El Gobierno de Navarra ha decidido personarse en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra las medidas para proteger las viviendas de alquiler en Navarra. Este miércoles, el Ejecutivo foral anunció que su Servicio de Asesoría Jurídica asumirá la defensa de la Ley Foral 14/2026, aprobada el 2 de julio, que modifica la Ley Foral 10/2010 sobre el Derecho a la Vivienda.
Según ha destacado el Gobierno Foral, el Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno foral será el encargado de defender la constitucionalidad de las modificaciones introducidas y el derecho de autogobierno en las políticas de vivienda. La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, subrayó la importancia de esta defensa en el ámbito competencial de Navarra.
Defensa del autogobierno navarro
El recurso de inconstitucionalidad, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, fue promovido por 120 diputados del Grupo Parlamentario Popular. Pretenden impugnar los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria única de la Ley Foral 14/2026. El Ejecutivo navarro busca así defender la legitimidad de la norma aprobada por el Parlamento de Navarra el 25 de junio.
La reforma, impulsada por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, busca reforzar la estabilidad de la protección pública de viviendas, preservando un parque residencial ajeno a especulación. Fue aprobada con los votos de estos partidos, mientras que UPN, PPN y una parlamentaria no adscrita votaron en contra. El objetivo es garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible.
La Ley Foral 14/2026 elimina la opción de que viviendas protegidas pasen a la venta tras 21 años desde su calificación definitiva. Extiende la protección indefinida a viviendas cuyo período de protección seguía vigente al entrar en vigor la norma. Esta medida puede beneficiar a unas 2.200 familias, asegurando la continuidad del régimen de alquiler protegido.
Impacto en las familias navarras
El Gobierno de Navarra sostiene que la política de vivienda debe ofrecer estabilidad y continuidad, preservando la función social de la vivienda para las generaciones presentes y futuras. La reforma busca asegurar que las promociones calificadas como protegidas sigan cumpliendo su finalidad social.
El Ejecutivo foral argumentará ante el Tribunal Constitucional que la reforma se ajusta al marco constitucional y competencial de Navarra. Defiende que la regulación de la función social de la vivienda permite a los poderes públicos adoptar medidas proporcionadas para conservar el parque protegido, reafirmando su responsabilidad en el ámbito de decisión de las instituciones navarras.
El Gobierno de Navarra ha decidido personarse en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra las medidas para proteger las viviendas de alquiler en Navarra. Este miércoles, el Ejecutivo foral anunció que su Servicio de Asesoría Jurídica asumirá la defensa de la Ley Foral 14/2026, aprobada el 2 de julio, que modifica la Ley Foral 10/2010 sobre el Derecho a la Vivienda.
Según ha destacado el Gobierno Foral, el Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno foral será el encargado de defender la constitucionalidad de las modificaciones introducidas y el derecho de autogobierno en las políticas de vivienda. La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, subrayó la importancia de esta defensa en el ámbito competencial de Navarra.
Defensa del autogobierno navarro
El recurso de inconstitucionalidad, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, fue promovido por 120 diputados del Grupo Parlamentario Popular. Pretenden impugnar los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria única de la Ley Foral 14/2026. El Ejecutivo navarro busca así defender la legitimidad de la norma aprobada por el Parlamento de Navarra el 25 de junio.
La reforma, impulsada por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, busca reforzar la estabilidad de la protección pública de viviendas, preservando un parque residencial ajeno a especulación. Fue aprobada con los votos de estos partidos, mientras que UPN, PPN y una parlamentaria no adscrita votaron en contra. El objetivo es garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible.
La Ley Foral 14/2026 elimina la opción de que viviendas protegidas pasen a la venta tras 21 años desde su calificación definitiva. Extiende la protección indefinida a viviendas cuyo período de protección seguía vigente al entrar en vigor la norma. Esta medida puede beneficiar a unas 2.200 familias, asegurando la continuidad del régimen de alquiler protegido.
Impacto en las familias navarras
El Gobierno de Navarra sostiene que la política de vivienda debe ofrecer estabilidad y continuidad, preservando la función social de la vivienda para las generaciones presentes y futuras. La reforma busca asegurar que las promociones calificadas como protegidas sigan cumpliendo su finalidad social.
El Ejecutivo foral argumentará ante el Tribunal Constitucional que la reforma se ajusta al marco constitucional y competencial de Navarra. Defiende que la regulación de la función social de la vivienda permite a los poderes públicos adoptar medidas proporcionadas para conservar el parque protegido, reafirmando su responsabilidad en el ámbito de decisión de las instituciones navarras.
