Juristas, investigadores y representantes institucionales de toda España participaron en el III Congreso Jurídico del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), dirigido por la catedrática Aránzazu Pérez Moriones y por el catedrático Rafael Lara González de la UPNA que se desarrolló bajo el lema “El impulso jurídico de la Economía Social. La persona como eje vertebrador”.
En torno a este epígrafe, el presidente de ANEL y director de Recursos Humanos y Asuntos Legales de Tafalla Iron Foundry, Ignacio Ugalde, destacó que “sin cooperativistas no hay cooperativas”. En ese sentido, Ugalde consideró que antes que una ley o unos estatutos “hubo personas que decidieron confiar unas en otras y compartir riesgos”. Por ello, tras repasar la diversidad del cooperativismo navarro —desde las grandes cooperativas industriales hasta las microcooperativas—, subrayó que las 150.000 personas vinculadas al ecosistema cooperativo de Navarra “no son una estadística, sino familias, proyectos de vida y generaciones de esfuerzo acumulado”.
Además, Ugalde puso el acento en el emprendimiento cooperativo como herramienta de futuro. En su opinión, se trata de “una oportunidad” para jóvenes, mujeres, personas migrantes y trabajadores que quieren dar continuidad a empresas amenazadas por el cierre. “Donde parecía haber un final, aparece un nuevo comienzo”, resaltó. Y reclamó para ese futuro dos valores por encima de todos: humildad para reconocer que nadie tiene todas las respuestas, y generosidad para compartir lo que se sabe y abrir puertas a quienes comienzan. “La empresa del futuro ya existe. Y es cooperativa”, concluyó.
Previamente, Juan Luis García, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, consideró que el Derecho no debe llegar siempre después de los cambios sociales, sino que puede abrirles camino. A este respecto, reivindicó el papel de la UPNA y de ANEL como actores clave para trasladar el conocimiento a la realidad cotidiana de las empresas, y apeló a la inteligencia artificial como ejemplo de tecnología cuyo verdadero valor depende de si se pone al servicio de las personas: “Los valores de la economía social pueden ofrecernos referencias muy útiles para avanzar hacia una transformación digital responsable e inclusiva”, señaló.
El concejal delegado de Promoción Económica del Ayuntamiento de Pamplona, Mikel Armendáriz, articuó su intervención en torno a los tres conceptos del lema: el Derecho como herramienta para construir sociedad y eliminar obstáculos, el cooperativismo como modelo que demuestra que competitividad y democracia económica son plenamente compatibles, y la persona como eje vertebrador de toda actividad económica. Para Armendáriz, “una economía que pone a las personas en el centro no se construye únicamente con buenas intenciones, sino también con instituciones comprometidas y un marco jurídico que haga posible esa aspiración”.
Finalmente, en esta parte institucional también intervinieron Beatriz Rodríguez, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA, y el director ejecutivo de CIRIEC-España, José Luis Monzón. La primera destacó que este congreso “no es una casualidad”, sino el fruto de la vocación de la facultad por trasladar a la sociedad los resultados de la investigación. Señaló como señas de identidad del centro su compromiso con la transferencia del conocimiento y su integración en el entorno navarro, con entidades como ANEL y el Gobierno de Navarra como colaboradores habituales.
En cuanto a Monzón, confesó estar “enamorado” del título del congreso, al que calificó como “la mejor síntesis de lo que es la economía social”. Bajo su punto de vista, el papel transformador del Derecho —no solo conservador del statu quo— resulta clave para asegurar el desarrollo de las sociedades y apeló al artículo 129.2 de la Constitución como mandato a los poderes públicos para fomentar el cooperativismo. “El derecho sirve, y mucho, tanto para analizar cómo funcionan las entidades por dentro como para perimetrar la economía social y legitimar políticas de fomento basadas en el interés general”, aseguró.
