Cerca de medio millar de personas han participado este domingo al mediodía en una manifestación en Pamplona para reclamar una solución a la situación de las viviendas protegidas (VPO y VPT) del antiguo solar de Maristas, que permanecen paralizadas tras la renuncia de la constructora a ejecutar las obras. La marcha, convocada por los afectados bajo el lema «No nos dejéis caer / Ez gaitzazue erortzen utzi», ha partido de la Torre de la calle Sangüesa y ha finalizado en la Plaza del Castillo.
Los convocantes han defendido que la protesta busca visibilizar el problema y exigir que la vivienda pública se gestione con responsabilidad pública. Para ello, habían hecho un llamamiento vecinal a arropar a las familias afectadas y a reclamar a las instituciones soluciones «reales y definitivas» a este conflicto.
«La vivienda no es un tablero de ajedrez financiero»
En el manifiesto de la protesta, las familias han denunciado el «abuso» y la «estafa» de los que, según sostienen, están siendo víctimas las adjudicatarias de Maristas. «La vivienda no es un tablero de ajedrez financiero donde las familias somos simples peones utilizados por intereses especulativos», han señalado. Las 108 familias de Maristas II han asegurado sentirse «vulnerables y atrapadas» en un «calvario de incertidumbre» que dura ya tres años, durante los cuales, han explicado, han tenido que asumir riesgos financieros propios de un empresario y costear abogados para su defensa, pese a haber accedido al proyecto, según han recordado, a través de un censo público, con rigurosos baremos de renta y con los ahorros de toda una vida.
Los afectados han acusado a la gestora, Arrasate, y a la constructora, Obenasa, de haber dirigido un proceso «viciado de principio a fin», marcado por la opacidad, por decisiones tomadas «bajo la coacción» y por el abandono de una constructora que, según el manifiesto, «se ha cobrado el beneficio de la vivienda libre». Sobre la gestora, han afirmado que, como reconoció la propia consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, cuando ocupaba ese cargo, ha operado como una «promotora encubierta».
Reproches al Ayuntamiento y al Gobierno de Navarra
El manifiesto exige responsabilidades al Ayuntamiento de Pamplona, al que atribuyen decisiones políticas que, según ha señalado, alteraron las condiciones originales del proyecto y rompieron su equilibrio económico. Las familias han recordado que se les aseguró que existían «garantías suficientes» para la construcción de sus viviendas y han preguntado dónde están. También han reclamado al Gobierno de Navarra que responda, ya que, han indicado, el proyecto arrastra la carga técnica y económica de conservar un edificio catalogado y resulta «incomprensible» que la administración no previera el desfase de costes ni que se les hayan denegado las ayudas ordinarias de rehabilitación. «¿Cómo se puede exigir la protección del patrimonio histórico y, a la vez, cerrar la puerta a la financiación pública?», han planteado.
Los afectados han interpelado asimismo a quienes se declaran progresistas y defensores de lo social, y han pedido directamente a la presidenta, María Chivite, y al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron: «No se escondan, no sean cómplices y no miren para otro lado».
La clave, los presupuestos
Las familias han marcado el calendario presupuestario como el momento decisivo. El 19 de noviembre finaliza el plazo de enmiendas parciales a los presupuestos de Navarra y el 17 de diciembre se celebrará el debate definitivo. Han recordado que UPN ha propuesto crear una partida específica de 3 millones de euros para resolver el problema, y han considerado que es una oportunidad para que el Gobierno foral se posicione con claridad. «Es ahora o nunca. Necesitamos un compromiso político real que se plasme en los presupuestos generales de Navarra», han afirmado.
El manifiesto concluye con un llamamiento directo a la consejera Alfaro y al Ejecutivo para que demuestren su compromiso con el derecho a la vivienda «con hechos, no con palabras», y con una advertencia: «La paciencia de 108 familias trabajadoras tiene un límite». Las familias han cerrado con los lemas «Por el derecho a la vivienda protegida», «Por el cumplimiento de la Ley Foral de Vivienda» y «Solución ya para Maristas II».
