La Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes el dictamen del proyecto de Ley Foral de Reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, que será elevado próximamente al Pleno para su debate y votación definitivos. El texto, impulsado por el Gobierno de Navarra, sustituye a la Ley Foral 9/2010 con el objetivo de actualizar la regulación, mejorar la seguridad jurídica y facilitar la aplicación de los derechos y ayudas reconocidos a las víctimas y a sus familias. Mediante un marco integral de reconocimiento, protección y reparación, pretende reforzar el compromiso de las instituciones con la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia.
A quién se aplica y desde cuándo
La ley abarca tanto los atentados cometidos en Navarra como los ocurridos en el resto de España o en el extranjero, siempre que las víctimas tuvieran la condición política navarra en el momento de los hechos o hubieran nacido en Navarra. En el plano temporal, será aplicable con carácter general a los actos terroristas ocurridos desde el 1 de enero de 1960, aunque las disposiciones sobre reparación de daños materiales quedan excluidas de esta aplicación retroactiva.
El texto fija además reglas específicas para determinadas prestaciones vinculadas a hechos anteriores a esa fecha. Durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor, podrán solicitar las ayudas complementarias por fallecimiento y por daños físicos o psíquicos quienes hubieran recibido la ayuda estatal correspondiente, pero no la complementaria de Navarra. En materia de vivienda, las ayudas para hechos anteriores a 1960 se reservan a las víctimas en situación de vulnerabilidad que requieran especial protección, conforme a los criterios económicos y sociales previstos en la norma.
Indemnizaciones, ayudas y apoyo a las asociaciones
La ley regula un sistema de indemnizaciones complementarias a las estatales por fallecimiento, secuestro y daños físicos o psíquicos, con un incremento del 30 %, vinculado a supuestos concretos, sobre las cuantías concedidas por la Administración General del Estado. Incorpora también compensaciones por situaciones de dependencia.
Se contemplan igualmente ayudas para reparar daños materiales en viviendas, establecimientos y otros bienes, así como asistencia sanitaria y psicológica, apoyo para acceder a vivienda protegida, becas de estudio, estrategias de inserción laboral y posibles beneficios fiscales. Estas ayudas alcanzan a familiares y a otras personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia. Tienen carácter complementario respecto a las estatales y subsidiario en relación con las reconocidas por otras administraciones y, en su caso, por aseguradoras.
El proyecto prevé también subvenciones e iniciativas de respaldo a las asociaciones y entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas, así como convenios de colaboración con entidades públicas y privadas para favorecer la atención y la protección de las personas perjudicadas.
Memoria, educación y un nuevo Consejo
En materia de memoria y convivencia democrática, la norma recoge actuaciones de reconocimiento público, conservación de testimonios, investigación y difusión del conocimiento sobre el terrorismo. Impulsa asimismo iniciativas educativas para promover los derechos humanos, preservar la memoria y la dignidad de las víctimas y contribuir a la deslegitimación de la violencia. El texto establece el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, como jornada anual de recuerdo y reconocimiento.
Crea además el Consejo Navarro de Participación de las Víctimas del Terrorismo, un órgano consultivo y de asesoramiento destinado a canalizar la participación de las asociaciones representativas en las políticas públicas. Estará adscrito al departamento de Memoria y Convivencia y presidido por el consejero competente en la materia, mientras que la Vicepresidencia corresponderá a su director o directora general y la Secretaría a la unidad adscrita a esa dirección. De las 10 vocalías previstas, cuatro se reservan a las asociaciones de víctimas más representativas, tres a los departamentos competentes en cuestiones relacionadas con la ley, dos al Parlamento de Navarra y una a la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Entre sus funciones figura la evaluación periódica de la norma, que deberá plasmarse en una memoria anual.
225 enmiendas debatidas y ocho aprobadas
En el examen en comisión se han debatido 225 enmiendas, cinco de ellas in voce, de las que se han aprobado ocho: cuatro de UPN y otras cuatro suscritas de manera conjunta por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. El resto de las enmiendas registradas ha decaído, en concreto 8 de EH Bildu, 18 del PPN (una de ellas in voce) y 167 del Grupo Mixto.
Los grupos que sostienen al Gobierno, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, han completado el proyecto con una serie de previsiones sobre la protección y la violación de los espacios de memoria, también en el ámbito local, y sobre el recuerdo y el reconocimiento institucional de las víctimas. Se otorga al Gobierno de Navarra un plazo de dos años para elaborar un censo que recoja todos los espacios de la memoria de las víctimas del terrorismo. A partir de ahí, se le emplaza a abordar el desarrollo reglamentario necesario para «definir las acciones u omisiones» que supongan incumplimiento de las obligaciones de protección de esos lugares, y también para la «retirada de las vías públicas de todo elemento contrario a la memoria y la dignidad o legitimador de cualquier forma de violencia terrorista».
