Tras un periodo de silencio por parte de La Moncloa, el Gobierno finalmente ha anunciado que actuará «en defensa de los intereses de España» y asumirá la defensa del juez
Madrid, 27 de agosto de 2018
El Gobierno finalmente se hará cargo de la defensa jurídica del juez Pablo Llarena en la causa abierta por la demanda interpuesta desde Bélgica por Puigdemont contra el magistrado. Tras una fuerte presión por parte de las asociaciones de jueces el Gobierno ha aceptado una defensa del juez «sin condiciones», a pesar de que Justicia rechazaba asumir los actos privados que la demanda atribuye a Llarena.
La defensa se hará a través de un bufete de abogados privado belga tal y como ha anunciado el Ejecutivo. El juez está llamado a declarar en Bélgica el próximo 4 de septiembre por la demanda interpuesta contra él en ese país por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Hasta este domingo por la tarde el Gobierno no se había pronunciado sobre cuál sería su línea de actuación la respecto, alegando por un lado que la defensa de Llarena correspondía al poder judicial y, por otro, que el Gobierno «en ningún caso» podía asumir la defensa por los actos privados que se le atribuyen al magistrado en la demanda interpuesta.
Sin embargo, en una nota de prensa publicada por Moncloa este domingo por la tarde, el Gobierno aclaraba su postura respecto a la defensa de Llarena. «El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo», apuntaban desde el Ejecutivo.
La nota culminaba » El magistrado solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial que, por decisión de la Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 de agosto, su petición para la adopción de «las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica».
De manera inmediata, el Ministerio de Justicia, al tratarse de un caso conducido por los tribunales ordinarios de aquel país, puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado, para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente al Reino de España ante los tribunales belgas.
El Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente.»