GOBERNANZA, DIMENSIÓN ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD
La primera mesa temática abordó la dimensión económica y la sostenibilidad de las empresas de Economía Social. María José Vañó, catedrática de Derecho Mercantil de la Universitat de València, centró su intervención en la relación entre identidad cooperativa y sostenibilidad empresarial, advirtiendo de que no basta con definir jurídicamente a una cooperativa si no se garantiza también cómo puede financiarse, afrontar riesgos y mantener sus compromisos en el tiempo. A través de ejemplos concretos —comunidades energéticas, cooperativas de cuidados, iniciativas de desarrollo rural—, subrayó que la sostenibilidad de la Economía Social no depende solo de sus resultados sociales o ambientales, sino de cómo está organizada por dentro. Cerró su intervención con tres ideas: no confundir finalidad social con viabilidad empresarial, pues la primera orienta pero la segunda permite sostenerse; situar la gobernanza y la financiación en el centro del análisis jurídico; y diseñar colaboraciones público-cooperativas que seleccionen el instrumento correcto, distribuyan bien los riesgos y valoren los resultados. “La mejor pregunta para evaluar un proyecto social no es solo si hoy responde a una necesidad colectiva, sino si hemos construido soluciones jurídicas y económicas para que se pueda mantener en el tiempo”, concluyó.
A continuación, Itziar Villafáñez, de la Universidad del País Vasco, analizó la gobernanza de los grupos cooperativos, poniendo el foco en cómo conjugar la autonomía de cada cooperativa con la dirección unitaria que caracteriza a estas estructuras. Partiendo de los principios cooperativos —control democrático, membresía abierta, cooperación entre cooperativas— identificó los elementos que deben definir la gobernanza de un grupo: coherencia con la identidad cooperativa, solidaridad y reciprocidad entre sus miembros, funcionamiento democrático y garantía de la autonomía de las cooperativas integrantes.
Por su parte, Felipe Palau, de la Universitat Politècnica de València y codirector del Congreso, abordó la aplicación del derecho de la competencia a las cooperativas, preguntándose en qué medida sus acuerdos internos —cláusulas de exclusividad, prohibición de doble asociación, fijación de precios— pueden o no ser compatibles con la normativa europea. A través de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Supremo español, explicó que el análisis debe ser siempre casuístico: una cláusula restrictiva puede estar justificada si es necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la cooperativa, pero no si impide de forma desproporcionada la libertad de salida de los socios. Palau cerró su intervención apuntando a los acuerdos de sostenibilidad como un nuevo frente abierto, citando el caso de una asociación francesa de cooperativas vitivinícolas ecológicas que obtuvo de la Comisión Europea el reconocimiento de que sus acuerdos de precio no vulneran el derecho de la competencia, dada su contribución medioambiental y al relevo generacional.
DIGITALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
La segunda mesa giró en torno a los retos jurídicos de la digitalización cooperativa y las oportunidades del emprendimiento colectivo. Rosalía Alfonso, de la Universidad de Murcia, abrió el panel con una reflexión sobre los registros de cooperativas ante la transformación digital, advirtiendo de que el principal problema del sistema registral cooperativo español no es tecnológico sino estructural. La existencia de 18 registros autonómicos independientes impide construir una infraestructura común de publicidad jurídica equiparable a la del Registro Mercantil, lo que deja a las cooperativas españolas al margen del espacio europeo de información societaria y sin acceso al sistema de interconexión europeo BRIS, desde el que cualquier ciudadano puede consultar datos de cooperativas de países como Estonia, Francia o Portugal. “El sistema registral cooperativo español se ha quedado como una isla en el océano europeo de la publicidad jurídica”, señaló. Como vía de salida, Alfonso apuntó a una convergencia funcional entre registros —no institucional— impulsada desde el soft law, que permita avanzar en la homogeneización sin alterar el reparto competencial.
Paula de Íscar, de la Universidad de las Islas Baleares, centró su intervención en la digitalización de los órganos sociales de las cooperativas, un ámbito que, a su juicio, lleva años regulado de forma heterogénea entre comunidades autónomas pese a responder a problemas jurídicos comunes. Valoró positivamente la reforma estatal de 2026, que por fin introduce previsiones expresas sobre el uso de medios digitales —página web corporativa, comunicaciones electrónicas, asambleas telemáticas—, aunque advirtió que llega tarde y que la fragmentación normativa persiste. Planteó como propuesta una norma estatal que establezca garantías comunes de identificación, comunicación bidireccional, ejercicio del voto y tratamiento de incidencias técnicas, dejando a los estatutos y las normas autonómicas la adaptación a las particularidades de cada cooperativa. “Hay que armonizar las garantías para reforzar la seguridad jurídica, pero preservando la diversidad cooperativa”, concluyó.