Estas previsiones incorporan un régimen sancionador y se extienden a las entidades locales. Cuando estas no actúen, incluso si los elementos contrarios a la memoria y la dignidad se encuentran en «edificios privados con proyección a un espacio visible de acceso o uso público», su inacción será suplida por el Gobierno de Navarra, «a costa de las administraciones locales». De forma complementaria, se prevé incorporar cláusulas en subvenciones, contratos públicos y convenios para «impedir la utilización de fondos públicos para actividades de legitimación, ensalzamiento o justificación de la violencia terrorista».
En el ámbito del reconocimiento institucional, la cobertura se extiende a las personas que sufrieron «amenazas, extorsión económica, secuestro o persecución política» por parte de organizaciones terroristas y cuyas vidas, según se precisa, «debieron ser protegidas».
Lo que ha salido adelante de UPN y lo que ha quedado fuera
De las 28 enmiendas defendidas por UPN, formación para la que la principal diferencia entre este proyecto y la ley de 2010 radica en el «contexto», se han aprobado cuatro. Tres de ellas afectan a la exposición de motivos, donde se vincula la consecución de una sociedad «justa, pacífica e inclusiva» al debido ejercicio de memoria, reconocimiento y reparación, individual y social, de las víctimas del terrorismo, «principalmente de ETA, que es la que más víctimas ha causado en Navarra». La cuarta amplía de uno a dos el número mínimo de sesiones ordinarias anuales del Consejo Navarro de Participación de las Víctimas, para equipararlo con otros consejos de ámbito foral.
Las enmiendas de UPN que no han prosperado, con la oposición de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, redefinían el objeto de la ley para señalar directamente a ETA como la «organización terrorista que más daño y víctimas ha causado en Navarra» y subrayar la importancia de mantener viva la memoria y de asegurar el derecho de las víctimas a la reparación integral. En cumplimiento de un acuerdo de la Mesa del Parlamento, proponían también incluir entre las fechas de reconocimiento el Día de los Desplazados Forzosos por ETA, el 27 de junio, como muestra de desagravio a quienes se vieron «obligados a abandonar su tierra por miedo, amenazas o persecución terrorista», y otorgar reconocimiento público a las víctimas de extorsión, coacciones o amenazas directas.
En el terreno de la protección, UPN planteaba que la Administración de Navarra ejerciera la acción popular en todos los procedimientos penales por «enaltecimiento o justificación públicos» de los delitos de terrorismo y que se investigara cualquier conducta que pudiera ser constitutiva de infracción penal, como los «homenajes a terroristas». En el capítulo de indemnizaciones, pedía reconocer una compensación adicional equivalente al 30 % del límite máximo previsto en el artículo 20 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, con el fin de garantizar un trato homogéneo en los casos de fallecimiento, secuestro y daños físicos o psíquicos, y evitar que la cuantía dependiera de que la autoría de los hechos se hubiera podido determinar judicialmente o de que existiera sentencia penal firme.
Los regionalistas proponían además crear el Memorial Navarro de las Víctimas del Terrorismo de ETA, como espacio permanente para «investigar su impacto, preservar la verdad de lo ocurrido y transmitir los valores democráticos y éticos atacados durante décadas». En vivienda, planteaban ampliar hasta los familiares de segundo grado de consanguinidad la consideración de «colectivo preferente» en las políticas públicas de vivienda y promoción de suelo, y extender con ese mismo criterio la cobertura de becas y ayudas al estudio. Tampoco ha logrado apoyos suficientes la reserva del 2 % de las plazas de las ofertas públicas de empleo para víctimas y familiares, ni el establecimiento de beneficios fiscales para las víctimas y, en caso de fallecimiento por el atentado, para sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
En el ámbito educativo, UPN defendía un programa de contenidos específicos sobre Educación y Memoria del Terrorismo de ETA, en cuya elaboración no pudiera participar ninguna persona con antecedentes por pertenencia o colaboración con la organización. Con el ánimo de «proteger a los menores», propugnaba también promover acciones legales para evitar que personas condenadas por terrorismo accedieran a la docencia en centros públicos o concertados, incluso tras cumplir condena, salvo que hubieran realizado un testimonio público, «claro y rotundo» de condena del terrorismo y hubieran pedido perdón a sus víctimas y a la sociedad.
Por último, UPN presentaba un régimen sancionador con multas de entre 200 y 150.000 euros para infracciones que, supletoriamente, podrían acarrear la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas en materia de convivencia, memoria y derechos humanos. El procedimiento contemplaba que cualquier persona pudiera denunciar hechos susceptibles de constituir las infracciones previstas en la ley foral.
La Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes el dictamen del proyecto de Ley Foral de Reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, que será elevado próximamente al Pleno para su debate y votación definitivos. El texto, impulsado por el Gobierno de Navarra, sustituye a la Ley Foral 9/2010 con el objetivo de actualizar la regulación, mejorar la seguridad jurídica y facilitar la aplicación de los derechos y ayudas reconocidos a las víctimas y a sus familias. Mediante un marco integral de reconocimiento, protección y reparación, pretende reforzar el compromiso de las instituciones con la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia.
A quién se aplica y desde cuándo
La ley abarca tanto los atentados cometidos en Navarra como los ocurridos en el resto de España o en el extranjero, siempre que las víctimas tuvieran la condición política navarra en el momento de los hechos o hubieran nacido en Navarra. En el plano temporal, será aplicable con carácter general a los actos terroristas ocurridos desde el 1 de enero de 1960, aunque las disposiciones sobre reparación de daños materiales quedan excluidas de esta aplicación retroactiva.
El texto fija además reglas específicas para determinadas prestaciones vinculadas a hechos anteriores a esa fecha. Durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor, podrán solicitar las ayudas complementarias por fallecimiento y por daños físicos o psíquicos quienes hubieran recibido la ayuda estatal correspondiente, pero no la complementaria de Navarra. En materia de vivienda, las ayudas para hechos anteriores a 1960 se reservan a las víctimas en situación de vulnerabilidad que requieran especial protección, conforme a los criterios económicos y sociales previstos en la norma.
Indemnizaciones, ayudas y apoyo a las asociaciones
La ley regula un sistema de indemnizaciones complementarias a las estatales por fallecimiento, secuestro y daños físicos o psíquicos, con un incremento del 30 %, vinculado a supuestos concretos, sobre las cuantías concedidas por la Administración General del Estado. Incorpora también compensaciones por situaciones de dependencia.
Se contemplan igualmente ayudas para reparar daños materiales en viviendas, establecimientos y otros bienes, así como asistencia sanitaria y psicológica, apoyo para acceder a vivienda protegida, becas de estudio, estrategias de inserción laboral y posibles beneficios fiscales. Estas ayudas alcanzan a familiares y a otras personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia. Tienen carácter complementario respecto a las estatales y subsidiario en relación con las reconocidas por otras administraciones y, en su caso, por aseguradoras.
El proyecto prevé también subvenciones e iniciativas de respaldo a las asociaciones y entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas, así como convenios de colaboración con entidades públicas y privadas para favorecer la atención y la protección de las personas perjudicadas.
Memoria, educación y un nuevo Consejo
En materia de memoria y convivencia democrática, la norma recoge actuaciones de reconocimiento público, conservación de testimonios, investigación y difusión del conocimiento sobre el terrorismo. Impulsa asimismo iniciativas educativas para promover los derechos humanos, preservar la memoria y la dignidad de las víctimas y contribuir a la deslegitimación de la violencia. El texto establece el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, como jornada anual de recuerdo y reconocimiento.
Crea además el Consejo Navarro de Participación de las Víctimas del Terrorismo, un órgano consultivo y de asesoramiento destinado a canalizar la participación de las asociaciones representativas en las políticas públicas. Estará adscrito al departamento de Memoria y Convivencia y presidido por el consejero competente en la materia, mientras que la Vicepresidencia corresponderá a su director o directora general y la Secretaría a la unidad adscrita a esa dirección. De las 10 vocalías previstas, cuatro se reservan a las asociaciones de víctimas más representativas, tres a los departamentos competentes en cuestiones relacionadas con la ley, dos al Parlamento de Navarra y una a la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Entre sus funciones figura la evaluación periódica de la norma, que deberá plasmarse en una memoria anual.
225 enmiendas debatidas y ocho aprobadas
En el examen en comisión se han debatido 225 enmiendas, cinco de ellas in voce, de las que se han aprobado ocho: cuatro de UPN y otras cuatro suscritas de manera conjunta por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. El resto de las enmiendas registradas ha decaído, en concreto 8 de EH Bildu, 18 del PPN (una de ellas in voce) y 167 del Grupo Mixto.
Los grupos que sostienen al Gobierno, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, han completado el proyecto con una serie de previsiones sobre la protección y la violación de los espacios de memoria, también en el ámbito local, y sobre el recuerdo y el reconocimiento institucional de las víctimas. Se otorga al Gobierno de Navarra un plazo de dos años para elaborar un censo que recoja todos los espacios de la memoria de las víctimas del terrorismo. A partir de ahí, se le emplaza a abordar el desarrollo reglamentario necesario para «definir las acciones u omisiones» que supongan incumplimiento de las obligaciones de protección de esos lugares, y también para la «retirada de las vías públicas de todo elemento contrario a la memoria y la dignidad o legitimador de cualquier forma de violencia terrorista».
