El Tribunal Supremo ha denegado la solicitud de VOX de extender la suspensión cautelar de los efectos electorales en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la denominada ‘Ley de Nietos’. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sostiene que, a tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, abrir ahora un proceso de revisión del censo resulta contrario a la seguridad jurídica y a la estabilidad del proceso electoral.
Según la oficina de prensa del Alto Tribunal, la decisión, adoptada en la pieza de medidas cautelares del recurso 1015/2026, cuenta con el voto particular discrepante de uno de los seis magistrados firmantes y con el voto concurrente de una magistrada.
Un colectivo mayor del previsto
El tribunal admite, sin embargo, buena parte de los argumentos de VOX. La mayoría considera que sí se ha producido un cambio de circunstancias que permitiría revisar las medidas, porque solo tras el informe aportado por la Abogacía del Estado el 28 de octubre se conoció la verdadera dimensión del problema. Los datos oficiales cifran en 189.678 las personas del colectivo ahora examinado, el recogido en el anexo III de la Instrucción de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, una cifra superior a las 162.454 afectadas por la suspensión ya acordada.
La Sala también aprecia conexión con el objeto del recurso. Subraya que estos electores son hijos de personas cuya inscripción censal ya está suspendida y que deben su nacionalidad "única y exclusivamente" a esa condición, de modo que, si se cuestiona la inscripción de los progenitores, "en pura lógica" habrá que hacerlo con la de sus hijos.
El calendario, decisivo
El fallo se apoya en la ponderación de intereses. El tribunal recuerda que las medidas iniciales, adoptadas el 10 de septiembre, se dictaron mucho antes de la disolución de las Cortes y que los autos posteriores buscaban garantizar su efectividad a tiempo. La nueva petición, en cambio, llega con más de la mitad del periodo electoral transcurrido, a una semana del inicio de la campaña y a dos del comienzo del depósito del voto en urna en los consulados.
La Sala expresa "serias dudas" sobre la viabilidad de ejecutar la medida en plazo. Para ello tendría que repetirse el procedimiento ya seguido: identificar a los afectados, trasladar la información al CERA, emplazar a los interesados y resolver reclamaciones y recursos. Recuerda además que la Administración tardó más de mes y medio en facilitar la relación nominal de afectados y que fue necesario apercibir a los ministros. La Oficina del Censo Electoral informó el 28 de octubre de que quedaban 30.482 registros sin identificar.
Por ello, concluye que de su concesión podría seguirse una "perturbación grave de los intereses generales". El auto aclara que esto es "sin perjuicio" de que la cuestión se aborde en la sentencia final. No hay condena en costas.
El voto discrepante: la medida debió aprobarse
El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo comparte los cuatro primeros fundamentos, pero discrepa de la ponderación de intereses. Sostiene que la convocatoria electoral se hizo con una parte del CERA ya suspendida cautelarmente, por lo que la seguridad jurídica "quedaba claramente afectada" desde ese momento. Añade que, una vez celebradas las votaciones, una eventual rectificación del censo carecería de eficacia restitutoria y la sentencia podría quedar privada de parte de su finalidad.
A su juicio, la ejecución no es tan compleja: bastaría comprobar las inscripciones de los 901 progenitores que obtuvieron certificación consular para identificar a sus hijos mayores de edad dentro del anexo III. Critica además que la mayoría no describa qué actuaciones administrativas serían necesarias y opina que la medida pudo y debió ejecutarse en plazo.
El voto concurrente: coincide en el fallo, no en los argumentos
La magistrada María Alicia Millán Herrandis coincide en denegar la medida, pero rechaza que concurran un cambio de circunstancias y la conexión con el objeto del proceso. Argumenta que la vinculación entre ambos colectivos deriva de una realidad normativa preexistente y que conocer la magnitud real de los afectados no es un hecho nuevo, sino el conocimiento de algo que ya existía.
Defiende además que no existe apariencia de buen derecho respecto de los hijos, porque adquirieron la nacionalidad por un título distinto, el de la letra b) de la disposición adicional octava, sin tener que acreditar el exilio. Recuerda que el artículo 25.2 del Código Civil protege a los terceros de buena fe y advierte de que extender la suspensión supondría exigirles acreditar el exilio de su ascendiente, algo que la ley no les impone.
