Por segunda vez, la Junta Electoral Provincial de Navarra ha desestimado las pretensiones de UPN en relación con el viaje oficial de la presidenta, María Chivite, a Perú y Argentina, previsto desde este domingo, 25 de octubre al 1 de noviembre.
Según fuentes del Gobierno de Navarra la primera resolución ya descartó suspender el viaje. Después, la Junta ha conocido la agenda detallada y ha examinado la nueva reclamación presentada por UPN. El resultado, indican, es que el órgano electoral rechaza de nuevo la petición de revisión y no aprecia en los actos programados ninguna infracción clara de la legislación electoral.
Desde el Ejecutivo foral sostienen que la actividad institucional de la Presidencia debe poder desarrollarse con normalidad, dentro de la legalidad y con respeto a la neutralidad electoral. En su lectura de la resolución, la celebración de un viaje oficial y el ejercicio de funciones institucionales no constituyen, por sí mismos, una vulneración de la ley.
Lo que la Junta no ha autorizado
Las fuentes del Gobierno de Navarra precisan que la Junta recuerda que no cabe presumir infracciones por adelantado. Cualquier posible incumplimiento tendría que valorarse a partir de hechos concretos, del contenido de los actos y de su difusión. La resolución, añaden, tampoco supone una autorización general para cualquier actuación durante el viaje.
En definitiva, según el relato del Ejecutivo, la Junta no encuentra motivos electorales para impedir preventivamente el viaje a partir de la agenda examinada, sin perjuicio del control que pueda ejercerse sobre actuaciones concretas.
La valoración del Gobierno sobre la actuación de UPN
Más allá de la resolución, desde el Gobierno de Navarra consideran que la actuación de UPN plantea una cuestión política. A su juicio, el partido vuelve a centrar sus esfuerzos en condicionar la agenda de la presidenta en lugar de confrontar proyectos, propuestas y resultados, y esa insistencia, opinan, transmite una imagen de oposición más preocupada por obstaculizar la actividad institucional que por ofrecer alternativas para Navarra.
Las mismas fuentes defienden que Navarra necesita una oposición exigente y vigilante, pero también responsable, que fiscalice la acción del Gobierno con argumentos y alternativas. Convertir cada actividad institucional de la presidenta en una batalla política, afirman, no sustituye al debate sobre los problemas reales de la ciudadanía.
Por segunda vez, la Junta Electoral Provincial de Navarra ha desestimado las pretensiones de UPN en relación con el viaje oficial de la presidenta, María Chivite, a Perú y Argentina, previsto desde este domingo, 25 de octubre al 1 de noviembre.
Según fuentes del Gobierno de Navarra la primera resolución ya descartó suspender el viaje. Después, la Junta ha conocido la agenda detallada y ha examinado la nueva reclamación presentada por UPN. El resultado, indican, es que el órgano electoral rechaza de nuevo la petición de revisión y no aprecia en los actos programados ninguna infracción clara de la legislación electoral.
Desde el Ejecutivo foral sostienen que la actividad institucional de la Presidencia debe poder desarrollarse con normalidad, dentro de la legalidad y con respeto a la neutralidad electoral. En su lectura de la resolución, la celebración de un viaje oficial y el ejercicio de funciones institucionales no constituyen, por sí mismos, una vulneración de la ley.
Lo que la Junta no ha autorizado
Las fuentes del Gobierno de Navarra precisan que la Junta recuerda que no cabe presumir infracciones por adelantado. Cualquier posible incumplimiento tendría que valorarse a partir de hechos concretos, del contenido de los actos y de su difusión. La resolución, añaden, tampoco supone una autorización general para cualquier actuación durante el viaje.
En definitiva, según el relato del Ejecutivo, la Junta no encuentra motivos electorales para impedir preventivamente el viaje a partir de la agenda examinada, sin perjuicio del control que pueda ejercerse sobre actuaciones concretas.
La valoración del Gobierno sobre la actuación de UPN
Más allá de la resolución, desde el Gobierno de Navarra consideran que la actuación de UPN plantea una cuestión política. A su juicio, el partido vuelve a centrar sus esfuerzos en condicionar la agenda de la presidenta en lugar de confrontar proyectos, propuestas y resultados, y esa insistencia, opinan, transmite una imagen de oposición más preocupada por obstaculizar la actividad institucional que por ofrecer alternativas para Navarra.
Las mismas fuentes defienden que Navarra necesita una oposición exigente y vigilante, pero también responsable, que fiscalice la acción del Gobierno con argumentos y alternativas. Convertir cada actividad institucional de la presidenta en una batalla política, afirman, no sustituye al debate sobre los problemas reales de la ciudadanía.
