Desde Chile, Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros se reunirá en Barcelona y Andalucía antes de final de año
Madrid, 28 de agosto de 2018
Desde Santiago de Chile el presidente del Gobierno ha declarado con respecto a la demanda interpuesta por Puigdemont contra el instructor de la causa del procès, Pablo Llarena, que no se trata de una cuestión privada, sino de «una cuestión de Estado». Sánchez culmina así el giro dado por el gobierno alrededor de esta cuestión, que en un principio era considerada como «acto privado» por parte del Ministerio de Justicia y que por tanto «en ningún caso» el Estado podía asumir la defensa del juez.
Cede así el Ejecutivo ante la presión ejercida por las asociaciones de jueces y anuncian que contratarán a un bufete de abogados privado belga para la defensa de Llarena. La ministra de Justicia, Magdalena Valerio, anuncia que el Gobierno defenderá al juez “hasta las últimas consecuencias”.
Sánchez defiende este giro de postura diciendo que está en juego “la soberanía de jurisdicción” del Estado español y declara que no se trata de una rectificación, sino que desde el principio escucharon la postura de los jueces y lo fueron abordando «de manera positiva».
