El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo y Ciudad Habitable del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha asegurado este lunes que la responsabilidad de la renuncia a construir las viviendas de protección oficial de Maristas recae "únicamente" en la empresa constructora Obenasa que ha roto el contrato "de manera unilateral y sorpresiva". Abaurrea ha insistido en que, pese a ello, "no está todo perdido" para las 108 familias afectadas y ha prometido que el Ayuntamiento hará "todos los esfuerzos posibles" para ayudar a encontrar una solución.
"Una decisión de última hora"
El edil ha explicado que se reunió con la empresa el viernes para conocer "de primera mano" la situación. Según ha señalado, los responsables de la compañía le reconocieron que habían actuado así "expresamente para no abrir un nuevo espacio de negociación". Abaurrea ha subrayado que "hace muy pocos días" mantuvieron una conversación en la que "las cosas iban bien", por lo que ha calificado la decisión de "última hora y de carácter sorpresivo".
Ha defendido además que en su momento sí había garantías, ya que se había construido "toda una serie de relaciones contractuales con empresas financieras y respaldo de la cooperativa". También ha recordado que la dirección facultativa había aceptado una estimación presupuestaria que la empresa ha roto ahora "de manera unilateral". En su opinión, la compañía "tiene que ser consciente" de que su decisión le llevará a afrontar reclamaciones de carácter indemnizatorio.
Abaurrea ha criticado a quienes, según ha dicho, tratan de desviar la atención hacia el Ayuntamiento: "es darle cobertura a la empresa y no dársela a las familias". Ha afirmado que hay dos actitudes posibles, "dedicarse al alboroto y a la tajada política" o "sumarse a los esfuerzos", y que el Consistorio ha elegido la segunda.
Una promoción del Gobierno de Navarra
El concejal ha recordado que el Ayuntamiento no tiene competencias sobre la promoción, ya que las promociones de vivienda protegida "no las hacen los ayuntamientos, las hace el Gobierno de Navarra". A su juicio, se trata de una relación entre particulares, la cooperativa y la empresa, en la que el Consistorio no es competente para interferir. Aun así, ha asegurado que son "perfectamente conscientes" de que hay 108 familias en una situación "de altísima preocupación, de desesperación", según le trasladó el presidente de la cooperativa.
Abaurrea ha anunciado que el Ayuntamiento tiene prevista una reunión hoy mismo con la cooperativa y su asesoría, después de haber hablado ya por teléfono con ella durante el fin de semana. El objetivo, ha dicho, es conocer cómo ven la situación y ofrecerles apoyo, asesoramiento y "esperanza". "El intento no es dejar caer Maristas, vamos a estar cerca", ha afirmado.
Las obras, todavía en marcha
El edil ha precisado que la empresa no ha dejado paradas las obras, sino que ha "dado una espantada" que deja sin constructora la segunda fase. En estos momentos, ha explicado, se está en la primera fase, que consistía en los derribos y en la colocación de una estructura de refuerzo, por lo que "todavía hay un margen para resolver cosas". Ha pedido que se busque una empresa sustituta "lo más rápido posible".
También ha recordado que el Ayuntamiento modificó la normativa del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para poder subvencionar, entre otras cuestiones, a la cooperativa de vivienda protegida. Ha señalado que ese es "el único esfuerzo económico que se ha hecho hasta ahora" y que se trata de un esfuerzo importante, porque "el gran problema es que no cuadran las cifras".
Sin arrepentimiento por el cambio urbanístico
Preguntado por si se arrepiente de haber cambiado el plan urbanístico para permitir la concesión de las viviendas libres, Abaurrea ha respondido que no. En su opinión, no había otra manera de resolver la situación y, sin ese cambio, durante todo este tiempo habría habido "sesenta familias sin vivienda", mientras que el resto de familias también tenían que acceder a la suya. Según ha explicado, "en términos jurídicos eso era insoportable" y el Ayuntamiento corría el riesgo de ser demandado por daños y perjuicios.
Ha asegurado que era imposible anticipar la marcha de la empresa y ha defendido que el cuadro de compromisos generado, no solo con la compañía sino también de carácter financiero, "tiene que ser la base" para una solución. "Luego habrá tiempo para juzgar todo esto", ha concluido.
