Cuando se acercan unas elecciones, los ciudadanos recibimos promesas, eslóganes y llamadas a confiar de nuevo en quienes nos gobiernan. Pero antes de escuchar lo que prometen para mañana, convendría recordar lo que ha sucedido hasta hoy. Después de todo lo vivido, ¿queremos seguir igual o creemos que ha llegado el momento de un cambio?
Pensemos en las crisis que han marcado estos años: lo sucedido en Ceuta, la tragedia de la DANA y la erupción del volcán de La Palma. Detrás de esas noticias hay familias que perdieron seres queridos, viviendas, negocios y proyectos de vida. En La Palma todavía hay familias viviendo en contenedores. Una solución provisional que se prolonga durante años debería interpelar a todas las administraciones responsables.
Las víctimas necesitan atención sostenida, plazos claros y soluciones. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué funcionó, qué falló y qué medidas se han tomado para evitar que los errores se repitan. La discusión sobre las competencias de cada Administración debe servir para aclarar responsabilidades, nunca para diluirlas.
También debemos pensar en los servicios públicos. Los accidentes ferroviarios requieren investigaciones rigurosas y respuestas para las víctimas. Las averías, los retrasos y las cancelaciones afectan al trabajo, a las citas médicas y a la vida cotidiana de miles de viajeros. Un servicio esencial debe ofrecer seguridad y fiabilidad, y sus responsables deben explicar las deficiencias y corregirlas.
A estas preocupaciones se añade el deterioro de la confianza en la política. Los casos que afectan a Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Víctor de Aldama han situado en el centro del debate las adjudicaciones públicas, las comisiones y las relaciones entre cargos políticos e intermediarios. Cada persona debe responder por los hechos que se le acrediten, pero los partidos también tienen que explicar cómo eligen a sus responsables y qué controles aplican.
Resulta especialmente preocupante la contratación de personas del entorno de dirigentes políticos en empresas públicas. El caso de la expareja de Ábalos obliga a preguntarse cómo se supervisan esos contratos y quién comprueba que el trabajo se realiza. El dinero público procede del esfuerzo de los ciudadanos; administrarlo exige una conducta ejemplar.
Las causas que afectan a Begoña Gómez y la contratación de David Sánchez, hermano del presidente, también merecen explicaciones precisas. Son procedimientos distintos, con hechos y responsabilidades diferentes. Respetar las garantías judiciales es compatible con exigir transparencia sobre el uso de recursos públicos y los posibles conflictos de intereses. La cercanía familiar al poder no puede convertirse en una ventaja ni en un escudo frente al escrutinio.
En Navarra, además, debemos valorar los acuerdos con EH Bildu. Su condición de formación legal no impide cuestionar políticamente esos pactos ni exigir coherencia a quienes los suscriben. La presencia en sus listas de personas condenadas por pertenecer a ETA provocó una controversia que no deberíamos despachar con indiferencia. La memoria de las víctimas y el respeto a su dignidad merecen un lugar permanente en la vida pública.
También requieren claridad las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela y las investigaciones sobre sus actividades, incluido el origen de las joyas halladas en su despacho. Corresponde a la Justicia determinar si existen delitos. A los ciudadanos nos corresponde pedir explicaciones documentadas y valorar la conducta de quienes han ocupado las mayores responsabilidades del Estado.
No debemos acostumbrarnos a que cada escándalo quede sepultado por el siguiente. Tampoco aceptar que toda crítica se responda señalando los errores del adversario. Las responsabilidades ajenas no eximen de las propias. Quien pide nuestra confianza debe explicar su gestión y responder a preguntas incómodas.
Por eso creo que necesitamos un cambio. Un cambio que se traduzca en controles efectivos, nombramientos basados en el mérito, atención a los afectados por las catástrofes y servicios públicos que funcionen. Y quienes se presentan como alternativa deben demostrar que tienen propuestas concretas y capacidad para cumplirlas.
El voto es una decisión sobre cómo queremos ser gobernados. Antes de depositarlo, hagamos memoria, contrastemos la información y examinemos los resultados. La fidelidad a unas siglas no debería pesar más que la exigencia de honestidad y buena gestión.
Después de todo lo ocurrido, la pregunta sigue en pie: ¿estamos satisfechos con seguir igual o vamos a exigir un cambio?