Estas previsiones incorporan un régimen sancionador y se extienden a las entidades locales. Cuando estas no actúen, incluso si los elementos contrarios a la memoria y la dignidad se encuentran en «edificios privados con proyección a un espacio visible de acceso o uso público», su inacción será suplida por el Gobierno de Navarra, «a costa de las administraciones locales». De forma complementaria, se prevé incorporar cláusulas en subvenciones, contratos públicos y convenios para «impedir la utilización de fondos públicos para actividades de legitimación, ensalzamiento o justificación de la violencia terrorista».
En el ámbito del reconocimiento institucional, la cobertura se extiende a las personas que sufrieron «amenazas, extorsión económica, secuestro o persecución política» por parte de organizaciones terroristas y cuyas vidas, según se precisa, «debieron ser protegidas».
Lo que ha salido adelante de UPN y lo que ha quedado fuera
De las 28 enmiendas defendidas por UPN, formación para la que la principal diferencia entre este proyecto y la ley de 2010 radica en el «contexto», se han aprobado cuatro. Tres de ellas afectan a la exposición de motivos, donde se vincula la consecución de una sociedad «justa, pacífica e inclusiva» al debido ejercicio de memoria, reconocimiento y reparación, individual y social, de las víctimas del terrorismo, «principalmente de ETA, que es la que más víctimas ha causado en Navarra». La cuarta amplía de uno a dos el número mínimo de sesiones ordinarias anuales del Consejo Navarro de Participación de las Víctimas, para equipararlo con otros consejos de ámbito foral.
Las enmiendas de UPN que no han prosperado, con la oposición de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, redefinían el objeto de la ley para señalar directamente a ETA como la «organización terrorista que más daño y víctimas ha causado en Navarra» y subrayar la importancia de mantener viva la memoria y de asegurar el derecho de las víctimas a la reparación integral. En cumplimiento de un acuerdo de la Mesa del Parlamento, proponían también incluir entre las fechas de reconocimiento el Día de los Desplazados Forzosos por ETA, el 27 de junio, como muestra de desagravio a quienes se vieron «obligados a abandonar su tierra por miedo, amenazas o persecución terrorista», y otorgar reconocimiento público a las víctimas de extorsión, coacciones o amenazas directas.
En el terreno de la protección, UPN planteaba que la Administración de Navarra ejerciera la acción popular en todos los procedimientos penales por «enaltecimiento o justificación públicos» de los delitos de terrorismo y que se investigara cualquier conducta que pudiera ser constitutiva de infracción penal, como los «homenajes a terroristas». En el capítulo de indemnizaciones, pedía reconocer una compensación adicional equivalente al 30 % del límite máximo previsto en el artículo 20 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, con el fin de garantizar un trato homogéneo en los casos de fallecimiento, secuestro y daños físicos o psíquicos, y evitar que la cuantía dependiera de que la autoría de los hechos se hubiera podido determinar judicialmente o de que existiera sentencia penal firme.
Los regionalistas proponían además crear el Memorial Navarro de las Víctimas del Terrorismo de ETA, como espacio permanente para «investigar su impacto, preservar la verdad de lo ocurrido y transmitir los valores democráticos y éticos atacados durante décadas». En vivienda, planteaban ampliar hasta los familiares de segundo grado de consanguinidad la consideración de «colectivo preferente» en las políticas públicas de vivienda y promoción de suelo, y extender con ese mismo criterio la cobertura de becas y ayudas al estudio. Tampoco ha logrado apoyos suficientes la reserva del 2 % de las plazas de las ofertas públicas de empleo para víctimas y familiares, ni el establecimiento de beneficios fiscales para las víctimas y, en caso de fallecimiento por el atentado, para sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
En el ámbito educativo, UPN defendía un programa de contenidos específicos sobre Educación y Memoria del Terrorismo de ETA, en cuya elaboración no pudiera participar ninguna persona con antecedentes por pertenencia o colaboración con la organización. Con el ánimo de «proteger a los menores», propugnaba también promover acciones legales para evitar que personas condenadas por terrorismo accedieran a la docencia en centros públicos o concertados, incluso tras cumplir condena, salvo que hubieran realizado un testimonio público, «claro y rotundo» de condena del terrorismo y hubieran pedido perdón a sus víctimas y a la sociedad.
Por último, UPN presentaba un régimen sancionador con multas de entre 200 y 150.000 euros para infracciones que, supletoriamente, podrían acarrear la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas en materia de convivencia, memoria y derechos humanos. El procedimiento contemplaba que cualquier persona pudiera denunciar hechos susceptibles de constituir las infracciones previstas en la ley foral.