El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo y Ciudad Habitable del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha asegurado este lunes que la responsabilidad de la renuncia a construir las viviendas de protección oficial de Maristas recae "únicamente" en la empresa constructora Obenasa que ha roto el contrato "de manera unilateral y sorpresiva". Abaurrea ha insistido en que, pese a ello, "no está todo perdido" para las 108 familias afectadas y ha prometido que el Ayuntamiento hará "todos los esfuerzos posibles" para ayudar a encontrar una solución.
"Una decisión de última hora"
El edil ha explicado que se reunió con la empresa el viernes para conocer "de primera mano" la situación. Según ha señalado, los responsables de la compañía le reconocieron que habían actuado así "expresamente para no abrir un nuevo espacio de negociación". Abaurrea ha subrayado que "hace muy pocos días" mantuvieron una conversación en la que "las cosas iban bien", por lo que ha calificado la decisión de "última hora y de carácter sorpresivo".
Ha defendido además que en su momento sí había garantías, ya que se había construido "toda una serie de relaciones contractuales con empresas financieras y respaldo de la cooperativa". También ha recordado que la dirección facultativa había aceptado una estimación presupuestaria que la empresa ha roto ahora "de manera unilateral". En su opinión, la compañía "tiene que ser consciente" de que su decisión le llevará a afrontar reclamaciones de carácter indemnizatorio.
Abaurrea ha criticado a quienes, según ha dicho, tratan de desviar la atención hacia el Ayuntamiento: "es darle cobertura a la empresa y no dársela a las familias". Ha afirmado que hay dos actitudes posibles, "dedicarse al alboroto y a la tajada política" o "sumarse a los esfuerzos", y que el Consistorio ha elegido la segunda.
Una promoción del Gobierno de Navarra
El concejal ha recordado que el Ayuntamiento no tiene competencias sobre la promoción, ya que las promociones de vivienda protegida "no las hacen los ayuntamientos, las hace el Gobierno de Navarra". A su juicio, se trata de una relación entre particulares, la cooperativa y la empresa, en la que el Consistorio no es competente para interferir. Aun así, ha asegurado que son "perfectamente conscientes" de que hay 108 familias en una situación "de altísima preocupación, de desesperación", según le trasladó el presidente de la cooperativa.
Abaurrea ha anunciado que el Ayuntamiento tiene prevista una reunión hoy mismo con la cooperativa y su asesoría, después de haber hablado ya por teléfono con ella durante el fin de semana. El objetivo, ha dicho, es conocer cómo ven la situación y ofrecerles apoyo, asesoramiento y "esperanza". "El intento no es dejar caer Maristas, vamos a estar cerca", ha afirmado.
Las obras, todavía en marcha
El edil ha precisado que la empresa no ha dejado paradas las obras, sino que ha "dado una espantada" que deja sin constructora la segunda fase. En estos momentos, ha explicado, se está en la primera fase, que consistía en los derribos y en la colocación de una estructura de refuerzo, por lo que "todavía hay un margen para resolver cosas". Ha pedido que se busque una empresa sustituta "lo más rápido posible".
También ha recordado que el Ayuntamiento modificó la normativa del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para poder subvencionar, entre otras cuestiones, a la cooperativa de vivienda protegida. Ha señalado que ese es "el único esfuerzo económico que se ha hecho hasta ahora" y que se trata de un esfuerzo importante, porque "el gran problema es que no cuadran las cifras".
Sin arrepentimiento por el cambio urbanístico
Preguntado por si se arrepiente de haber cambiado el plan urbanístico para permitir la concesión de las viviendas libres, Abaurrea ha respondido que no. En su opinión, no había otra manera de resolver la situación y, sin ese cambio, durante todo este tiempo habría habido "sesenta familias sin vivienda", mientras que el resto de familias también tenían que acceder a la suya. Según ha explicado, "en términos jurídicos eso era insoportable" y el Ayuntamiento corría el riesgo de ser demandado por daños y perjuicios.
Ha asegurado que era imposible anticipar la marcha de la empresa y ha defendido que el cuadro de compromisos generado, no solo con la compañía sino también de carácter financiero, "tiene que ser la base" para una solución. "Luego habrá tiempo para juzgar todo esto", ha concluido.
