El Gobierno de Navarra defenderá la constitucionalidad del blindaje permanente de las viviendas de alquiler protegido y, con ello, el autogobierno. Lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, al valorar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la Ley Foral 14/2026, de 2 de julio, sobre Vivienda. La norma busca reforzar la estabilidad y la permanencia del parque de vivienda protegida en la Comunidad Foral.
A la espera de la admisión
Alfaro precisó que el Ejecutivo foral "va a esperar a ver si el Tribunal Constitucional admite o no el recurso" para personarse, en "defensa de los intereses de los navarros y navarras".
"Inseguridad jurídica y personal" para 2.200 familias
La vicepresidenta sostuvo que lo que se pretende con el recurso es "la total inseguridad jurídica y personal" para las más de 2.200 familias navarras que se beneficiarán de la medida, lo que, a su juicio, favorece los intereses económicos de los fondos buitre. Y reprochó al PP: "Nunca les he oído hablar de la seguridad jurídica y la seguridad existencial para miles de familias que viven con la angustia de poder perder sus casas".
Informes jurídicos y jurisprudencia
Sobre la solidez de la norma, Alfaro aseguró que el blindaje permanente de las viviendas protegidas de alquiler construidas con fondos públicos "está sostenido por informes jurídicos rigurosos y por jurisprudencia consolidada". "No tenemos ninguna duda", afirmó, y calificó de falso el argumento de la retroactividad, porque la ley se refiere a viviendas que hoy siguen siendo protegidas y lo seguirán siendo de forma indefinida.
La consejera concluyó que el recurso "supone un ataque al régimen foral y al autogobierno". Frente a ello, defendió que el Gobierno entiende el autogobierno "como un escudo social de protección a nuestras vecinas y vecinos".
El Gobierno de Navarra defenderá la constitucionalidad del blindaje permanente de las viviendas de alquiler protegido y, con ello, el autogobierno. Lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, al valorar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la Ley Foral 14/2026, de 2 de julio, sobre Vivienda. La norma busca reforzar la estabilidad y la permanencia del parque de vivienda protegida en la Comunidad Foral.
A la espera de la admisión
Alfaro precisó que el Ejecutivo foral "va a esperar a ver si el Tribunal Constitucional admite o no el recurso" para personarse, en "defensa de los intereses de los navarros y navarras".
"Inseguridad jurídica y personal" para 2.200 familias
La vicepresidenta sostuvo que lo que se pretende con el recurso es "la total inseguridad jurídica y personal" para las más de 2.200 familias navarras que se beneficiarán de la medida, lo que, a su juicio, favorece los intereses económicos de los fondos buitre. Y reprochó al PP: "Nunca les he oído hablar de la seguridad jurídica y la seguridad existencial para miles de familias que viven con la angustia de poder perder sus casas".
Informes jurídicos y jurisprudencia
Sobre la solidez de la norma, Alfaro aseguró que el blindaje permanente de las viviendas protegidas de alquiler construidas con fondos públicos "está sostenido por informes jurídicos rigurosos y por jurisprudencia consolidada". "No tenemos ninguna duda", afirmó, y calificó de falso el argumento de la retroactividad, porque la ley se refiere a viviendas que hoy siguen siendo protegidas y lo seguirán siendo de forma indefinida.
La consejera concluyó que el recurso "supone un ataque al régimen foral y al autogobierno". Frente a ello, defendió que el Gobierno entiende el autogobierno "como un escudo social de protección a nuestras vecinas y vecinos".