Se mantienen las cautelares de septiembre y octubre
El Tribunal Supremo ha denegado la solicitud de VOX de extender la suspensión cautelar de los efectos electorales en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la denominada ‘Ley de Nietos’. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sostiene que, a tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, abrir ahora un proceso de revisión del censo resulta contrario a la seguridad jurídica y a la estabilidad del proceso electoral.
Según la oficina de prensa del Alto Tribunal, la decisión, adoptada en la pieza de medidas cautelares del recurso 1015/2026, cuenta con el voto particular discrepante de uno de los seis magistrados firmantes y con el voto concurrente de una magistrada.
Un colectivo mayor del previsto
El tribunal admite, sin embargo, buena parte de los argumentos de VOX. La mayoría considera que sí se ha producido un cambio de circunstancias que permitiría revisar las medidas, porque solo tras el informe aportado por la Abogacía del Estado el 28 de octubre se conoció la verdadera dimensión del problema. Los datos oficiales cifran en 189.678 las personas del colectivo ahora examinado, el recogido en el anexo III de la Instrucción de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, una cifra superior a las 162.454 afectadas por la suspensión ya acordada.
La Sala también aprecia conexión con el objeto del recurso. Subraya que estos electores son hijos de personas cuya inscripción censal ya está suspendida y que deben su nacionalidad "única y exclusivamente" a esa condición, de modo que, si se cuestiona la inscripción de los progenitores, "en pura lógica" habrá que hacerlo con la de sus hijos.
El calendario, decisivo
El fallo se apoya en la ponderación de intereses. El tribunal recuerda que las medidas iniciales, adoptadas el 10 de septiembre, se dictaron mucho antes de la disolución de las Cortes y que los autos posteriores buscaban garantizar su efectividad a tiempo. La nueva petición, en cambio, llega con más de la mitad del periodo electoral transcurrido, a una semana del inicio de la campaña y a dos del comienzo del depósito del voto en urna en los consulados.
La Sala expresa "serias dudas" sobre la viabilidad de ejecutar la medida en plazo. Para ello tendría que repetirse el procedimiento ya seguido: identificar a los afectados, trasladar la información al CERA, emplazar a los interesados y resolver reclamaciones y recursos. Recuerda además que la Administración tardó más de mes y medio en facilitar la relación nominal de afectados y que fue necesario apercibir a los ministros. La Oficina del Censo Electoral informó el 28 de octubre de que quedaban 30.482 registros sin identificar.
Por ello, concluye que de su concesión podría seguirse una "perturbación grave de los intereses generales". El auto aclara que esto es "sin perjuicio" de que la cuestión se aborde en la sentencia final. No hay condena en costas.
El voto discrepante: la medida debió aprobarse
El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo comparte los cuatro primeros fundamentos, pero discrepa de la ponderación de intereses. Sostiene que la convocatoria electoral se hizo con una parte del CERA ya suspendida cautelarmente, por lo que la seguridad jurídica "quedaba claramente afectada" desde ese momento. Añade que, una vez celebradas las votaciones, una eventual rectificación del censo carecería de eficacia restitutoria y la sentencia podría quedar privada de parte de su finalidad.
A su juicio, la ejecución no es tan compleja: bastaría comprobar las inscripciones de los 901 progenitores que obtuvieron certificación consular para identificar a sus hijos mayores de edad dentro del anexo III. Critica además que la mayoría no describa qué actuaciones administrativas serían necesarias y opina que la medida pudo y debió ejecutarse en plazo.
El voto concurrente: coincide en el fallo, no en los argumentos
La magistrada María Alicia Millán Herrandis coincide en denegar la medida, pero rechaza que concurran un cambio de circunstancias y la conexión con el objeto del proceso. Argumenta que la vinculación entre ambos colectivos deriva de una realidad normativa preexistente y que conocer la magnitud real de los afectados no es un hecho nuevo, sino el conocimiento de algo que ya existía.
Defiende además que no existe apariencia de buen derecho respecto de los hijos, porque adquirieron la nacionalidad por un título distinto, el de la letra b) de la disposición adicional octava, sin tener que acreditar el exilio. Recuerda que el artículo 25.2 del Código Civil protege a los terceros de buena fe y advierte de que extender la suspensión supondría exigirles acreditar el exilio de su ascendiente, algo que la ley no les impone.
Se mantienen las cautelares de septiembre y octubre