Cuando se acercan unas elecciones, los ciudadanos recibimos promesas, eslóganes y llamadas a confiar de nuevo en quienes nos gobiernan. Pero antes de escuchar lo que prometen para mañana, convendría recordar lo que ha sucedido hasta hoy. Después de todo lo vivido, ¿queremos seguir igual o creemos que ha llegado el momento de un cambio?
Pensemos en las crisis que han marcado estos años: lo sucedido en Ceuta, la tragedia de la DANA y la erupción del volcán de La Palma. Detrás de esas noticias hay familias que perdieron seres queridos, viviendas, negocios y proyectos de vida. En La Palma todavía hay familias viviendo en contenedores. Una solución provisional que se prolonga durante años debería interpelar a todas las administraciones responsables.
Las víctimas necesitan atención sostenida, plazos claros y soluciones. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué funcionó, qué falló y qué medidas se han tomado para evitar que los errores se repitan. La discusión sobre las competencias de cada Administración debe servir para aclarar responsabilidades, nunca para diluirlas.
También debemos pensar en los servicios públicos. Los accidentes ferroviarios requieren investigaciones rigurosas y respuestas para las víctimas. Las averías, los retrasos y las cancelaciones afectan al trabajo, a las citas médicas y a la vida cotidiana de miles de viajeros. Un servicio esencial debe ofrecer seguridad y fiabilidad, y sus responsables deben explicar las deficiencias y corregirlas.
A estas preocupaciones se añade el deterioro de la confianza en la política. Los casos que afectan a Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Víctor de Aldama han situado en el centro del debate las adjudicaciones públicas, las comisiones y las relaciones entre cargos políticos e intermediarios. Cada persona debe responder por los hechos que se le acrediten, pero los partidos también tienen que explicar cómo eligen a sus responsables y qué controles aplican.
Resulta especialmente preocupante la contratación de personas del entorno de dirigentes políticos en empresas públicas. El caso de la expareja de Ábalos obliga a preguntarse cómo se supervisan esos contratos y quién comprueba que el trabajo se realiza. El dinero público procede del esfuerzo de los ciudadanos; administrarlo exige una conducta ejemplar.
Las causas que afectan a Begoña Gómez y la contratación de David Sánchez, hermano del presidente, también merecen explicaciones precisas. Son procedimientos distintos, con hechos y responsabilidades diferentes. Respetar las garantías judiciales es compatible con exigir transparencia sobre el uso de recursos públicos y los posibles conflictos de intereses. La cercanía familiar al poder no puede convertirse en una ventaja ni en un escudo frente al escrutinio.
En Navarra, además, debemos valorar los acuerdos con EH Bildu. Su condición de formación legal no impide cuestionar políticamente esos pactos ni exigir coherencia a quienes los suscriben. La presencia en sus listas de personas condenadas por pertenecer a ETA provocó una controversia que no deberíamos despachar con indiferencia. La memoria de las víctimas y el respeto a su dignidad merecen un lugar permanente en la vida pública.
También requieren claridad las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela y las investigaciones sobre sus actividades, incluido el origen de las joyas halladas en su despacho. Corresponde a la Justicia determinar si existen delitos. A los ciudadanos nos corresponde pedir explicaciones documentadas y valorar la conducta de quienes han ocupado las mayores responsabilidades del Estado.
No debemos acostumbrarnos a que cada escándalo quede sepultado por el siguiente. Tampoco aceptar que toda crítica se responda señalando los errores del adversario. Las responsabilidades ajenas no eximen de las propias. Quien pide nuestra confianza debe explicar su gestión y responder a preguntas incómodas.
Por eso creo que necesitamos un cambio. Un cambio que se traduzca en controles efectivos, nombramientos basados en el mérito, atención a los afectados por las catástrofes y servicios públicos que funcionen. Y quienes se presentan como alternativa deben demostrar que tienen propuestas concretas y capacidad para cumplirlas.
El voto es una decisión sobre cómo queremos ser gobernados. Antes de depositarlo, hagamos memoria, contrastemos la información y examinemos los resultados. La fidelidad a unas siglas no debería pesar más que la exigencia de honestidad y buena gestión.
Después de todo lo ocurrido, la pregunta sigue en pie: ¿estamos satisfechos con seguir igual o vamos a exigir un cambio?