Cerca de medio millar de personas han participado este domingo al mediodía en una manifestación en Pamplona para reclamar una solución a la situación de las viviendas protegidas (VPO y VPT) del antiguo solar de Maristas, que permanecen paralizadas tras la renuncia de la constructora a ejecutar las obras. La marcha, convocada por los afectados bajo el lema «No nos dejéis caer / Ez gaitzazue erortzen utzi», ha partido de la Torre de la calle Sangüesa y ha finalizado en la Plaza del Castillo.
Los convocantes han defendido que la protesta busca visibilizar el problema y exigir que la vivienda pública se gestione con responsabilidad pública. Para ello, habían hecho un llamamiento vecinal a arropar a las familias afectadas y a reclamar a las instituciones soluciones «reales y definitivas» a este conflicto.
«La vivienda no es un tablero de ajedrez financiero»
En el manifiesto de la protesta, las familias han denunciado el «abuso» y la «estafa» de los que, según sostienen, están siendo víctimas las adjudicatarias de Maristas. «La vivienda no es un tablero de ajedrez financiero donde las familias somos simples peones utilizados por intereses especulativos», han señalado. Las 108 familias de Maristas II han asegurado sentirse «vulnerables y atrapadas» en un «calvario de incertidumbre» que dura ya tres años, durante los cuales, han explicado, han tenido que asumir riesgos financieros propios de un empresario y costear abogados para su defensa, pese a haber accedido al proyecto, según han recordado, a través de un censo público, con rigurosos baremos de renta y con los ahorros de toda una vida.
Los afectados han acusado a la gestora, Arrasate, y a la constructora, Obenasa, de haber dirigido un proceso «viciado de principio a fin», marcado por la opacidad, por decisiones tomadas «bajo la coacción» y por el abandono de una constructora que, según el manifiesto, «se ha cobrado el beneficio de la vivienda libre». Sobre la gestora, han afirmado que, como reconoció la propia consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, cuando ocupaba ese cargo, ha operado como una «promotora encubierta».
Reproches al Ayuntamiento y al Gobierno de Navarra
El manifiesto exige responsabilidades al Ayuntamiento de Pamplona, al que atribuyen decisiones políticas que, según ha señalado, alteraron las condiciones originales del proyecto y rompieron su equilibrio económico. Las familias han recordado que se les aseguró que existían «garantías suficientes» para la construcción de sus viviendas y han preguntado dónde están. También han reclamado al Gobierno de Navarra que responda, ya que, han indicado, el proyecto arrastra la carga técnica y económica de conservar un edificio catalogado y resulta «incomprensible» que la administración no previera el desfase de costes ni que se les hayan denegado las ayudas ordinarias de rehabilitación. «¿Cómo se puede exigir la protección del patrimonio histórico y, a la vez, cerrar la puerta a la financiación pública?», han planteado.
Los afectados han interpelado asimismo a quienes se declaran progresistas y defensores de lo social, y han pedido directamente a la presidenta, María Chivite, y al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron: «No se escondan, no sean cómplices y no miren para otro lado».
La clave, los presupuestos
Las familias han marcado el calendario presupuestario como el momento decisivo. El 19 de noviembre finaliza el plazo de enmiendas parciales a los presupuestos de Navarra y el 17 de diciembre se celebrará el debate definitivo. Han recordado que UPN ha propuesto crear una partida específica de 3 millones de euros para resolver el problema, y han considerado que es una oportunidad para que el Gobierno foral se posicione con claridad. «Es ahora o nunca. Necesitamos un compromiso político real que se plasme en los presupuestos generales de Navarra», han afirmado.
El manifiesto concluye con un llamamiento directo a la consejera Alfaro y al Ejecutivo para que demuestren su compromiso con el derecho a la vivienda «con hechos, no con palabras», y con una advertencia: «La paciencia de 108 familias trabajadoras tiene un límite». Las familias han cerrado con los lemas «Por el derecho a la vivienda protegida», «Por el cumplimiento de la Ley Foral de Vivienda» y «Solución ya para Maristas II».
