UPN ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2027. Según el grupo parlamentario regionalista, las cuentas del Gobierno "persisten en el error" de los ejercicios anteriores e insisten "en lo mismo que no ha dado buenos resultados para los ciudadanos".
UPN defiende que los presupuestos deben convertir los recursos públicos en mejoras concretas para la ciudadanía, orientadas a resolver problemas como el acceso a la vivienda, la sanidad o la seguridad ciudadana. "No basta con aumentar el gasto", han subrayado, y han reclamado una nueva orientación presupuestaria en la que se justifiquen las prioridades, se asegure su financiación y cada partida se vincule a objetivos que mejoren los servicios públicos o a inversiones que creen oportunidades y hagan a Navarra más competitiva y próspera.
La enmienda se sostiene en cinco objeciones principales.
Inversión, servicios públicos y vivienda
La primera se refiere al equilibrio entre el funcionamiento de la Administración y la inversión que necesita Navarra. UPN reclama "una respuesta estructural que preserve la capacidad inversora con recursos propios y una programación plurianual fiable". En su opinión, anunciar un plan adicional financiado con remanentes "no sustituye la obligación de ofrecer una visión integrada, fiable y sostenible de las inversiones".
La segunda tiene que ver con la forma de evaluar los servicios públicos. El grupo propone que el presupuesto se vincule a compromisos concretos. En Salud, a tiempos de atención, actividad asistencial y cobertura de profesionales. En dependencia, discapacidad y atención a las personas mayores, a plazos de resolución, prestaciones efectivamente disponibles y condiciones que permitan sostener los cuidados. En Educación, a objetivos evaluables de mejora que revierta los últimos datos del informe PISA.
La tercera objeción se centra en la vivienda, un ámbito en el que UPN sostiene que el Gobierno de Navarra ha sido incapaz de dar una respuesta satisfactoria. "Su política de vivienda ha sido un absoluto fracaso y siguen erre que erre con su modelo en este presupuesto", han criticado. Los regionalistas admiten que aumentar el patrimonio público mediante la compra de inmuebles "puede tener utilidad", pero consideran que no equivale necesariamente a ampliar la oferta total disponible. A su juicio, la respuesta debe incluir suelo preparado, urbanización, construcción de vivienda protegida y seguridad jurídica que facilite el alquiler.
Estrategia económica e infraestructuras
La cuarta objeción reclama una estrategia económica duradera, en parte por la finalización de la financiación europea extraordinaria, que obliga a seleccionar programas por su utilidad y a asegurar la continuidad de los que acrediten resultados. UPN considera que la industria, los autónomos, el comercio y el sector agroalimentario precisan estabilidad, agilidad administrativa y condiciones que favorezcan la inversión, la productividad y el empleo de calidad. "Navarra necesita un proyecto que conecte formación profesional, innovación aplicada, disponibilidad energética y suelo industrial con las necesidades de sus empresas", han señalado.
La quinta afecta a las infraestructuras estratégicas y al equilibrio territorial. UPN denuncia la falta de concreción para la segunda fase del Canal de Navarra y en la lucha contra la despoblación.
Más control del gasto y una revisión fiscal
Además, los regionalistas piden un control más exigente de la contratación y de la ejecución del gasto, con publicidad suficiente de las modificaciones contractuales, explicación de las desviaciones de coste y seguimiento de las recomendaciones de los órganos fiscalizadores, algo que, según han afirmado, el Gobierno "pasa por alto con toda naturalidad".
UPN aboga también por revisar el esfuerzo que se exige a las familias. En su opinión, la política fiscal que acompaña a los presupuestos debe impedir que los aumentos nominales de renta provocados por la inflación se conviertan en una mayor carga tributaria sin una mejora real de la capacidad económica. El grupo defiende "una revisión coherente del modelo fiscal navarro" para ofrecer más poder adquisitivo a las familias, a la clase media y a los jóvenes, y para ayudar a ser más competitivos a las empresas y a los autónomos.
Por todo ello, UPN reclama "un nuevo proyecto que proteja la inversión, vincule los servicios públicos a resultados que se puedan medir y establezca compromisos creíbles para el desarrollo económico y social de Navarra".
