El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha dictado una sentencia sobre la muerte por amianto del fallecido, un trabajador de Agni/BSH, en la que cuadruplica la indemnización fijada por el Juzgado de lo Social nº 4. Según ha explicado la Asociación de Defensa y Ayuda a las Víctimas del Amianto de Navarra (ADAVAN), el fallo desmonta los argumentos de la empresa y corrige los de la jueza de instancia, que había aceptado en parte los criterios de la mercantil.
El portavoz de la asociación, Juan A. Castilla, ha señalado que el tribunal reprocha a la sentencia de instancia la ausencia de una valoración vertebrada del conjunto de los daños y de una motivación adecuada del cálculo realizado. Ha añadido que la resolución recuerda que la indemnización debe orientarse a la íntegra compensación de los daños sufridos. Según ADAVAN, tanto la empresa como el juzgado hicieron además una utilización equivocada de la ley del Fondo de Compensación.
Del reconocimiento de la enfermedad profesional al juicio por daños
El caso se remonta a 2020, según la asociación. El 27 de octubre de 2021, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dictó sendas resoluciones por las que concedía a la familia las pensiones de viudedad y orfandad por enfermedad profesional. En enero de 2022, los familiares iniciaron un procedimiento judicial por daños, con juicio fijado para el 4 de julio de 2023.
Días antes de esa fecha, ha indicado ADAVAN, la empresa impugnó las resoluciones del INSS, pese a haber dispuesto de un año para hacerlo. Esa impugnación obligó a suspender el juicio por daños hasta que se resolviera si la enfermedad era profesional. Esa vista se celebró el 31 de octubre de 2025 y ratificó las resoluciones del INSS. La sentencia, firme, dio por probado que el fallecido. estuvo expuesto al amianto, presente «con profusión» en Agni/BSH, y que la empresa no le protegió frente a los graves riesgos. Los afectados han seguido cobrando sus pensiones como enfermedad profesional.
Según la asociación, esa resolución producía efectos de cosa juzgada, por lo que en el juicio celebrado el 17 de abril de 2026 solo se discutía la cuantía de las indemnizaciones. ADAVAN sostiene que en esa vista la empresa ofreció cantidades «vergonzosamente bajas» y ha denunciado que el caso se ha visto lastrado desde 2020 por recursos y maniobras dilatorias. La jueza aceptó en parte los criterios de la mercantil, una decisión que ahora corrige el TSJN al multiplicar por cuatro la indemnización.
Posible recurso al Supremo
Castilla ha reconocido que BSH podría recurrir al Tribunal Supremo, aunque ha considerado que la sentencia «no deja lugar a dudas» y ha expresado su deseo de que a la empresa «no le queden ganas» de hacerlo ni de seguir «jugando con la dignidad de las víctimas». La asociación ha confiado en que el fallo sea tenido en cuenta por los distintos actores en el futuro y ha asegurado que seguirá luchando «contra los atropellos de las mercantiles» y por la dignificación de las víctimas.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha dictado una sentencia sobre la muerte por amianto del fallecido, un trabajador de Agni/BSH, en la que cuadruplica la indemnización fijada por el Juzgado de lo Social nº 4. Según ha explicado la Asociación de Defensa y Ayuda a las Víctimas del Amianto de Navarra (ADAVAN), el fallo desmonta los argumentos de la empresa y corrige los de la jueza de instancia, que había aceptado en parte los criterios de la mercantil.
El portavoz de la asociación, Juan A. Castilla, ha señalado que el tribunal reprocha a la sentencia de instancia la ausencia de una valoración vertebrada del conjunto de los daños y de una motivación adecuada del cálculo realizado. Ha añadido que la resolución recuerda que la indemnización debe orientarse a la íntegra compensación de los daños sufridos. Según ADAVAN, tanto la empresa como el juzgado hicieron además una utilización equivocada de la ley del Fondo de Compensación.
Del reconocimiento de la enfermedad profesional al juicio por daños
El caso se remonta a 2020, según la asociación. El 27 de octubre de 2021, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dictó sendas resoluciones por las que concedía a la familia las pensiones de viudedad y orfandad por enfermedad profesional. En enero de 2022, los familiares iniciaron un procedimiento judicial por daños, con juicio fijado para el 4 de julio de 2023.
Días antes de esa fecha, ha indicado ADAVAN, la empresa impugnó las resoluciones del INSS, pese a haber dispuesto de un año para hacerlo. Esa impugnación obligó a suspender el juicio por daños hasta que se resolviera si la enfermedad era profesional. Esa vista se celebró el 31 de octubre de 2025 y ratificó las resoluciones del INSS. La sentencia, firme, dio por probado que el fallecido. estuvo expuesto al amianto, presente «con profusión» en Agni/BSH, y que la empresa no le protegió frente a los graves riesgos. Los afectados han seguido cobrando sus pensiones como enfermedad profesional.
Según la asociación, esa resolución producía efectos de cosa juzgada, por lo que en el juicio celebrado el 17 de abril de 2026 solo se discutía la cuantía de las indemnizaciones. ADAVAN sostiene que en esa vista la empresa ofreció cantidades «vergonzosamente bajas» y ha denunciado que el caso se ha visto lastrado desde 2020 por recursos y maniobras dilatorias. La jueza aceptó en parte los criterios de la mercantil, una decisión que ahora corrige el TSJN al multiplicar por cuatro la indemnización.
Posible recurso al Supremo
Castilla ha reconocido que BSH podría recurrir al Tribunal Supremo, aunque ha considerado que la sentencia «no deja lugar a dudas» y ha expresado su deseo de que a la empresa «no le queden ganas» de hacerlo ni de seguir «jugando con la dignidad de las víctimas». La asociación ha confiado en que el fallo sea tenido en cuenta por los distintos actores en el futuro y ha asegurado que seguirá luchando «contra los atropellos de las mercantiles» y por la dignificación de las víctimas.