Alberto Emparanza, de la Universidad del País Vasco, cerró la mesa con una ponencia sobre las cooperativas de fomento empresarial como vehículo jurídico para canalizar el emprendimiento de startups y spin-offs hacia la fórmula cooperativa. Defendió que esta figura que permite que emprendedoras se incorporen temporalmente a una estructura cooperativa para desarrollar y testar su idea de negocio, con acceso a formación, tutorización y respaldo jurídico. Subrayó la importancia de regular con precisión las tres fases del proceso —ingreso, permanencia y salida— y puso como ejemplo el impulso que la Universidad del País Vasco está dando a la creación de spin-offs bajo forma cooperativa.
SEGUNDA JORNADA
El III Congreso Jurídico de CIRIEC-España “El impulso jurídico de la Economía Social. La persona como eje vertebrador” continúa este viernes con tres bloques de trabajo. La jornada arranca con sesiones simultáneas de presentación de comunicaciones, moderadas por Aránzazu Pérez y Rafael Lara (Universidad Pública de Navarra), Gustavo Marcos (UPNA) y Eduardo Miranda (Universitat Politècnica de València).
A continuación, la tercera mesa, dedicada a la responsabilidad de administradores, contará con las intervenciones de Carlos Vargas (Universidad de Almería), Enrique Gadea (Universidad de Deusto) y Fernando Sacristán (Universidad Rey Juan Carlos). La cuarta y última mesa abordará la fiscalidad de la economía social, con Marina Aguilar (Universidad de Almería), Juan José Hinojosa (Universidad de Málaga) y Fernando Hernández (Universitat Politècnica de València) como ponentes.
Juristas, investigadores y representantes institucionales de toda España participaron en el III Congreso Jurídico del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), dirigido por la catedrática Aránzazu Pérez Moriones y por el catedrático Rafael Lara González de la UPNA que se desarrolló bajo el lema “El impulso jurídico de la Economía Social. La persona como eje vertebrador”.
En torno a este epígrafe, el presidente de ANEL y director de Recursos Humanos y Asuntos Legales de Tafalla Iron Foundry, Ignacio Ugalde, destacó que “sin cooperativistas no hay cooperativas”. En ese sentido, Ugalde consideró que antes que una ley o unos estatutos “hubo personas que decidieron confiar unas en otras y compartir riesgos”. Por ello, tras repasar la diversidad del cooperativismo navarro —desde las grandes cooperativas industriales hasta las microcooperativas—, subrayó que las 150.000 personas vinculadas al ecosistema cooperativo de Navarra “no son una estadística, sino familias, proyectos de vida y generaciones de esfuerzo acumulado”.
Además, Ugalde puso el acento en el emprendimiento cooperativo como herramienta de futuro. En su opinión, se trata de “una oportunidad” para jóvenes, mujeres, personas migrantes y trabajadores que quieren dar continuidad a empresas amenazadas por el cierre. “Donde parecía haber un final, aparece un nuevo comienzo”, resaltó. Y reclamó para ese futuro dos valores por encima de todos: humildad para reconocer que nadie tiene todas las respuestas, y generosidad para compartir lo que se sabe y abrir puertas a quienes comienzan. “La empresa del futuro ya existe. Y es cooperativa”, concluyó.
Previamente, Juan Luis García, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, consideró que el Derecho no debe llegar siempre después de los cambios sociales, sino que puede abrirles camino. A este respecto, reivindicó el papel de la UPNA y de ANEL como actores clave para trasladar el conocimiento a la realidad cotidiana de las empresas, y apeló a la inteligencia artificial como ejemplo de tecnología cuyo verdadero valor depende de si se pone al servicio de las personas: “Los valores de la economía social pueden ofrecernos referencias muy útiles para avanzar hacia una transformación digital responsable e inclusiva”, señaló.