UPN ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2027. Según el grupo parlamentario regionalista, las cuentas del Gobierno "persisten en el error" de los ejercicios anteriores e insisten "en lo mismo que no ha dado buenos resultados para los ciudadanos".
UPN defiende que los presupuestos deben convertir los recursos públicos en mejoras concretas para la ciudadanía, orientadas a resolver problemas como el acceso a la vivienda, la sanidad o la seguridad ciudadana. "No basta con aumentar el gasto", han subrayado, y han reclamado una nueva orientación presupuestaria en la que se justifiquen las prioridades, se asegure su financiación y cada partida se vincule a objetivos que mejoren los servicios públicos o a inversiones que creen oportunidades y hagan a Navarra más competitiva y próspera.
La enmienda se sostiene en cinco objeciones principales.
Inversión, servicios públicos y vivienda
La primera se refiere al equilibrio entre el funcionamiento de la Administración y la inversión que necesita Navarra. UPN reclama "una respuesta estructural que preserve la capacidad inversora con recursos propios y una programación plurianual fiable". En su opinión, anunciar un plan adicional financiado con remanentes "no sustituye la obligación de ofrecer una visión integrada, fiable y sostenible de las inversiones".
La segunda tiene que ver con la forma de evaluar los servicios públicos. El grupo propone que el presupuesto se vincule a compromisos concretos. En Salud, a tiempos de atención, actividad asistencial y cobertura de profesionales. En dependencia, discapacidad y atención a las personas mayores, a plazos de resolución, prestaciones efectivamente disponibles y condiciones que permitan sostener los cuidados. En Educación, a objetivos evaluables de mejora que revierta los últimos datos del informe PISA.
La tercera objeción se centra en la vivienda, un ámbito en el que UPN sostiene que el Gobierno de Navarra ha sido incapaz de dar una respuesta satisfactoria. "Su política de vivienda ha sido un absoluto fracaso y siguen erre que erre con su modelo en este presupuesto", han criticado. Los regionalistas admiten que aumentar el patrimonio público mediante la compra de inmuebles "puede tener utilidad", pero consideran que no equivale necesariamente a ampliar la oferta total disponible. A su juicio, la respuesta debe incluir suelo preparado, urbanización, construcción de vivienda protegida y seguridad jurídica que facilite el alquiler.
Estrategia económica e infraestructuras
La cuarta objeción reclama una estrategia económica duradera, en parte por la finalización de la financiación europea extraordinaria, que obliga a seleccionar programas por su utilidad y a asegurar la continuidad de los que acrediten resultados. UPN considera que la industria, los autónomos, el comercio y el sector agroalimentario precisan estabilidad, agilidad administrativa y condiciones que favorezcan la inversión, la productividad y el empleo de calidad. "Navarra necesita un proyecto que conecte formación profesional, innovación aplicada, disponibilidad energética y suelo industrial con las necesidades de sus empresas", han señalado.
La quinta afecta a las infraestructuras estratégicas y al equilibrio territorial. UPN denuncia la falta de concreción para la segunda fase del Canal de Navarra y en la lucha contra la despoblación.
Más control del gasto y una revisión fiscal
Además, los regionalistas piden un control más exigente de la contratación y de la ejecución del gasto, con publicidad suficiente de las modificaciones contractuales, explicación de las desviaciones de coste y seguimiento de las recomendaciones de los órganos fiscalizadores, algo que, según han afirmado, el Gobierno "pasa por alto con toda naturalidad".
UPN aboga también por revisar el esfuerzo que se exige a las familias. En su opinión, la política fiscal que acompaña a los presupuestos debe impedir que los aumentos nominales de renta provocados por la inflación se conviertan en una mayor carga tributaria sin una mejora real de la capacidad económica. El grupo defiende "una revisión coherente del modelo fiscal navarro" para ofrecer más poder adquisitivo a las familias, a la clase media y a los jóvenes, y para ayudar a ser más competitivos a las empresas y a los autónomos.
Por todo ello, UPN reclama "un nuevo proyecto que proteja la inversión, vincule los servicios públicos a resultados que se puedan medir y establezca compromisos creíbles para el desarrollo económico y social de Navarra".
