamaron más vivienda pública y asequible, menos presencia de fondos de inversión en el mercado residencial y responsabilidades políticas por el desahucio.
Concentraciones en una docena de ciudades
El Sindicato de Inquilinas convocó concentraciones "urgentes" la tarde del miércoles en una docena de ciudades para denunciar el desahucio y exigir medidas frente a la crisis de vivienda, con protestas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz, Málaga, Huelva, Palma, Oviedo, Ávila, Toledo y Guadalajara. En Barcelona, unas 1.500 personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno, según los organizadores, mientras que en Tenerife la PAH, la activista Inma Évora y Acción Social Canarias convocaron una concentración este jueves frente a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para reclamar alternativas habitacionales y más vivienda pública. En todas ellas se coreó el lema "Maricarmen no estás sola" y se exigió al Gobierno central el desbloqueo urgente de un decreto ley antidesahucios y más protección para personas en situación de vulnerabilidad.
Una "fotografía" de la crisis de vivienda
El caso de Maricarmen ha sido presentado por medios y colectivos como la "fotografía" de una crisis de vivienda que afecta a miles de hogares. Según datos del Consejo General del Poder Judicial recogidos a finales de junio de 2026, en el primer trimestre del año se practicaron más de 4.000 lanzamientos, y en 2025 los desahucios superaron los 24.000, con las ejecuciones hipotecarias en máximos recientes. Los activistas subrayan que, con el "escudo social" antidesahucios desactivado, no existe actualmente una protección explícita para personas con extrema necesidad o discapacidad, y que la paralización de un lanzamiento depende del criterio del juez, que solo puede suspenderlo un máximo de cuatro meses para buscar una alternativa habitacional o una ayuda económica.
Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha afirmado que el caso de Maricarmen demuestra que "ningún gobierno trabaja para nosotras" y ha avanzado que el sindicato trabaja en una huelga general para implicar a la sociedad en la lucha por el derecho a la vivienda.
Tensión entre administraciones
El caso ha abierto una nueva línea de tensión entre el Gobierno central y las administraciones local y regional de Madrid. Varios ministros, entre ellos la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, han señalado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de "poner alfombra roja" a los fondos buitre y no proteger suficientemente el derecho a la vivienda. Desde sectores críticos con el Gobierno central, algunos medios y voces políticas han acusado a la izquierda de "utilizar políticamente" el caso de Maricarmen y han recordado que la mujer pagó durante años un alquiler muy por debajo del mercado, pese a haber tenido ingresos sostenidos como auxiliar administrativa durante casi cinco décadas.