El concejal delegado de Promoción Económica del Ayuntamiento de Pamplona, Mikel Armendáriz, articuó su intervención en torno a los tres conceptos del lema: el Derecho como herramienta para construir sociedad y eliminar obstáculos, el cooperativismo como modelo que demuestra que competitividad y democracia económica son plenamente compatibles, y la persona como eje vertebrador de toda actividad económica. Para Armendáriz, “una economía que pone a las personas en el centro no se construye únicamente con buenas intenciones, sino también con instituciones comprometidas y un marco jurídico que haga posible esa aspiración”.
Finalmente, en esta parte institucional también intervinieron Beatriz Rodríguez, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA, y el director ejecutivo de CIRIEC-España, José Luis Monzón. La primera destacó que este congreso “no es una casualidad”, sino el fruto de la vocación de la facultad por trasladar a la sociedad los resultados de la investigación. Señaló como señas de identidad del centro su compromiso con la transferencia del conocimiento y su integración en el entorno navarro, con entidades como ANEL y el Gobierno de Navarra como colaboradores habituales.
En cuanto a Monzón, confesó estar “enamorado” del título del congreso, al que calificó como “la mejor síntesis de lo que es la economía social”. Bajo su punto de vista, el papel transformador del Derecho —no solo conservador del statu quo— resulta clave para asegurar el desarrollo de las sociedades y apeló al artículo 129.2 de la Constitución como mandato a los poderes públicos para fomentar el cooperativismo. “El derecho sirve, y mucho, tanto para analizar cómo funcionan las entidades por dentro como para perimetrar la economía social y legitimar políticas de fomento basadas en el interés general”, aseguró.
GOBERNANZA, DIMENSIÓN ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD
La primera mesa temática abordó la dimensión económica y la sostenibilidad de las empresas de Economía Social. María José Vañó, catedrática de Derecho Mercantil de la Universitat de València, centró su intervención en la relación entre identidad cooperativa y sostenibilidad empresarial, advirtiendo de que no basta con definir jurídicamente a una cooperativa si no se garantiza también cómo puede financiarse, afrontar riesgos y mantener sus compromisos en el tiempo. A través de ejemplos concretos —comunidades energéticas, cooperativas de cuidados, iniciativas de desarrollo rural—, subrayó que la sostenibilidad de la Economía Social no depende solo de sus resultados sociales o ambientales, sino de cómo está organizada por dentro. Cerró su intervención con tres ideas: no confundir finalidad social con viabilidad empresarial, pues la primera orienta pero la segunda permite sostenerse; situar la gobernanza y la financiación en el centro del análisis jurídico; y diseñar colaboraciones público-cooperativas que seleccionen el instrumento correcto, distribuyan bien los riesgos y valoren los resultados. “La mejor pregunta para evaluar un proyecto social no es solo si hoy responde a una necesidad colectiva, sino si hemos construido soluciones jurídicas y económicas para que se pueda mantener en el tiempo”, concluyó.
A continuación, Itziar Villafáñez, de la Universidad del País Vasco, analizó la gobernanza de los grupos cooperativos, poniendo el foco en cómo conjugar la autonomía de cada cooperativa con la dirección unitaria que caracteriza a estas estructuras. Partiendo de los principios cooperativos —control democrático, membresía abierta, cooperación entre cooperativas— identificó los elementos que deben definir la gobernanza de un grupo: coherencia con la identidad cooperativa, solidaridad y reciprocidad entre sus miembros, funcionamiento democrático y garantía de la autonomía de las cooperativas integrantes.
Por su parte, Felipe Palau, de la Universitat Politècnica de València y codirector del Congreso, abordó la aplicación del derecho de la competencia a las cooperativas, preguntándose en qué medida sus acuerdos internos —cláusulas de exclusividad, prohibición de doble asociación, fijación de precios— pueden o no ser compatibles con la normativa europea. A través de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Supremo español, explicó que el análisis debe ser siempre casuístico: una cláusula restrictiva puede estar justificada si es necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la cooperativa, pero no si impide de forma desproporcionada la libertad de salida de los socios. Palau cerró su intervención apuntando a los acuerdos de sostenibilidad como un nuevo frente abierto, citando el caso de una asociación francesa de cooperativas vitivinícolas ecológicas que obtuvo de la Comisión Europea el reconocimiento de que sus acuerdos de precio no vulneran el derecho de la competencia, dada su contribución medioambiental y al relevo generacional.
DIGITALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
La segunda mesa giró en torno a los retos jurídicos de la digitalización cooperativa y las oportunidades del emprendimiento colectivo. Rosalía Alfonso, de la Universidad de Murcia, abrió el panel con una reflexión sobre los registros de cooperativas ante la transformación digital, advirtiendo de que el principal problema del sistema registral cooperativo español no es tecnológico sino estructural. La existencia de 18 registros autonómicos independientes impide construir una infraestructura común de publicidad jurídica equiparable a la del Registro Mercantil, lo que deja a las cooperativas españolas al margen del espacio europeo de información societaria y sin acceso al sistema de interconexión europeo BRIS, desde el que cualquier ciudadano puede consultar datos de cooperativas de países como Estonia, Francia o Portugal. “El sistema registral cooperativo español se ha quedado como una isla en el océano europeo de la publicidad jurídica”, señaló. Como vía de salida, Alfonso apuntó a una convergencia funcional entre registros —no institucional— impulsada desde el soft law, que permita avanzar en la homogeneización sin alterar el reparto competencial.
Paula de Íscar, de la Universidad de las Islas Baleares, centró su intervención en la digitalización de los órganos sociales de las cooperativas, un ámbito que, a su juicio, lleva años regulado de forma heterogénea entre comunidades autónomas pese a responder a problemas jurídicos comunes. Valoró positivamente la reforma estatal de 2026, que por fin introduce previsiones expresas sobre el uso de medios digitales —página web corporativa, comunicaciones electrónicas, asambleas telemáticas—, aunque advirtió que llega tarde y que la fragmentación normativa persiste. Planteó como propuesta una norma estatal que establezca garantías comunes de identificación, comunicación bidireccional, ejercicio del voto y tratamiento de incidencias técnicas, dejando a los estatutos y las normas autonómicas la adaptación a las particularidades de cada cooperativa. “Hay que armonizar las garantías para reforzar la seguridad jurídica, pero preservando la diversidad cooperativa”, concluyó.
Alberto Emparanza, de la Universidad del País Vasco, cerró la mesa con una ponencia sobre las cooperativas de fomento empresarial como vehículo jurídico para canalizar el emprendimiento de startups y spin-offs hacia la fórmula cooperativa. Defendió que esta figura que permite que emprendedoras se incorporen temporalmente a una estructura cooperativa para desarrollar y testar su idea de negocio, con acceso a formación, tutorización y respaldo jurídico. Subrayó la importancia de regular con precisión las tres fases del proceso —ingreso, permanencia y salida— y puso como ejemplo el impulso que la Universidad del País Vasco está dando a la creación de spin-offs bajo forma cooperativa.
SEGUNDA JORNADA
El III Congreso Jurídico de CIRIEC-España “El impulso jurídico de la Economía Social. La persona como eje vertebrador” continúa este viernes con tres bloques de trabajo. La jornada arranca con sesiones simultáneas de presentación de comunicaciones, moderadas por Aránzazu Pérez y Rafael Lara (Universidad Pública de Navarra), Gustavo Marcos (UPNA) y Eduardo Miranda (Universitat Politècnica de València).
A continuación, la tercera mesa, dedicada a la responsabilidad de administradores, contará con las intervenciones de Carlos Vargas (Universidad de Almería), Enrique Gadea (Universidad de Deusto) y Fernando Sacristán (Universidad Rey Juan Carlos). La cuarta y última mesa abordará la fiscalidad de la economía social, con Marina Aguilar (Universidad de Almería), Juan José Hinojosa (Universidad de Málaga) y Fernando Hernández (Universitat Politècnica de València) como ponentes.
